En un artículo publicado este domingo por el diario Tiempo Argentio, firmado por el periodista Ricardo Ragendorfer, se revela que un represor ya fallecido que prestó servicios y vivió en Paraná se autoincriminó en más de 50 asesinatos. Lo hizo al argumentar su pedido de una pensión por “neurosis de guerra”. Aquí el texto completo de la nota:

El pacto de silencio entre los militares de la última dictadura y la destrucción –o el ocultamiento– de los archivos sobre la llamada "lucha antisubversiva", hicieron que la reconstrucción de su esquema operativo y la identidad de los represores dependieran principalmente del testimonio de sobrevivientes. Pero hubo excepciones.

El general Ramón Camps, por ejemplo, solía alternar las tareas punitivas con la escritura de sus andanzas. Prueba de ello es su libro “Caso Timerman, punto final” (editorial Roca /1982), en el cual agradecía al exgobernador bonaerense Ibérico Saint-Jean, a su ministro Jaime Lamont Smart y a otros funcionarios por la asistencia brindada en "la investigación y los interrogatorios tendientes a establecer el trasfondo del diario La Opinión". Tres décadas después, aquella frase fue el punto de partida del procesamiento de Smart, quien tuvo el dudoso mérito de ser el primer civil detenido por delitos de lesa humanidad.

Lo cierto es que, en los últimos tres años, la desclasificación y el análisis de legajos del personal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea –realizados por equipos del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia– abrieron el acceso a nuevos nombres y datos acerca del terrorismo de Estado; en especial, al evaluarse las condecoraciones por "actos de servicio" y los reclamos administrativos por traumas mentales y enfermedades "de guerra".

Al respecto, es digno de mención el del ya finado teniente coronel Eduardo Francisco Stigliano, cuyo expediente está ahora incorporado a la Causa Nº 4012 –a cargo de la jueza federal de San Martín, Amelia Vence–, sobre los crímenes cometidos en jurisdicción del Comando de Institutos Militares, con asiento en Campo de Mayo. Los ya amarillentos papeles, presentados por ese oficial en 1991 ante la Dirección de Personal del Estado Mayor General del Ejército (EMGE) –a los que Tiempo Argentino tuvo acceso– constituyen un documento de enorme valor histórico y judicial. Allí se autoincrimina en 53 asesinatos. Confiesa su rol en secuestros y ejecuciones callejeras de jefes de Montoneros. Describe las visitas del general Leopoldo Galtieri a los campos de exterminio. Revela fusilamientos ante la presencia de todos los jerarcas militares del área. Deja al descubierto la estructura de inteligencia que actuaba en Campo de Mayo. Admite –incluso, antes que Adolfo Silingo– los vuelos de la muerte. Y no duda en reconocer el carácter criminal de la represión.

Poner el hombro

La historia clínica de Stigliano certifica que "el 17 de septiembre de 1979, fue asistido por presentar una perforación en la mano derecha por esquirla de granada, con entrada en el dorso y salida por la palma, a la altura del dedo índice, en circunstancias en que el causante cumplía una misión de combate ordenada contra la subversión".

Aquel día, el integrante de la conducción nacional de Montoneros, Horacio Mendizábal, y el ex diputado Armando Croatto, quien encabezaba el brazo sindical de la "Orga", aguardaban en el estacionamiento del supermercado Canguro, de Munro, al "Gallego Willy". No suponían que él –cuyo nombre era Jesús María Luján Vich– había caído dos días antes en manos del Ejército. Y que ahora, traído para "marcarlos", permanecía a unos metros, en un Ford Falcon estacionado sobre la Avenida San Martín. Los represores, a su vez, no imaginaron que él saltaría del auto para malograr la emboscada con un grito. Fue el primero en caer. El tiroteo fue breve y concluyó con la muerte de sus dos compañeros, luego de que Mendizábal alcanzara a arrojar una granada. Sus esquirlas atravesaron la mano del jefe de la patota.

Ahora se sabe que este era el entonces capitán Stigliano.

No fue su primera herida "en combate". El 26 de marzo de 1976 –siempre según su historia clínica– sufrió una "herida en hombro derecho con proyectil 9 milímetros de punta hueca, que le ingresa por detrás y le sale por la región deltoidea anterior, en circunstancias que el causante cumplía una misión de combate ordenada contra la subversión".

Aquel día, como flamante interventor militar de la comisaría de Escobar –en la cual prestaba servicio Luis Patti–, Stigliano encabezó un operativo en una casa de Escobar. Desde su interior, le fue disparada esa bala. Si bien no se conoce la identidad de sus ocupantes ni el destino que corrieron, trascendería –a través del testimonio prestado el 3 de agosto de 1979 ante un sumariante militar por el sargento Carlos Ahumada, quien participó en la refriega– la identidad del resto de la patota; a saber: el teniente Carlos Subiría, el cabo primero Villarreal y el cabo Juan Koval, junto a los policías bonaerenses Sibetta y Ballesteros. De igual modo, en el sumario iniciado a raíz de las heridas sufridas por Stigliano cuando Mendizábal, Croatto y Luján fueron acribillados, el 2 de octubre de 1979 se les tomó declaración a dos integrantes de aquella patota: los sargentos Roberto Ramos y Adrián Barberis, quienes dieron fe del percance sufrido por el capitán, quien encabezaba la jefatura de la Sección de Operaciones Especiales (SOE), tal como se llamaba el grupo de tareas del Comando de Institutos Militares.

Doce años después, muy alicaído, con un cuadro depresivo creciente y aprisionado por persistentes pesadillas, Stigliano motorizó su reclamo ante el EMGE para obtener un plus salarial en concepto de invalidez y "neurosis de guerra", una plegaria, por cierto, no debidamente atendida.

El ventilador

Dicho trámite fue tomando caminos escarpados. Tanto es así que, el 7 de noviembre de 1991, nada menos que el entonces jefe del II Cuerpo del Ejército, general de brigada Diego Soria, elevó las actuaciones al respecto hacia el EMGE con la siguiente aclaración: "Señalo la gravedad de las afirmaciones vertidas a fs. 7/8 por el causante, que deben ser analizadas por afectar a la Fuerza, exteriorizando con ello un deliberado propósito de generar problemas institucionales".

Poco antes, el 17 de octubre de 1991, un instructor de la Brigada de Caballería Brindada de Paraná le tomó declaración al ahora teniente coronel, quien a los 49 años se encontraba postrado en su domicilio de esa ciudad. En resumidas cuentas, arrancó: "Como jefe del SOE se me impuso órdenes que violaban la Constitución, las leyes y los reglamentos militares, toda vez que se identificaron con las prácticas más aberrantes que se puedan concebir".

Así fue el comienzo. A continuación, atribuiría sus trastornos emocionales a los asesinatos que se vio obligado a consumar. "Se me ordenaba matar a los subversivos prisioneros a través de médicos a mis órdenes, con inyecciones de la droga Ketalar. Luego, los cuerpos eran envueltos con nylon y se los preparaba para ser arrojados desde los aviones Fiat C22 o helicópteros al Río de la Plata". Stigliano –según sus propios cálculos– asesinó a 53 personas con esa modalidad. Pero también mencionó fusilamientos ordenados por el jefe máximo de Institutos Militares, general Santiago Omar Riveros, con la presencia de los directores de todas las escuelas del Comando para que ellos "adquirieran una responsabilidad compartida".

Con posterioridad, el 19 de noviembre de ese año, Stigliano envió el EMGE un escrito de siete carillas con su firma, en la que, entre otras consideraciones, relata una visita de Galtieri al centro clandestino El Campito. "Su propósito era dialogar con el delincuente subversivo 'Petrus' (luego ejecutado), que fuera capturado por una sección a mis órdenes". Todo, para decir que Galtieri se interesó en esa ocasión por su herida en la mano.

Pero en aquellas 20 palabras, también echó luz acerca de uno de los últimos instantes vividos por Horacio Domingo Campiglia, nada menos que el responsable de la inteligencia montonera, quien fue secuestrado el 12 de marzo de 1980 en el aeropuerto de Río de Janeiro junto con Mónica Susana Pinus, tras ser bajados a los golpes por una patota de argentinos, bajo la atenta mirada de efectivos del Ejército de Brasil. Ahora se sabe que Stigliano era quien allí también llevaba la voz cantante.

En 1991, al borde de la invalidez y ante la indiferencia de sus superiores, Stigliano pateó el tablero con el único fin de acelerar sus trámites de retiro. El arrepentimiento no estaba en su horizonte. Moriría por causas naturales unos meses después. Sus confesiones, en cambio, están más vivas que nunca.

Terrorismo de Estado y la salud

La Armada suele pagar a rajatabla las pensiones por secuelas en "actos de servicio", a pesar de que el beneficiario ya haya muerto.

Tal es el caso de la señora Haydée de la Serna Lynch, viuda del marino Gustavo Lynch Jones, acusado de participar en los vuelos de la muerte en la ESMA. El tipo –hermano del oficial Ricardo Lynch Jones, actualmente en juicio oral por esa misma causa– murió en 1989.

Su esposa, al respecto, dijo: "Gustavo expuso la vida en la lucha contra la subversión para salvar a la patria del flagelo que la amenazaba, y esa, justamente, fue la causa de su temprana muerte".

Un cuñado para el batallón 601

A mediados de la década del ’70, el entonces capitán Stigliano se convirtió en cuñado de un tal Florencio Arteaga, hermano de su señora esposa.

Se trataba de un muchacho sin oficio ni ocupaciones conocidas. En consecuencia, el militar le propuso un excelente trabajo: agente civil del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército.

"Es una buena oportunidad laboral. No la desaproveches, que acá no hay una segunda oportunidad", le dijo al joven con aire paternal.

Y Florencio aceptó con beneplácito. Hijo de una conocida familia de Paraná. Su madre –la suegra del militar–, cuyo apellido de soltera es Bouzada, regenteaba el Hotel España, de calle 25 de Junio, que luego se transformó en la galería ubicada frente al Teatro 3 de Febrero.

A fines del gobierno de Isabel Perón, Florencio había fijado residencia en la capital, siendo huésped de la pareja formada por su hermana y Stigliano. En los primeros meses del golpe de Estado, lo sorprendió en esa casa.

El militar luego fue trasladado a Corrientes y, al promediar la última dictadura, fue trasladado a Paraná, en donde permanecería hasta morir, en 1993.

Lo cierto es que Arteaga mantuvo oculta su condición de espía de la dictadura, hasta el momento en que se desclasificaron las listas del personal civil del Batallón 601.

Con la apertura democrática, se afilió a la UCR y, evidentemente, ello le sirvió para mantener informados a sus patrones de uniforme acerca de lo que iba sucediendo en el partido centenario. A lo largo de su carrera de agente secreto, se lo solía ver muy cercano al ex espía de la SIDE, Juan Carlos Legascue, de conocida ascendencia sobre la mayoría de los agentes encubiertos de Paraná, por su conocida capacitación en el exterior y su rol clave, tanto en plena dictadura, como en las etapas democráticas, cuando cumplió misiones como el secuestro de Enrique Gorriarán Merlo en México, en 1995.

Ese mismo año, Arteaga apareció como uno de los aportantes para la campaña proselitista de los candidatos de la UCR. Ex alumno del Colegio Nacional, actualmente es esposo de la concejala radical de Paraná, Liliana Lampan.