Tras la aprobación de la ley que establece recortes en las jubilaciones de los jueces , las vacantes en el Poder Judicial llegan a un 30 por ciento porque son unos 62 , al menos, los jueces, fiscales y defensores de la Justicia nacional que presentaron sus renuncias al cargo para no perder los beneficios jubilatorios desde que se comenzó a discutir el proyecto hace un mes.

Así lo confirmaron a LA NACION fuentes oficiales y de los propios magistrados, que adelantaron cuál va a ser la estrategia para reclamar ante la Corte Suprema de Justicia los beneficios de los que gozaban hasta que se aprobó la ley.

El nuevo régimen jubilatorio establece que los jueces se jubilarán a los 65 años y no a los 60 (excepto las mujeres), que su haber inicial se calculará a partir del 82% móvil del promedio de los sueldos de los últimos 10 años actualizados por un índice que no se especificó, que el índice de aportes se eleva del 12 por ciento sin tope al 18%, y que al jubilarse pierden el estado judicial, es decir que no pueden ser más convocados como jueces subrogantes, lo que ocurre actualmente. Estas son las reformas más salientes.

Entre los que renunciaron no están los jueces y fiscales de Comodoro Py 2002, más visibles por el impacto político de sus resoluciones, sino que en su mayoría son jueces, defensores y fiscales de cámara del interior del país.

Una situación particular se dio entre los fiscales. Los que presentaron la renuncia fueron 23. Pero con el correr de los días ocho fiscales retiraron las renuncias.

En las fiscalías, sobre un total de 381 cargos en el fuero federales hay 142 vacantes, a las que se suman estos 15 que renunciaron. A ellos hay que sumar a unos 20 que son fiscales jubilados, pero convocados y que con la nueva ley está en duda si pueden seguir adelante con sus juicios. De este modo, las vacantes entre las fiscalías llegarían casi al 50 por ciento.

Una situación particular es la de los jueces y fiscales jubilados que fueron convocados para actuar en juicios ante las vacantes del sistema. En el caso de los jueces hay dos emblemáticos: José Martínez Sobrino y Julio Panello. Ambos están llevando adelante el juicio por enriquecimiento ilícito contra el exfuncionario kirchnerista Ricardo Jaime desde hace un año.

La ley dice que un juicio oral no puede interrumpirse más de 10 días, pero si se interpreta que ambos jueces, con la nueva ley, ya no gozan de "estado judicial", se verían obligados a irse, con lo que caería ese juicio oral y otros en los que intervienen, incluida la tragedia del avión de Austral.

Entre los fiscales puede ocurrir lo mismo, aunque en los juicios importantes o prolongados generalmente son dos los que actúan por la acusación, por lo que si uno se debe ir siempre queda el otro.

Ofensiva en conjunto

Los jueces y fiscales están pensando en una estrategia conjunta para atacar la nueva ley que el Gobierno impulsó para buscar la "equidad" entre este régimen especial que permite cobrar en promedio 300.000 pesos de jubilación y el régimen general, en el que la mínima no llega a 18.000 pesos. Los jueces se defienden y dicen que ellos aportan más, que lo hacen de manera solidaria porque una vez que cumplen 30 años de antigüedad y siguen trabajando el aporte que hacen va a la caja general y cuando subrogan, el aporte que hacen no se computa en sus jubilaciones.

La estrategia que analiza la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional tiene por ahora dos caminos. Por un lado, piensan pedir a un actuario que realice un cálculo sobre los aportes que hacen los jueces al sistema, considerando todos los conceptos que se les descuentan. Los jueces creen que hay una confusión con el déficit de su caja. El Gobierno calculó que la caja de jubilaciones de los jueces tiene un déficit de 8296 millones de pesos a diciembre de 2019 y que se ha incrementado en los últimos cinco años. La estimación surge de comparar los ingresos en concepto de aportes y las prestaciones que se pagan con la ley. Pero los jueces creen que este número no considera otros aportes que ellos sí calcularían.

Al mismo tiempo preparan una embestida judicial: analizan presentar una acción colectiva o varias acciones individuales. Atacarán la cuestión constitucional, pero también señalan errores de técnica legislativa, por ejemplo, la escala progresiva para que los jueces se jubilen. Así, en 2020 se podrían jubilar los de 60; en 2021, los de 61, y así hasta los 65. Pero de ser así, los que cumplen 60 el año próximos siempre tendrían que correr de atrás el calendario y nunca podrían jubilarse. Creen que es necesaria otra redacción. La idea es ver "con cuánta maldad" aplica la Anses la nueva ley y atacar judicialmente los puntos en lo que se ven perjudicados.

Los jueces y fiscales depositan su confianza en la Corte Suprema, que hasta ahora no les dio ni una pista de cómo podría fallar.