Gabriela Origlia

La polémica abierta en torno al financiamiento necesario para la reconstrucción de Bahía Blanca, tras la devastadora inundación que sufrió la ciudad del sur bonaerense, sumó una nueva arista. Desde las provincias dejaron trascender que si el Gobierno nacional apelara a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que no repartió el año pasado, entonces contaría con los recursos suficientes para apalancar un plan de infraestructura que repare los daños estimados por el intendente local, Federico Susbielles, en $400.000 millones.

En 2024 quedaron en el Tesoro Nacional $630.098 millones de ATN que la Casa Rosada y el ministerio de Economía no distribuyeron. Hasta ahora, la Nación envió a Bahía Blanca $10.000 millones, una cifra que es marginal respecto a las necesidades generadas por el desastre. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya avisó que “la reestructuración tendrá que ser una planificación que haga la provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional acompañará en todo lo que pueda en la situación”. Y agregó: “Uno tiene que respetar un poco las jurisdicciones y la responsabilidad que tiene cada uno. Nosotros estamos para acompañar y hemos tomado, por supuesto, participación en todo aquello que hace a la emergencia”.

Ads by

El año pasado, la Nación repartió entre las provincias $49.800 millones en ATN, el 7,3% del total de los $679.898 millones reunidos en el período. Varias veces los gobernadores insistieron en un reclamo para que se entregara el remanente, pero no tuvieron éxito. El fondo de ATN está enmarcado en la ley de coparticipación y se constituye con el uno por ciento de la masa total de recursos. Fue diseñado para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros. A los recursos los administra el Ministerio del Interior, que ahora se denomina vicejefatura de Interior y está a cargo de Lisandro Catalán.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el secretario de Interior, Lisandro Catalán, el encargado de administrar los ATN

La consultora Politikon Chaco, dirigida por Alejandro Pegoraro, recordó la cifra sobrante en 2024 y mencionó que podría ser “un monto reasignado para este ejercicio fiscal en marcha”. Planteó que, suponiendo que el Gobierno nacional usa ese resto “(que son fondos que por definición pertenecen al conjunto de las provincias y no al Tesoro Nacional per se)” podría no solo financiar la totalidad de la reconstrucción de Bahía Blanca “si no que incluso quedaría con un sobrante de $230.098 millones”.

El reporte subrayó que ese remanente es, incluso, mayor si se le agrega el saldo del primer bimestre del año, que alcanza $121.028 millones. En 2024, el porcentaje de reparto de ATE de la Nación a las provincias fue el menor desde 2017. Los propios funcionarios de la Casa Rosada advirtieron que los que entregaron fueron “exclusivamente” para situaciones de emergencia declaradas por las provincias, ya sean climáticas, ígneas, hídricas o económicas.

Los especialistas en la materia remarcan que los ATN son un problema más derivado de la coparticipación, ya que permiten un manejo arbitrario por parte de la Nación. De hecho, durante el kirchnerismo fueron un instrumento de disciplinamiento de los mandatarios provinciales. Y antes había sucedido algo similar con el menemismo en el período 1989-1999.

Las calles de Bahía Blanca, sumidas en un desastre por la tormenta del viernes 7 de marzoJuan Sebastian Lobos - AP

Tal como publicó LA NACION, el Gobierno de Javier Milei gestiona ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) una posible línea de financiamiento para las obras necesarias en Bahía Blanca, donde quedaron puentes rotos, rutas intransitables, hospitales, escuelas y otros edificios con riesgo de derrumbe y una obra hidráulica, el canal Maldonado, completamente desbordado, como consecuencia de la tormenta que arrasó a la ciudad del viernes 7 de marzo.

De acuerdo a las fuentes consultadas, otra alternativa que baraja el Gobierno nacional es recurrir al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que depende del Banco Mundial.

En octubre de 2023, la administración de Alberto Fernández firmó un contrato con la entidad por un préstamo de US$200 millones para “Infraestructura resiliente al clima para la mitigación y adaptación del riesgo de inundaciones en ciudades críticas, Mejora de la Capacidad Institucional y Reducción de la Vulnerabilidad, Gestión del Proyecto y Componente Contingente de Respuesta de Emergencia (CERC)”. Nunca se usó.