La jueza Elena Highton de Nolasco dejará la Corte Suprema el 1 de noviembre. Así lo anunció en la carta de renuncia que presentó ante el presidente Alberto Fernández, donde no explica las razones de su decisión. A sus colegas supremos también se los dijo ayer, en el acuerdo de todas las semanas. Highton, como informó este diario, tenía un gran enojo con la mayoría de ellos por cómo se había llevado a cabo la renovación de autoridades que convirtió a Horacio Rosatti en el nuevo presidente del tribunal, elección en la que la ella se negó a participar junto (y en apoyo) a Ricardo Lorenzetti. Al final de la reunión, dejó trascender que a su modo de ver la Corte experimenta un "fin de ciclo". A la vez, sus pares la cuestionaban a ella por haberse quedado en el cargo después de los 75 años al conseguir un amparo, aunque esa es la edad límite para jueces y juezas que establece la Constitución Nacional. El máximo tribunal, ya golpeado por los últimos sucesos internos, fracturado, quedará con cuatro integrantes, todos varones, y se abre un panorama incierto sobre su futuro y su funcionamiento. Es cantado que su reemplazante debe ser una mujer. 

Highton, que hoy tiene 78 años, fue la primera mujer en asumir en la Corte Suprema en democracia. Su única lejana antecesora, Margarita Argúas, había sido nombrada por el gobierno de facto de Roberto Levingston, en 1963. Después de impulsar la renovación de la vieja Corte de la mayoría automática menemista, Néstor Kirchner promovió su nombramiento y el de la fallecida Carmen Argibay, quien tardó un tiempo más en asumir porque integraba el Tribunal Criminal que juzgaba los crímenes en la exYugoslavia en La Haya y debía terminar esa tarea. Por esas paradojas de la vida, el nombre de Highton fue propuesto por Alberto Fernández, que era jefe de Gabinete, había sido alumno de ella, y ahora es el destinatario de su renuncia. Quien insistía en aquel entonces para su designación era Marcela Losardo, que fue secretaria de Justicia, también ministra del actual gobierno, y comparte con Highton la cátedra de Derechos Reales de la UBA, además de una larga amistad. 

Dos versiones

La renuncia de la jueza tiene fecha 30 de septiembre, cuando todavía era vicepresidenta de la Corte (de hecho su sello en la carta lo dice), pero esperó para hacerles el anuncio a sus colegas en medio del acuerdo. La noticia y el modo de darla en el Zoom, descolocó a todos. De cómo fueron los hechos, hay dos versiones con sutiles diferencias. Una dice que Highton, en medio de la reunión dijo que debía apartarse un momento por un llamado telefónico, que Rosatti se indignó y exclamó: "¡Qué falta de respeto interrumpir el acuerdo!" Cuando volvió les anunció a los jueces que acababa de hablar con Alberto Fernández porque le había mandado su renuncia, y así se enteraron. Según la otra versión, Highton anunció su renuncia en el plenario y le preguntó a Rosatti qué pasos formales debía seguir. La respuesta, en este relato, fue: "Notificar al Presidente de la Nación y también al de la Corte", o sea, a él. Entonces, en medio de la charla, una mano apareció en la imagen de la jueza suprema alcanzándole un teléfono. Se puso a hablar con Fernández en ese momento y ahí Rosatti se mostró molesto. Después --y en esto coinciden los relatos-- lxs supremxs siguieron analizando un tema de gran sensibilidad interna: un "informe de supervisión" muy negativo sobre la Obra Social del Poder Judicial, que derivó en la decisión de ordenar una auditoría. 

Escenario complejo

La salida de Highton abre un escenario complejo e intrigante en varios planos. Por un lado, el gobierno nacional tiene la posibilidad de (y debería) promover a su reemplazante, pero la dificultad de conseguir dos tercios en el Senado para nombrar un/a Procurador/a ya mostró que estas designaciones de alto voltaje no tienen un camino fácil, más bien improbable; el oficialismo no ha logrado negociar ni ese nombramiento, ni las reformas judiciales y ahora tiene una situación compleja para avanzar incluso con ternas claves en el Consejo de la Magistratura (para la Cámara Federal y juzgados de Comodoro Py, entre otros). Hay quienes creen que quizá se inaugure una oportunidad para debatir la ampliación de la Corte Suprema ya que abriría la posibilidad de negociar más cargos, pero parece algo realmente complejo, y más con las elecciones en el horizonte y una oposición negada al diálogo. 

Otra cuestión es que la nueva designación debería ser de una mujer, de acuerdo al decreto 222/2003 --el que firmó Néstor Kirchner y cambió los criterios a la hora de nombrar a lxs supremxs-- que establece la composición cortesana debe contemplar "diversidades de género". En el Gobierno no deslizan nombres por el momento, pero afirman que cumplirán con esa premisa. Quien marcó un rumbo en cuanto a políticas con perspectiva de género para el sistema de justicia fue Argibay. Highton, con luces y sombras, fue la continuadora obligada. Siempre estuvo a cargo de la Oficina de Violencia Doméstica e implementó, por ejemplo, por primera vez, un registro formal de femicidios en función de datos originados en las causas judiciales. 

Fractura interna

La otra gran cuestión es qué pasará dentro de la Corte, que quedó en un estado de fractura evidente después de la elección de autoridades. Aunque Lorenzetti diga, como hizo en ciertos medios, que el tribunal seguirá funcionando con total normalidad, eso no sucederá por el propio peso de las circunstancias: los supremos serán cuatro y para sacar fallos hacen falta tres votos. No existe una mayoría consolidada ni estable dentro de la Corte. Carlos Rosenkrantz pocas veces sintoniza jurídicamente con el resto. En algún tiempo funcionó lo que el macrismo llamó con desprecio "la mayoría peronista", con Lorenzetti, Rosatti y Juan Carlos Maqueda, pero tampoco se tradujo en votos/sentencias de manera lineal y constante. 

Hoy, además, Lorenzetti apenas cruza palabra con sus compañeros. El supuesto detonante de este quiebre fue el llamado de Rosenkrantz a un acuerdo extraordinario para elegir presidente y vice, frente a lo cual Lorenzetti --que ya se sabía perdedor-- intentó boicotear la votación con el argumento de que tenía el mismo día una reunión del Unidroit (Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado) y no podía estar presente. Ahí fue cuando Highton pidió una postergación y el resto dijo que no, que Lorenzetti no había pedido licencia, que primero está su función como juez, y que en el evento tampoco representaba a la Corte. El resultado es conocido: Highton y Lorenzetti no votaron. La fórmula Rosatti-Rosenkrantz fue propuesta por Maqueda y se autovotó. 

Desde entonces, y antes también, circulan a granel denuncias contra unxs y otrxs supremxs, lo que tampoco favorece el clima palaciego. Highton de Nolasco se va con el argumento del "fin de ciclo", del que se hace eco la vocalía de Lorenzetti, y que puede tener algo de cierto en tanto es evidente que así el tribunal no es una promesa de fluidez, eficacia y credibilidad. Highton en particular aparece en una denuncia por su continuidad después de los 75 años, facilitada por el gobierno de Mauricio Macri, con Germán Garavano en el Ministerio de Justicia, que no apeló el amparo a favor de la jueza para permitir que siguiera en el cargo. A la par, ella sabía que sus colegas en la Corte estaban por resolver un caso análogo al suyo, con el que darían vuelta la llamada doctrina Fayt --por Carlos Fayt, el juez que fue supremo hasta los 97 años-- ante un reclamo del camarista Leopoldo Schiffrin. Más allá de esto, Highton también había sido intimada por la Anses para elegir si seguía en el cargo o se jubilaba, lo mismo que hizo el organismo con otrxs juecxs que habían tramitado la jubilación en forma anticipada.

Los cambios del tribunal

Elena Highton de Nolasco fue, en sus primeros años en la Corte, protagonista de un gran cambio en el tribunal junto con sus otrxs compañerxs. Participó de una gran transformación institucional y de fallos con sello histórico, desde los que hicieron de los juicios de lesa humanidad una política de Estado tras declarar inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, hasta los que ampliaron derechos de mujeres, trabajadorxs, privadxs de la libertad, entre muchos otros. Con la llegada de Macri al poder fue una de las que claramente cambió de rumbo: votó el 2x1 a favor de los genocidas y tuvo una postura regresiva en derechos de lxs trabajadorxs, por citar ejemplos. Siempre fue coherente, sí, en la idea de que lxs cortesanxs sólo debían meterse en forma excepcional en los juicios contra el Estado.  

En algún rincón del Palacio de Justicia en este momento dicen apostar a consolidar "una Corte autónoma". El viernes último, el tribunal firmó dos acordadas que pasaron inadvertidas pero que implican guiños a sectores de la corporación: dispuso un suplemento salarial (transitorio) para lxs juecxs que queden comprometidxs en casos que estén regidos por el nuevo Código Procesal Penal --una implementación que en su momento Lorenzetti desalentó como presidente supremo-- y también se estableció una actualización del valor de la Unidad Media Arancelaria (UMA), que se usa para calcular los honorarios de lxs abogadxs. Días antes se había decidido pasar a manos de la Secretaría de Administración, a cargo de Daniel Marchi, viejo aliado de Lorenzetti, el funcionamiento de la Obra Social del Poder Judicial, que antes estaba bajo la órbita de Juan Carlos Maqueda, aunque quien la manejaba directamente era Aldo Tonón, denunciado en "la previa" de la renovación de autoridades. Esto respondió a denuncias concretas y en el acuerdo de ayer Marchi presentó un primer informe alarmante donde habla de  un sistema informático obsoleto y en alto riesgo de pérdida de información y afectación de las prestaciones, falta de herramientas de gestión, más riesgo de confiabilidad e integridad de la información, entre otras cosas. 

La Corte en su mínima expresión actual, intenta sacarse estas sombras de encima e ir mostrándose en acción. Está por verse si lo logran, y si pueden (y quieren) dictar sentencias en una situación de tanta precariedad. Es un contexto que, a la vez, debería operar como campo fértil para promover cambios desde la política, que también tiene su gran cuota de desafío.