El trabajoso trámite de la Ley ómnibus y los puntos inconclusos de la negociación complican el escenario del gobierno. La coparticipación del impuesto PAIS y el destino del FGS serán dos piezas desequilibrantes de la votación en particular. Nuevas alianzas dificultan el plan privatizador.
Por: Claudio Mardones.
Desde el viernes Javier Milei tiene el título de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, pero a partir del martes comenzará saber cuánto le quedará en pie de la norma que diseñó Federico Sturzenegger con la asistencia de un puñado de estudios jurídicos corporativos y vinculados al PRO. El texto inicial tenía 664 artículos, luego de tres semanas de negociación quedó en 523 y este viernes, luego de una votación de 144 respaldos y 109 rechazos en el recinto, quedó en 383. El debate en general que llevó tres días en la Cámara de Diputados cerró un primer y extenso round para el oficialismo, con saldos y consecuencias aún desconocidas para el Gobierno y la oposición. A pesar de su intransigencia inicial, el presidente tuvo que ceder para evitar el naufragio del proyecto y finalmente quedó a merced de un sector de la oposición cada vez más fortalecido, que también está a favor del ajuste pero que le impuso un intercambio que todavía no ha terminado.
Fueron más de 30 horas de debate y un bautismo de fuego para La Libertad Avanza, su balcanizado bloque y también para el presidente de la Cámara, Martín Menem. Le tocó conducir una sesión inédita, con dos cuartos intermedios y un tercero en marcha que concluirá el martes al mediodía, cuando comience la etapa más compleja e intrigante de este proceso, con el análisis, debate y votación de cada uno de los 383 artículos que quedaron en pie. Cada una de las suspensiones del debate permitieron un breve receso de descanso para los protagonistas de la sesión, pero también son la huella de los altibajos que registró la extensa e inestable negociación entre el oficialismo y los bloques del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. El viernes fueron los que aportaron las 109 voluntades que le permitieron a La Libertad Avanza proyectar sus exiguas 37 bancas en una mayoría holgada para un recinto muy fragmentado, de números muy estrechos y donde lo que sobra después cuesta el doble si no se aprovecha en el momento adecuado.
De los tres cuartos intermedios votados hasta ahora, el que termina el martes es el mas extenso. Cuando termine y se reanude la sesión intermimable que comenzó el miércoles pasado se definirá el futuro del proyecto. El debate en particular configura el cedazo que determinará la correlación de fuerzas para cada uno de los artículos y eso es lo que se está negociando este fin de semana hasta el lunes, cuando los interlocutores de cada espacio vuelvan a sentarse en el despacho de Menem para saber qué respuestas tiene el Gobierno para tres temas que definirán hasta dónde sobrevivirán los acuerdos tejidos, hasta el viernes. Para algunos legisladores de cada bloque negociador, incluso dentro del PRO, en la semana que pasó terminó la etapa con los apoyos prometidos y ahora, con el debate de la letra chica vaticinan que la relación será otra.
Entre los ejes irresueltos están las consecuencias que dejó la extirpación de todo el capítulo fiscal, tal como anunció hace una semana el ministro de Economía Luis Caputo. El viernes podría haber terminado mal si el Gobierno no hacía algunos movimientos para canalizar los nuevos reclamos de los dadores de quórum, de votos favorables y, por ahora, de gobernabilidad. El jueves por la noche, tal como contó este medio, los representantes de HCF y de UCR le confirmaron a Menem que no estaban dispuestos a dejar afuera de la discusión dos temas urgentes que, desde entonces, son las puntas de un mismo cable de tensión que une al futuro del Fondo de Garantía de Sustentablidad del Anses con la recaudación del impuesto PAIS, transformado gracias a Milei en uno de los tres ingresos más importantes del fisco federal.
El FGS será una pieza desequilibrante de la votación en particular. Hasta ahora había un tenue acuerdo para aceptar la transferencia al Tesoro de los titulos de deuda que el FGS mantiene como parte de sus activos. La oposicion dadora de apoyo provisorio pactó con el Gobierno que no sean vendidas las acciones y obligaciones no negociables que tiene el Fondo. Eso quedó afuera del último texto, pero también había quedado en el tintero un reclamo que le aprieta la billetera a los gobernadores. Desde el jueves quedó sobre la mesa el reclamo para que el traspaso al Tesoro Nacional de los titulos de deuda incluya los fondos que compensen a las cajas jubilatorias provinciales que no fueron transferidas a la Nación. Son 13 cajas jubilatorias que tienen deudas impagas de la Anses por esos fondos y que ahora no tienen una perspectiva clara sobre cómo seguirán financiándose. Hasta ahora la búsqueda de los dadores de quórum apunta a cuidar a las cajas jubilatorias de Santa Fe y Córdoba, porque son dos fondos provinciales de pensión que han sido armonizadas u homologadas con la Nación. El planteo transmite el interés de cobrar por anticipado el respaldo aportado hasta ahora en el recinto y quitarle un problema al schiarettista Martín Llaryora y el radical Maximiliano Pullaro con los jubilados de sus provincias.
El ministro del Interior, Guillermo Francos y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi ya habrían dicho que no, pero tuvieron que mostrar una mayor predisposición negociadora porque el bloque HCF, que conduce Miguel Pichetto, les anticipó que si no toman el tema en serio podrían pasarla mal en la votación en general. La exigencia sobre los fondos de la Anses para las cajas jubilatorias sólo tiene una alternativa paliativa en caso de una respuesta negativa. Si el Gobierno dice que no, entonces deberá evaluar repartir la coparticipación del impuesto PAÍS. El reclamo apunta a distribuir entre las provincias el 30% del incremento o constituir un fondo para financiar obras públicas ante el corte del financiamiento federal para infraestructura. Hasta ahora la recaudación del impuesto PAIS va para la Anses, el PAMI y el Fondo de Infraestructura Social Urbana que sostiene el plan de urbanización y mejora de barrios populares. El proyecto de la Ley ómnibus sacó este último punto y pretende dejar toda la recaudación para Ansesy PAMI, pero ahora deberá evaluar redistribuir esa caja. Una alta fuente del oficialismo confirmó a Tiempo que la última palabra la tendrá la Casa Rosada y todo parece indicar que no están dispuestos a ceder. El oficialismo no quiere que se le caiga ningun artículo más, pero si no toman las dos puntas de este segmento de la negociación se podría complicar la sobrevida de los artículos para el FGS, para la distribución del impuesto PAIS y también se extendería el financiamiento del FISU que Milei quiere anular. En el Gobierno no descartan echarle la culpa a los gobernadores si se reduce el destino del impuesto PAIS para la Anses y el PAMI a cambio de obras, pero admiten que el debate jubilatorio es muy espinoso por haber extirpado el capítulo fiscal y no aceptar ninguna alternativa para actualizar las jubilaciones mensualmente en base a la inflación.
«Si Francos no venía en la noche del jueves se caía la mayoría del viernes», aseguró uno de los participantes de la mesa negociadora. Así se acordó el cuarto intermedio posterior a la votación en general, pero la advertencia sigue en estado latente para la batalla artículo por artículo. Como los representantes del oficialismo no mostraban alguna ventana, hasta los interlocutores del PRO se habrían «hartado» del tire y afloje que impulsan los representantes de LLA sin ceder un milímetro más. Quizás por eso, durante el discurso de cierre, el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, insistió: «No somos cogobierno», bramó para mostrar alguna distancia de LLA. Todo lo contrario a lo que hizo Diego Santilli en el primer día de la sesión. El excandidato y diputado del PRO fue quien más defendió el proyecto y sostuvo que no sólo pondrán sus votos para aprobar en la instancia general, sino que respaldarán cada artículo. La advertencia que Ritondo lanzó el viernes mostró cierto agotamiento en el rol que ha mantenido la bancada macrista, luego de haber puesto a sus principales cuadros a llenar los baches discursivos, políticos y técnicos que dejaron los escuderos del oficialismo en el recinto. Ritondo ya no se exaspera por las falencias técnicas de sus pares de LLA, pero la paciencia infinita parece disiparse porque adentro del bloque amarillo sus propios diputados están en desacuerdo con quedar abrazados al oficialismo. «Cristian esta contento, lo llaman los ministros, parece con poder, pero no sabe a donde nos está llevando. (El expresidente) Mauricio (Macri) había pensado apoyar pero a cambio de que tuviéramos el control de la Cámara. Ahora seguimos apoyando pero no controlamos nada y eso hay que discutirlo», vaticinó un integrante del bloque macrista que no coincide con el ímpetu de Ritondo para defender, orientar y empujar al oficialismo. En el bloque analizan que después de marzo o abril el Gobierno se quedará sin capacidad de respuesta ante las consecuencias del estacamiento de la economía y la alta inflación. «Nosotros le damos las herramientas y la caja de herramientas, pero si esto sigue así, en abril no va a tener con qué arreglar la política económica», redobló otro macrista escéptico del apoyo a Milei.
Ebullición
El bloque del PRO entró en estado de ebullición esta semana, porque Macri quiere quedarse con la presidencia del partido a partir de marzo. Cuentan que prefiere un partido más chico, pero que se transforme en el socio de LLA. Un objetivo podría apuntar a corregir la relación política que no logró ordenar todavía con Milei y otro a depurar a los que no respaldan el salto que después de la primera vuelta pegó junto a la excandidata y ahora ministra de Seguridad Patricia Bullrich. «A ella le gusta aparecer todos los días para defender el operativo que armó para reprimir alrededor del Congreso, pero cuanto termina la sesión, nisiquiera se preocupa por nosotros y casi nos linchan a la salida», se quejó otro diputado del arco dialoguista en referencia a los legisladores que afrontaron agresiones a la salida del Palacio. El clima que rodea al Congreso se espesó en las últimas 72 horas. Ya van mas de 50 detenidos durante los operativos de esta semana, heridos de distinta consideración, la denuncia sobre un gas pimienta que deja más secuelas y un reguero de bronca que a veces llega a las entrañas del recinto, como sucedió el jueves, cuando una parte del bloque de UxP abandonó la Cámara para impedir la represión policial en la Plaza de los Dos Congresos. No se detuvo y este viernes la Policía de la Ciudad desató una cacería en la misma zona. El enlace con el Palacio corre por cuenta del ministro de Seguridad porteño Waldo Wolff que coordina con Menem y con Bullrich más concentrado en los réditos mediáticos del contol de la calle que en controlar la ferocidad del dispositivo que autorizó. Se esperan nuevas movilizaciones para este martes con un Congreso doblemente blindado para una sesión que durará tres días hasta concluir el jueves.
En los poroteos que se hacen y deshacen para la votación en particular que se avecina hay más incógnitas. El capítulo de privatizaciones seguiría sin los votos. El PRO asegura que lo van a bancar, pero los demás dadores de respaldo intermitente, como HCF no se contentan con las empresas que se sacaron del listado. De las 36 quedaron 27, pero quieren eliminar más y que se ordenen los paquetes que quedaron en el último texto. Podría volver el fantasma que atormenta a Menem y que los números no alcancen para aprobar los artículos del paquete de venta de empresas públicas. Para el Gobierno es un punto innegociable, pero también encierra una extrema debilidad en este momento de la negociación. Si la oposición ordena los porotos en torno a las últimas exigencias podrían propinarle una derrota de magnitudes en ese punto. En la UCR también aguardan más concesiones sobre ese punto. De sus 34 voluntades sólo dos votaron en contra este viernes. Fueron Facundo Manes y Pablo Juliano. Forman parte de un grupo de diez discolos que podrían ponerse más chúcaros a partir del martes. Aun así, hay una coincidencia entre los radicales porque podrían rechazar por completo el capítulo de reforma del código penal donde endurecen la figura de legítima defensa y castigan a la protesta social. Si no hay cambios ese tema también podría encerrar otro revés para la Casa Rosada.
El bloque que lidera Pichetto no alcanzó a ponerlo todo y perdió cuatro porotos en el camino. La peronista cordobesa Natalia De la Sota, junto a Margarita Stolbizer del GEN y los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulon votaron en contra en la general. Podrían repetir la decisión esta semana y aumentar las debilidades que se jugarán en cada una de las sucesivas votaciones que se disputarán a partir del mediodía del martes. Cuando haya riesgo, el PRO seguirá tapando los huecos, pero será más caro para Milei.
«Ya le dimos todo, ahora empieza otra etapa. Le vamos a dar las facultades delegadas, las privatizaciones un poco acotadas y las emergencias, nos tiene que dar más juego», sentenciaron en el partido que fundó Macri. «Nosotros no podemos no estar parados con ellos en este momento, pero si nos corremos tres centímetros se caen solos. Le sostuvimos la sesión nosotros», recordó otro integrante de la bancada del PRO. Tan grande es la debilidad legislativa del oficialismo que la sesión se la llevó Pichetto y los aliados esquivos del Gobierno que moldearon el debate y terminaron la semana con más poder del que tenían cuando arrancó la sesión maratónica. Esa influencia condiciona a Milei y si no cede, a partir del martes, podría ponerlo al borde del peor temor: quedarse con el título pero sin la ley que espera sacar de Diputados para llevarla al Senado.
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