Carlos San Miguel y Alicia Echeveste tienen las horas contadas en sus puestos dentro del gobierno provincial. Aunque oficialmente las autoridades del Ministerio de Bienestar Social evitan referencias al respecto, la decisión de remover de sus cargos al director del Instituto Provincial de Educación y Socialización de Adolescentes (IPESA) y a la directora de Niñez y Adolescencia ya estaría tomada.

Ayer, este diario publicó las declaraciones del recientemente asumido ministro de Bienestar Social, Gustavo Fernández Mendía, confirmando el desdoblamiento del manejo del IPESA y los hogares de menores. El nuevo organigrama jerarquiza a Niñez y Adolescencia, que pasa a ser una Dirección General dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano. Tanto el IPESA como los Hogares de Niños, Niñas y Adolescentes funcionarán dependiendo de dos subdirecciones de coordinación, que a su vez dependerán de la dirección general.

"Entendemos que lo que corresponde es separar la problemática de los menores en conflicto con la ley con los que sufren otros problemas de índole social o familiar, porque son dos aspectos diferentes", advirtió Fernández Mendía.

El funcionario se abstuvo de dar precisiones sobre si esos cambios implicarían la sustitución de las cuestionadas autoridades a cargo de esas áreas tan sensibles. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron que la decisión ya estaría tomada y en las próximas horas podría ser oficializada. Obviamente, nadie quiere adelantar los nombres de sus reemplazantes pero ya habría varios en carpeta.

Tanto San Miguel como Echeveste han resistido en sus lugares desde que estalló el escándalo. A los pocos días de conocerse la gravísima denuncia sobre irregularidades y abusos en esos ámbitos de contención de los menores en conflicto, el entonces subsecretario de Política Social, Pedro Freidemberger (hoy en Desarrollo Humano), les pidió la renuncia. Pero ellos se negaron y luego fueron confirmados en sus cargos.

Este diario dio a conocer detalles de un extenso informe donde se remarcaban situaciones de maltrato y abuso en perjuicio de los menores internados en el IPESA y los Hogares de Tránsito, que dependen del Ministerio de Bienestar Social. El escrito hablaba de violaciones y maltrato físico, entre otras situaciones. La denuncia también llegó a la jueza de la Familia y el Menor, Cristina Baladrón, y al secretario de Derechos Humanos, Rubén Funes, quienes se presentaron ante la Fiscalía 1 para pedir que se investigara.

El fiscal Carlos Ordas le dio entidad a la denuncia y promovió la apertura de una causa penal. El expediente recayó en el Juzgado de Instrucción 3, a cargo de Laura Armagno, quien tomó declaración, a través del método de Cámara Gesell, a tres de los menores mencionados en la denuncia. De ellos, dos confirmaron las situaciones de abuso sexual.