La dimisión de Alegre fue elevada ante las autoridades del Concejo Deliberante, que convocó para el lunes próximo a una reunión extraordinaria para considerar la renuncia del jefe comunal que tenía mandato hasta el 2011.

En su nota de renuncia, Alegre señala su decisión de ponerse a disposición del juez Gustavo Herrera, a cargo del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de II Nominación, que hoy ordenó una serie de allanamientos y secuestro de documentación en propiedades y casas de fines de semana de Alegre, otros funcionarios y la escribana Cecilia Vittar.

Las investigaciones surgieron tras un escrito judicial presentado por el presidente del Tribunal de Cuentas de la comuna santiagueña, contador Durval Edgar Abdala, que también renunció al cargo, tras denunciar "manejo arbitrario e irregular de los fondos públicos".

Durante los procedimientos judiciales, dirigidos por el jefe de la Policía de Santiago del Estero, comisario Daniel Pato, se procedió al secuestro de documentación, cajas fuertes con pesos y dólares y extensiones de tarjetas de créditos pertenecientes a empresarios santiagueños que utilizaban los funcionarios municipales en gastos suntuosos.

Asimismo, escrituras relacionadas con la compra de inmuebles en la capital santiagueña y en otras provincias argentinas, documentación que se agrega a otras denuncias formuladas por un empresario farmacéutico, un ex funcionario y el chofer del intendente Alegre.

Hace un mes, la justicia santiagueña había ordenado la excarcelación bajo fianza de 50.000 pesos del empleado César Alberto Villalba, acusado de integrar un grupo con funcionarios municipales que había cometido una millonaria defraudación en perjuicio de la Municipalidad de Santiago del Estero.

Villalba, beneficiario de un plan social y afectado a la Dirección de Obras Públicas, fue detenido tras cobrar un cheque oficial de 80.000 pesos en una sucursal bancaria local.

En la misma resolución, el juez Herrera había ordenado las detenciones del director de Obras Públicas, Oscar Omar Farias, que sigue prófugo de la justicia y del empleado municipal Luis Vásquez y del propietario de una imprenta, Julio Uñates, que figuraban como dueños de una SRL "fantasma" proveedora del municipio santiagueño.

Una de las empresas "truchas" descubiertas tenía domicilio legal en la casa de una familia indigente del barrio 8 de Abril, facturaba por bienes y servicios que se sospecha no prestaban a la comuna.

Otra de las SRL investigadas, realizaba cobros por construcciones viales inexistentes, al igual que ingeniería pública y privada, con domicilio en una imprenta del barrio Libertad de la capital provincial, cuyo propietario también se encuentra prófugo de la justicia santiagueña.