La danza de nombres comenzó y las especulaciones están al orden del día. La Corte de Justicia de la provincia, debe renovar dos de sus miembros, a esto se le suma que el presidente del máximo tribunal de Salta, Guillermo Posadas, se jubila. Graduado en la Universidad Nacional de Córdoba en 1972, Guillermo Alberto Posadas es el decano de la Corte de Justicia de Salta. Ocupa su cargo desde 1995 pero este año deberá jubilarse. El alejamiento de Posadas, pone un condimento extra; no sólo deberán elegir un reemplazante, sino que además deberán, sus pares, elegir otro presidente para los próximos años, que serán de una importancia relevante, ya que se avecinan cambios políticos profundos en el país y la provincia.

En la actualidad el cuerpo de magistrados esta compuesto por Guillermo Alberto Posadas, Abel Cornejo, Sergio Fabián Vittar, Susana Kauffman, Guillermo Félix Díaz, Guillermo Alberto Catalano y Gustavo Adolfo Ferraris. A estos dos últimos se le vence el mandato a finales de este año.

Guillermo Posadas comenzó su carrera judicial en 1981, con el cargo de Conjuez para el Distrito Judicial del Sur de la Provincia de Salta, pero a poco de asumir fue designado como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Sexta Nominación, Distrito Judicial del Centro de la Provincia de Salta, cargo que desempeñó hasta 1992, cuando asumió como Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Provincia de Salta, hasta 1995 y de allí saltó a la Corte. En 1999 es nombrado Presidente de la Corte de Justicia de la Provincia de Salta, cargo que detenta hasta la actualidad.

Los que se van son Guillermo Alberto Catalano, que egresó de la Universidad Católica de Salta en 1988, y es considerado como uno de los jueces “políticos” con pasado como asesor del PJ y como responsable de la Secretaría General de la Gobernación. Llegó a la Corte en 2007.

En igual circunstancia y con la misma caracterización de Juez “político” se encuentra Gustavo Adolfo Ferrarisque es abogado desde 1992 cuando obtuvo el título en la Universidad Nacional del Nordeste, luego de haber cursado en las aulas de la Universidad Católica de Salta. En el 2007, la designación de Gustavo Adolfo Ferraris, firmada por Juan Carlos Romero, días antes de dejar el gobierno provincial, generó el repudio generalizado de magistrados, fiscales, abogados y de la sociedad en su conjunto.

En esa oportunidad, el Colegio de Abogados recurrió a la Justicia y presentó un recurso de amparo ante su designación, pero pasaron once meses, hasta que ya bien entrado el 2008, la Justicia lo rechazó. La acción, que contó con la adhesión de una centena de letrados del foro salteño, cuestionó duramente al Senado Provincial que aprobó su pliego en menos de doce horas y violó el principio de publicidad de la postulación.

Ferraris, una semana antes de ser propuesto, obtuvo el sobreseimiento en la causa penal en la que se lo acusaba de los excesos policiales producidos durante el desalojo que ejecutaron más de 700 efectivos en el asentamiento denominado San Expedito y en la que había sido indagado. Entre los argumentos del Colegio de Abogados en su presentación, se mencionan los malos antecedentes académicos de Ferraris y la sanción por “deshonestidad” en un examen que le valió una suspensión de seis meses en la Universidad Católica de Salta y lo obligó a cambiar de institución para continuar sus estudios.

A esto se le sumaron las denuncias periodísticas sobre el supuesto uso impropio de una camioneta 4 x 4 de dudoso origen. En su nombramiento en la Corte tampoco se consideró la sanción que le impusiera el Tribunal de Ética y Disciplina por abusar en el cobro de honorarios como patrocinante de un discapacitado.

Los que vienen. Desde hace un par de meses la danza de nombres para reemplazar a los ministros de la Corte que se retiran este año comenzó a tomar ritmo y se aceleró con la llegada de las elecciones de final de año.

El primero que comenzó a sonar fue el nombre del Procurador General y Presidente del Colegio de Gobierno de la Provincia, Pablo López Viñals, quien ejerce la jefatura de todos los Fiscales de la Provincia y puede dictar las instrucciones generales necesarias para la función operativa de aquellos. Su desempeño al frente del Ministerio Público, no estuvo exento de polémicas, la más notoria fue el enfrentamiento que mantuvo con el Colegio de Abogados de la Provincia, cuando nombró a nuevos fiscales provinciales.

En la oportunidad, la institución colegiada cuestionó duramente a López Viñals por intervenir en la designación de fiscales promoviendo para esos cargos a profesionales de su “estricta confianza” y, con ello, “vulnerar gravemente los principios republicanos”.

“El Colegio de Abogados y Procuradores de Salta advierte que innecesariamente se puso en duda la transparencia e imparcialidad del procedimiento de selección de los ternados, dado que concursaron y luego fueron elegidos los dependientes directos y funcionarios de la estricta confianza del Procurador General, quien debió excusarse como lo hacen los representantes de la matrícula ante el Consejo de la Magistratura en situaciones similares, conforme lo previsto en la ley 7016 que sanciona con la remoción en el cargo a quienes incurran en esta inconducta”, sostenía en uno de sus puntos, el documento presentado por Consejo Directivo del Colegio, que presidía Eduardo Romani.

La fuerte observación se hizo ante la postulación y posterior designación como fiscal del ex ministro de Seguridad, Maximiliano Troyano, quien había tenido que renunciar a su cargo, sólo tres meses después de haber asumido, luego de que responsabilizara a dos turistas de haber sido violadas por “exceso de confianza” e “imprudencia”.

Si bien López Viñals es uno de los profesionales de mayor solidez intelectual en la provincia, su tendencia a “trabajar solo y su incapacidad de generar trabajo grupal”, lo dejaría fuera de carrera. Otro de los nominados, es el ex juez federal subrogante, Julio Bavio, cuyo nombramiento como juez federal Nº1 de Salta, fue rechazado en noviembre de 2012 por el Senado de la Nación, por sus supuestos vínculos políticos con el Gobierno provincial.

Ramiro Simón Padrós, ex Fiscal General de la Provincia y actual Secretario General de la Gobernación, es el nombre con menos fuerza que aparece en la grilla de candidatos. Fuertemente ligado al procurador general Pablo López Viñals, Simón Padrós asumió en la Fiscalía en agosto del 2011, en reemplazo de Ricardo Casali Rey. Hasta entonces se había desempeñado como Secretario Legal y Técnico de la Provincia, cargo en el que fue reemplazado por Pablo Robbio Saravia, al ser nombrado como fiscal.

Uno de los cuestionamientos se basaría en que ofició de intermediario para el nombramiento de su hija Manuela, como personal administrativo de la Casa de Salta en Buenos Aires, ciudad en donde se encuentra estudiando. Su designación fue publicada en el Boletín Oficial y figura como el Decreto 241 del 21 de enero de 2013.

Pero lo que llevó a tener relevancia pública fue el polémico y cuestionable fallo en el caso del Hangar en Aviación Civil de la Provincia, que la familia Romero se habría apropiado de manera irregular, en donde dejó de lado las imputaciones al vicepresidente primero del Senado, Mashur Lapad, porque “habría actuado con cierta inadvertencia en cuanto firmó un decreto sin saber bien su contenido”.

Según dijo Simón Padrós, “el día que firmó el decreto de cesión del hangar, el entonces secretario de la gobernación Raúl Romeo Medina le llevó al actual senador provincial Mashur Lapad (en ese entonces a cargo de la gobernación) 70 decretos para firmar, por lo que él no tuvo la posibilidad de advertir que fue utilizado para una maniobra fraudulenta”.