La Dirección General de Rentas presentó 77 denuncias en la Unidad de Delitos Económicos por diferentes hechos ilegales detectados en auditorías que realiza el fisco provincial.

En todos los casos, tomó conocimiento la Fiscalía de Instrucción Distrito I Turno 3º, a cargo de José Mana, y no se descarta la intervención del área de Delitos Complejos.

El titular de Rentas, Luciano Maslij, explicó que la mayoría de las acusaciones están referidas a la utilización de sellos apócrifos, aunque aclaró que esa situación no necesariamente involucra al contribuyente.

Ocurre que, en muchos casos, se sospecha de la intervención de terceros (por ejemplo, gestores). En la investigación llevada a cabo por técnicos especializados de Rentas se constató, por caso, que un mismo sello trucho fue usado de manera reiterada para validar trámites, documentaciones e incluso pagos.

El organismo recaudador cuenta con un área especializada en sellos apócrifos que realiza auditorías y procedimientos de rutina en forma periódica para evitar fraudes.

Entre las denuncias presentadas también se constató el uso de certificados fiscales o de cese de actividad apócrifos. En estos casos, a diferencia de los anteriores, es altamente probable que el contribuyente sea el responsable del delito.

Otras presuntas ilegalidades están relacionadas con el desconocimiento de la inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos o liquidaciones que han sido adulteradas en el monto.

Maslij desembarcó en Rentas hace casi 10 meses, después de desempeñarse como director administrativo en el Registro General de la Provincia.

Cuando se produjo su nombramiento, el ministro de Finanzas, Ángel Elettore, explicó que Maslij había puesto en marcha “diferentes medidas de seguridad e informatización para evitar que se repitan casos como la denominada megacausa del Registro”.

En esa línea, Elettore había adelantado que pretendía encarar en Rentas un proceso con características similares. Las denuncias que acaban de presentarse podrían leerse, entonces, como parte de ese trabajo.

Majlis aseguró que, tal como hizo en el Registro de la Propiedad, potenciará la gestión de seguimiento de los casos llevados a la Justicia.

Grandes empresas

En forma paralela, el Ministerio de Finanzas trabaja junto con la Policía Fiscal en el armado de las primeras denuncias penales que realizará, en el marco de la aplicación de la Ley Penal Tributaria en Córdoba.

Las acciones, tal como adelantó La Voz del Interior a principios de mes, apuntan a tres grandes empresas del medio, luego de una investigación que incluyó el cruce de datos con la base de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).

Técnicos involucrados en los casos indicaron que del proceso de fiscalización surge la documentación que demuestra que las firmas apuntadas incurrieron en adulteración de facturación, entre otras inconsistencias, para evadir impuestos.

Cedulón digital

Prórroga. La Dirección General de Rentas prorrogó por dos meses el plazo para la adhesión al cedulón digital, condición esencial para que los contribuyentes del Inmobiliario y el Automotor accedan al 10 por ciento de descuento anual en 2015. El nuevo plazo rige hasta el 31 de agosto. El titular del organismo recaudador, Luciano Majlis, indicó que hay un objetivo sustentable detrás de la medida, ya que el cedulón electrónico evitará la impresión de las tradicionales boletas que se reparten en los domicilios.