"Embrutecer, ese es el plan de estos sinvergüenzas", con ese fuerte declaración se mostró indignado el concejal Guillermo Volponi (Pro) cuando en junio se conoció la decisión del gobierno provincial de Axel Kicillof de eliminar la repitencia en las escuelas secundarias. El bloque incluso presentó un proyecto de declaración para que el Concejo Deliberante exprese un "repudio" ante tal decisión.

Complicada posición ahora para el espacio oficialista luego que se conociera que el gobierno porteño de Jorge Macri trabaja en una reforma educativa que incluye adoptar la misma posición que la Provincia, eliminando la repitencia en la secundaria. 

La decisión no sorprende a quienes siguen el tema de cerca: es que hace tiempo los expertos en pedagogía coinciden a grandes rasgos en ese lineamiento, donde la polémica es más propia de la política, donde todo tema parece ser llevado para el lado de la grieta. Es lo que intentó exponer la concejala Mariana Cuesta durante el debate en comisión: desde el punto de vista político, es de esperar que la presidenta del bloque de Unión por la Patria defienda una medida de Kicillof, aunque en su caso la salvaguarda su formación como Licenciada en Ciencias de la Educación.

¿Qué cambios viene elaborando Caba? Según reveló un artículo de Infobae, uno de los puntos nodales es la definición de una trayectoria de “avance continuo”, que en la práctica podría implicar el fin de la repitencia por año completo. “Las trayectorias formativas de los estudiantes se vinculan con la progresión de los aprendizajes a través de los niveles de desempeño, sin estar condicionadas por la acreditación y promoción anualizada y por curso, aún cuando se establezcan mecanismos para promover la fluidez del recorrido y la adquisición de saberes pendientes”, plantea el documento marco elaborado por el Ministerio de Educación de CABA.

Embrutecer, ese es el plan de estos sinvergüenzas. pic.twitter.com/hsbmeEJFgc

— Guillermo Volponi (@GuilleVolponi) June 7, 2024

Sin acuerdo entre asambleístas y el Emturyc

La audiencia judicial de conciliación entre asambleístas del sur y el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) terminó como se preveía, sin acuerdo. Ninguna de las partes cedió en su postura y ahora el juez en lo Contencioso Administrativo N°1, Simón Issach, declaró la apertura a pruebas por 20 días.

El martes al mediodía se vieron las caras los vecinos Kanki Alonso, Carlos Serra y Paola González, en representación de las asambleas ambientalistas, que demandaron al ente por no permitirles acceder a información crucial sobre las concesiones en las Unidades Turísticas Fiscales (UTF) en el Paseo Costero Sur; y el presidente del ente Bernardo Martín, junto a sus respectivos representantes legales.

Abierta la audiencia, el juez invitó a una conciliación que nunca llegó. "No habiendo posibilidad de acuerdo la parte actora manifiesta la necesidad de continuar el proceso", resumió el juzgado en el acta del encuentro.

Días antes del encuentro se había conocido la contestación a la demanda de parte del Emturyc, con duros conceptos, planteando incluso un “abuso del derecho al acceso a la información pública” por parte de los vecinos. 

En esa línea, desde el Emturyc se habló de la “existencia de un abuso del derecho al acceso a la información pública a través del cual se tergiversa y se manipula la información”. Incluso responsabilizó a las asambleístas de “maltratar, injuriar y calumniar a los funcionarios públicos y obstaculizar el normal desarrollo de las funciones administrativas”. Se esperan nuevos capítulos.

Sin acuerdo, ahora se producirá la prueba para luego esperar un fallo del Juzgado.

La Tasa Vial y una definición inquietante en la Cámara

Pocas -tal vez ninguna- decisiones en el último tiempo de los camaristas Roberto Mora, Diego Ucin y Elio Riccitelli fueron tan relevante como la que tomarán en las próximas semanas. Es que en los últimos días a la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata ingresó la apelación de la Municipalidad de General Pueyrredon tras el fallo del primera instancia que declaró inconstitucional la Tasa Vial y eximió de su pago al demandante, nada y nada menos que el diputado provincial filolibertario Guillermo Castello.

Si bien el alcance se circunscribe al legislador, la situación expone a la iniciativa del gobierno de Guillermo Montenegro con la que se vienen financiado obras viales, ya que ataca el corazón de toda normativa, al apuntar sobre su legitimidad. Además, desde que se conoció el fallo a comienzos de agosto, ya se presentaron casi una veintena de nuevas demandas retomando los mismos argumentos.

En el gobierno, en tanto, se muestran confiados que los camaristas retomen sus argumentos sobre la inexistencia de una doble imposición, como así también que -debate central en el expediente- existe una contraprestación que justifica la existencia y legalidad de la tasa. En esa línea, muy buenas noticias tuvo esta semana cuando recibió siete ofertas en las dos licitaciones con la que avanzará con un segundo plan de obras, la mayoría de las cuales incluso estuvieron por debajo del presupuesto oficial.