El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados de la Provincia, Manuel Sussini, reivindicó ayer el proyecto de ley que busca la jerarquización de los jueces de Paz de la provincia. "Un Juez de Paz cumple las mismas reglas que cualquier otro juez: debe rendir examen en el Consejo de la Magistratura; debe tener acuerdo del Senado", señaló.

Sin embargo, coincidió con el criterio general de los diputados en el sentido que el proyecto vuelva a la Comisión que preside, para lograr finalmente una norma que surja con amplio consenso del cuerpo.

Sobre el particular, EL LIBERTADOR buscó la opinión de los propios afectados en el proyecto, esto es los magistrados agrupados en la Asociación de la Justicia de Paz de Corrientes. Empero, la entidad prefirió no opinar sobre una iniciativa que, en verdad, no surgió de su seno.

Un vocero de ese sector, que no se identificó, le recordó a este diario que la iniciativa surgió del senador oficialista Sergio Flinta. "El Senador nos consultó y, por supuesto, dimos nuestra opinión; lógicamente que finalmente acataremos la ley que surja y las resoluciones del Superior Tribunal de Justicia", dijo el vocero.

En el destino del proyecto que ahora está en manos de los diputados pesó mucho la opinión del propio gobernador de la Provincia, Ricardo Colombi, quien hizo saber la conveniencia de un mayor estudio de la iniciativa, fundamentalmente en cuanto a la connotación presupuestaria que podría tener sobre las arcas del Estado provincial.

El Superior Tribunal de Justicia, de acuerdo a la Acordada que EL LIBERTADOR mencionó en su edición de ayer, expresó su opinión francamente adversa a la iniciativa, remarcando también el impacto presupuestario que podría tener, pero además rechazando la supuesta pretensión de equiparar a los jueces de Paz con los magistrados de primera instancia del fuero Civil y Comercial.

El hecho es que el debate se ha desatado entre representantes de los poderes Judicial y Legislativo, con un freno que ha venido desde el Poder Ejecutivo. Esto último no dejó de llamar la atención entre los observadores políticos, habida cuenta que la iniciativa surgió de una de las principales espadas del oficialismo, como es el senador Sergio Finta (presidente, además, del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical).

¿FUNCIONARIO

O MAGISTRADO?

Desde diversos ámbitos se hizo notar que en la opinión sobre las funciones de los jueces de Paz, incide mucho el recuerdo del régimen anterior que les asignaba el rol de un simple funcionario. Pero actualmente un Juez de Paz debe poner en práctica los denominados medios alternativos de servicio de justicia; y no sólo eso: también debe abocarse a cuestiones jurisdiccionales de menor cuantía, donde se ponen en juego sumas de hasta 10 mil pesos.

La normativa actual arrastraría algunas contradicciones, que el nuevo proyecto apunta precisamente a subsanar. Sería positivo -apuntan desde ámbitos judiciales- que tras la opinión del Superior Tribunal de Justicia, éste máximo cuerpo judicial de la provincia y otros estamentos (como el Colegio de Magistrados y Funcionarios) hagan llegar sus propuestas para perfeccionar la redacción de la norma.

El hecho es que, por un lado se exige a los juzgados de Paz descomprimir a los juzgados civiles y comerciales de primera instancia en causas de menor cuantía y al mismo tiempo ser agentes de aplicación de las nuevas herramientas de accesibilidad a la justicia, pero manteniéndolos en condiciones de Cenicienta del Poder Judicial, pese a las mejoras inmobiliarias en muchas de sus sedes de varias localidades.

Los debates y las dudas en torno a este polémico proyecto tienen su eje en cuanto a si el concepto de jerarquización va de la mano a la equiparación salarial de los magistrados.

Una fuente cercana al proyecto en cuestión, consultada por EL LIBERTADOR, fue clara al señalar que "jerarquizar a los jueces de Paz no significa que cobren igual que un juez de primera instancia. ¡Desde ya que hay diferencias!".

En primera persona

 Manuel Sussini reivindicó ayer el proyecto de ley que busca la jerarquización de los jueces de Paz de la provincia. "Un Juez de Paz cumple las mismas reglas que cualquier otro juez: debe rendir examen en el Consejo de la Magistratura; debe tener acuerdo del Senado", señaló.

 En el destino del proyecto que ahora está en manos de los diputados pesó mucho la opinión del propio gobernador de la Provincia, Ricardo Colombi, quien hizo saber la conveniencia de un mayor estudio de la iniciativa, fundamentalmente en cuanto a la connotación presupuestaria que podría tener sobre las arcas del Estado provincial.

 El Superior Tribunal de Justicia, de acuerdo a la Acordada que EL LIBERTADOR mencionó en su edición de ayer, expresó su opinión francamente adversa a la iniciativa, remarcando también el impacto presupuestario que podría tener, pero además rechazando la supuesta pretensión de equiparar a los jueces de Paz con los magistrados de primera instancia del fuero Civil y Comercial.