Tal como se había adelantado el jueves pasado luego de la reunión de comisión junto al Secretario de Hidrocarburos Jorge Borelli, los legisladores indicaron que “si el proyecto no se modifica y se presenta tal cual lo planteado por el Poder Ejecutivo, no lo vamos a acompañar”.

Explicaron que el proyecto del Ejecutivo coincide básicamente con la actual Ley (4571) que hoy se pretende derogar, pero existen fundamentalmente cuatro puntos centrales que serán determinantes para definir el acompañamiento o la negativa. Y detallaron:

- La participación del Parlamento, el sector privado y gremios en la renegociación, para que garanticen la participación de los actores involucrados en la actividad hidrocarburífera, dará transparencia en el proceso de renegociación y tambien garantizará un concreto seguimiento de los contratos, hoy se nos propone integrar una comisión “recomendadora”, incluso no vinculante con un plazo exiguo para expedirse. Además Catriel, principal ciudad petrolera, debe formar parte de la comisión por medio de su Intendente. La ratificación legislativa de cualquier renegociación al respecto, también es un planteo central para el Bloque de la Concertación.

- No acordamos, y se lo planteamos con claridad al Secretario, que se faculte al Poder Ejecutivo a negociar explotaciones no convencionales (en hidrocarburos) para este caso requerimos una ley específica con una clara visión ambiental de la actividad. Es decir, no acompañamos que se realice por decreto un régimen específico en dicho caso.

- Se exigió asimismo la asignación redistribución de los recursos adicionales por esta renegociación a los municipios petroleros y no petroleros según el actual esquema de coparticipación de regalías, pedimos especificación en el destino de los fondos, depositándolos en uno o más Fondos Fiduciarios de Desarrollo Productivo e Infraestructura, porque no compartimos la posible autorización para gastos corrientes por parte de la provincia.

Tampoco podemos admitir que se pretenda autorizar a que una vez que se vencen los términos del nuevo contrato se faculte al Poder Ejecutivo una prórroga automática, sin pasar por el Parlamento, es decir luego de 10 años se habilite, esto es inadmisible.