Carlos Burgueño

Luis “Toto” Caputo tiene tiempo. Pero el reloj ya comenzó la cuenta regresiva. El ministro de Economía debe conseguir, antes de la última semana de junio, unos US$ 2.500 millones. Es el dinero que le falta para cumplir con el último gran compromiso financiero del año, el pago de los cupones de los bonares y globales que vencen el 9 de julio; y que implican un desembolso de unos US$ 4.500 millones entre capitales e intereses. El ministro ya contabiliza para la obligación unos US$ 2 mil millones que ya negoció con algunos bancos de posición amistosa con el país, y cuyo préstamo fue anunciado el viernes 11 de abril, el mismo día en que se presentó en sociedad el Facilidades Extendidas.

Pero le falta más de la mitad del dinero, ya que la intención del funcionario y su secretario de Finanzas, Pablo Quirno, es la de mostrarle al mundo que después del acuerdo con el organismo, Argentina estaba ya lista para volver al maravilloso mundo de la colocación de deuda voluntaria en los mercados financieros internacionales. El riesgo país sigue navegando por arriba de los 700 puntos básicos, lejos de los 300 o 400 que debería exhibir para poder lograr alguna colocación de deuda financieramente prolija y con un costo accesible para cualquier economía normal; lo que aleja la posibilidad de las aspiraciones de Economía para conseguir el resto del dinero necesario para el vencimiento del 9 de julio. En el Palacio de Hacienda aseguran, confían en realidad, que falta poco para que el riesgo país reaccione, y que para junio ya todo estará “on track”. Nuevamente, tiempo hay, pero el reloj comenzó a correr. Tienen Caputo y Quirno algo más de treinta días para que el endiablado riesgo país pueda perforar los 500 puntos y llegar a un nivel de colocación de deuda de un 8% máximo.

¿Qué sucedería si esto no se lograra? Como ya se explicó en este medio, el FMI autorizó a Caputo a utilizar parte del dinero que ya se envió el martes 14 de abril para cumplir con el compromiso. Habría que descontar entonces unos 2.500 millones de los 12 mil millones de dólares que giró el FMI aquel día para fortalecer las reservas. Todo en orden entonces. El dinero para cumplir con el pago está disponible, aunque Caputo y Quirno no logren esa colocación de deuda voluntaria en los mercados internacionales. El problema surge hacia delante, para luego de ese 9 de julio. El Gobierno se comprometió ante el FMI a lograr un incremento neto de las reservas del Banco Central por unos US$ 4 mil millones; para cumplir la tríada de metas firmadas. Las otras dos son fáciles de lograr: el superávit primario de 1,3% del PBI (será superior al 1,6%) y la no emisión de pesos. Pero así como 2024 se complicó por la falta de dólares en la entidad que maneja Santiago Bausilli; lo mismo ocurre ahora en 2025. El Gobierno debe comprar dólares, tanto para el vencimiento del 9 de julio como para incrementar las reservas en esos 4 mil millones de dólares obligatorios. Si no lo hiciera, debería negociar un waiver hacia fin de año; algo que, indudablemente, sería un papelón.

La deuda que habrá que cubrir el 9 de julio alcanza unos US$ 2.898 millones en capital y US$ 1.559 millones en intereses; lo que suma unos US$ 4.457 millones totales; y que completan el primer pago que se realizó en enero pasado, por un monto similar. Entre ambos pagos representan casi el 50% del total de vencimientos de todo el año; con lo que despejado el panorama de este compromiso, ya casi el Gobierno no tendrá deuda importante por cerrar. Al menos durante este ejercicio 2025.

En el caso de no lograrse la colocación voluntaria buscada en los mercados internacionales, la habilitación para que este vencimiento se cumpla con el dinero del FMI no es un logro menor para Caputo y sus huestes negociadoras con el responsable del caso argentino ante el FMI, el venezolano Luis Cubeddu. La ecuación general del préstamo de Facilidades Extendidas implica desde siempre que el dinero que se gire dentro del acuerdo debe quedar en las reservas del BCRA como si fuera en un escaparate intocable. Con el único objetivo general de mostrarle al público operador en el mercado financiero que la entidad que maneja Santiago Bausilli tiene la suficiente fuerza de acción para poder enfrentar tormentas. Y comenzar, ahora sí, a moverse en terrenos de azul y no de rojo permanente como viene ocurriendo desde el gobierno de Mauricio Macri hasta hoy. Para cualquier otra acción dentro del mercado de capitales, queda claro para Washington que deben usarse dólares que el país vaya consiguiendo vía liquidaciones del campo (soja, maíz, etc), del primer superávit energético de peso o de la posible caída de la demanda de turismo por el fin de las épocas estivales. Sin embargo, saben desde el FMI que no hay tiempo para que, fuera del enorme refuerzo que implica el giro de dinero desde el organismo, las reservas del BCRA puedan recuperarse lo suficientemente rápido como para poder hacer frente al majestuoso vencimiento de julio. Es por eso que se conversó entre las partes negociadores que no haya mayores cuestionamientos para que el dinero del Facilidades Extendidas se utilice para este vencimiento de julio. Más teniendo en cuenta que para junio las posibilidades de recurrir a un potencial préstamo del mercado financiero voluntario de deuda internacional se viene complicando.

Muchos analistas del mercado financiero, algunos de ellos con contacto directo con los funcionarios del oficialismo, creen que para poder volver seriamente a los mercados financieros internacionales, habrá que esperar a que el país logre despachar la principal incógnita que queda pendiente, luego del conocerse la letra del acuerdo con el FMI y la manera (hasta acá exitosa) de salida del esquema de crawling peg al 1% mensual. Esto es, lo que suceda luego de las elecciones legislativas de octubre 2025, donde la gestión de Javier Milei se juega parte de su futuro político, económico, financiero y monetario. Esta circunstancia la saben los mercados en general, que reconocen que un buen resultado electoral le dará (o no) espaldas a Milei para seguir adelante con su plan económico libertario, y llevarlo a una instancia superadora. Y, luego, comenzaría a caer el riesgo país al ritmo de las reformas que siempre el mercado pondera. Por lo contrario, si el resultado legislativo es negativo, difícilmente ese nivel de riesgo país pueda bajar sustancialmente, con lo que la alternativa de una posibilidad de recurrir a los mercados financieros internacionales voluntarios quedará para otra oportunidad. No es un secreto.

Lo dijo indiscretamente el jueves pasado la búlgara Kristalina Giorgieva en el ámbito de la Asamblea Conjunta de Primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington. Sin eufemismos, la directora gerente del organismo, llamó a votar al oficialismo, para que las reformas sigan por el buen camino. Algo que el estatuto del FMI prohíbe explícitamente con la siguiente consideración en su estatuto: “El FMI es una organización que se centra en la estabilidad económica y monetaria internacional, y no tiene jurisdicción ni autoridad para interferir en los procesos electorales de los países miembros. La soberanía de cada país sobre sus propios asuntos internos, incluyendo sus elecciones, es un principio fundamental del derecho internacional”.

Evidentemente, la crisis institucional es mundial.