El intendente saliente de Presidente Perón, Aníbal Regueiro, quedó procesado por la Justicia y con un embargo preventivo en el marco de la causa en la que se investigan hechos de corrupción en torno a la construcción de la planta de tratamiento de efluentes cloacales del distrito. También quedaron en una situación similar la esposa de Regueiro, Carina Biroulet, y el ex concejal Manuel Tofanelli, porque ambos ejercieron el cargo de intendente cuando Regueiro pidió licencia para sumir como diputado provincial.

El procesamiento se da en un contexto particular para Regueiro, que es jefe comunal de Presidente Perón desde 2003 y que en las PASO perdió la interna del Frente de Todos ante la massista Blanca Cantero, por lo que el 10 de diciembre terminará su mandato. La complicación judicial le llega cuando está a punto de volver al llano.

El procesamiento fue confirmado este lunes por la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia. Incluye al administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento (Enohsa), Luis Jahn y su antecesor Luis Tamburo, porque ese organismo financió los trabajos en la planta de tratamiento. También están procesados los empresarios Ramón Castro y Gabriel Maler, de MAKO, la firma encargada de la obra. Otros de los procesados sin prisión preventiva son el secretario de Gobierno Andrés Torres y el secretario de Obras Públicas Miguel Dahbar.

El delito que para la Cámara quedó probado es el de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. Por eso la Justicia embargó a los procesados hasta cubrir la suma de 30 millones de pesos y les prohibió salir del país. La empresa MAKO también quedó embargada por el mismo monto.

Además, según detallaron desde la Sala, los jueces resolvieron la falta de mérito de Gabriela Alejandra Tamame, Julio Ernesto Torres Alfaro, Adrián Flavio Merlo, Domingo José Lo Mónaco, Hernán Litvachkes y Ariel Gustavo Troncoso.

Para la Cámara quedó probado un acto de corrupción entre tres actores: el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), que dispuso los fondos para la obra, el Municipio de Presidente Perón, que debía controlar que los pagos y los trabajos se hicieran en tiempo y forma, y la empresa MAKO. Los tres habían firmado un convenio de colaboración y transferencia el 23 de septiembre de 2013 por casi 47 millones de pesos.

Según la investigación, los partícipes habían “certificado ítems no ejecutados y efectuado certificaciones en forma diferente a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones que regían el contrato de obra”. Es así que la empresa recibió pagos por montos mayores a lo que efectivamente había construido en la planta cloacal. La Justicia estima una sobrecertificación del 41 % de la obra, lo que representan casi 30 millones de pesos.

 Para la Justicia, hubo “faltante en la ejecución de la obra civil, de la instalación de la totalidad de los equipamientos, del acopio en obra de equipos y elementos, de la inexistencia de caminería interna, de la falta de pantalla forestal del predio y de trabajos referentes a adaptación del terreno, entre otros”.

“La Municipalidad como ejecutor del proyecto y exclusivo responsable frente al ENOHSA del cumplimiento del contrato celebrado con la firma MAKO, aprobaba las distintas solicitudes efectuadas por la empresa”, describe el fallo judicial. Y agrega: “Esta práctica continuada y repetida en el tiempo generó la transferencia de fondos por parte del ENOHSA en forma injustificada, de los que el erario público dejó de disponer para cubrir objetivos reales. En ello radica un perjuicio económico real y constatable”.