La ministra de Sanidad, Ana Mato, que sobrevivía con la peor valoración en los sondeos de opinión, renunció ayer al gobierno del conservador Mariano Rajoy implicada en el caso Gürtel (“correa” en alemán), el peor escándalo de corrupción en la historia española. La funcionaria, que ha sido acusada de aniquilar a la sanidad pública, tuvo una actuación muy criticada en la reciente crisis del ébola.

La dimisión de Mato se produjo horas después de que el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Tuz, cerrara la indagatoria. El magistrado señala en su auto de 205 páginas que la ministra pudo “haber disfrutado o haberse beneficiado sola o en compañía” de los delitos cometidos por su ex esposo Jesús Sepúlveda, uno de los principales dirigentes del caso Gürtel que se habría embolsado grandes sumas de dinero. El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, apoyó al juez indicando que comparte su criterio de considerar a Mato “partícipe a título lucrativo” de las actividades de la trama corrupta.

El llamado “caso Gürtel” gira en torno de una red de corrupción política vinculada al oficialista Partido Popular (PP), que operaba principalmente en las Comunidades de Madrid y Valencia. La trama estaba encabezada por el empresario Francisco Correa Sánchez, cuyo apellido en alemán (“Gürtel) dio nombre al caso.

En su escrito, el magistrado precisa que, entre los años 2000 y 2004, la ministra “se benefició junto a su entonces marido de regalos en forma de servicios turísticos que comprenden desplazamientos en medios de locomoción, así como alojamientos en establecimientos hoteleros de España y en el extranjero y otros servicios turísticos”.

El juez, tras cerrar la indagatoria, decidió mandar al banquillo a 43 de los principales acusados, entre ellos tres ex tesoreros del Partido Popular. Se trata de Luis Bárcenas, Angel Sanchis y Alvaro Lapuerta. Quedan por rematar otros dos expedientes: la contabilidad secreta del PP que llevaba el ex tesorero Barcenas y las actividades de otros imputados por el caso Gürtel, que pueden llegar a las 70 personas. Los 43 imputados penalmente están acusados de delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita y blanqueo de capitales gravemente castigados por la legislación española.

De inmediato, tuvo una gran repercusión política el hecho de que el magistrado haya reclamado que declare la ministra Mato por la vía civil. Varios partidos exigieron la inmediata dimisión de la funcionaria, que salió muy mal parada del escándalo reciente en torno al ébola.

La investigación ha durado casi seis años. En su escrito de 205 páginas, el juez detalla los recovecos de la actuación de la trama, parte de la cual estaba radicada en Argentina, Uruguay y Panamá, entre otros países. Los imputados son –casi en su totalidad– altos responsables, funcionarios y militantes del Partido Popular. Francisco Correa, desde sus oficinas en la sede central de los populares, organizó una trama con la excusa de atender la organización de actos y eventos electorales.

Con sus contactos, Correa conseguía adjudicaciones públicas y otras ventajas a favor de empresarios que le pagaban por sus servicios. Correa entregaba dinero y regalos a los funcionarios y políticos cómplices. Al mismo tiempo, actuaba de “conseguidor” de todo tipo de ventajas ilegales. Entre sus negocios se encontraba Pozuelo de Alarcón, cuyo alcalde, Jesús Sepulveda, esposo de la ministra Mato, es uno de los más comprometidos en la maraña de corrupción.

Según un informe de Hacienda, Ana Mato se benefició con todo tipo de regalos y prebendas de la trama Gürtel. Objetos de lujo, ropa, viajes, fiestas de cumpleaños y primera comunión, donde se facturaban miles de euros en confetti.

El juez quiere que Mato declare sobre estos beneficios y ayude a valorar su monto para luego devolver todo el importe.