¿La Justicia acorrala a algunos líderes progresistas de América Latina porque son progresistas o porque son corruptos? ¿Los medios periodísticos son meros instrumentos de esa estrategia y de poderosos intereses que nada tienen que ver con la información y la opinión? Vale la pena detenerse en esas preguntas -y en sus respuestas- porque Alberto Fernández acaba de suscribir ambas teorías; sus afirmaciones en México, en un reportaje que le concedió al expresidente de Ecuador Rafael Correa, fueron contradictorias con muchas de sus promesas de moderación y de respeto al periodismo que había hecho aquí durante la campaña electoral. Tanto para hablar del rol de la Justicia, pero sobre todo del papel de los medios periodísticos, el presidente electo retomó íntegro el discurso que es habitual en Cristina Kirchner. Habitual también en todos los exmandatarios acusados de corrupción, que denuncian conspiraciones inverosímiles en lugar de aportar pruebas de su inocencia.

Extrañamente, el término que usan para describir esa persecución judicial y mediática, lawfare, es un neologismo inglés creado por las Fuerzas Armadas norteamericanas para defenderse de las acusaciones de violaciones de derechos humanos en países en guerra; señalaron que esas denuncias provenían de los vencidos.

Y, de paso, rechazaron con el mismo argumento la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional de La Haya. Las versión original del término incluía solo la persecución judicial, pero los latinoamericanos le agregaron la complicidad del periodismo en los supuestos acosos.

Alberto Fernández se refirió solo a los casos de Lula, del propio Correa y de Cristina Kirchner. El presidente electo no tomó en cuenta (¿o sí?) que es un inminente jefe de Estado y que, por lo tanto, no puede ignorar el principio de la división de poderes en su país ni en países extranjeros. De hecho, el Supremo Tribunal Federal de Brasil acaba de demostrar que las instituciones funcionan en ese país cuando ordenó la libertad del expresidente Lula, el enemigo político número uno de Bolsonaro. Las fobias del presidente no le importaron al máximo tribunal de justicia brasileño. Interpretó las leyes como creyó conveniente. La mejor defensa de Lula la tuvo en las instituciones de su país. La mención quizás más grave de Alberto Fernández haya sido a la detención de Milagro Sala, que calificó de ilegal. La prisión de Sala fue convalidada por la Corte Suprema de Justicia argentina. ¿Por qué es ilegal entonces?

Puede entenderse su necesidad política de proclamar que Cristina Kirchner es inocente. ¿Qué otra cosa podría decir de su mentora? Pero eso no significa que ella sea inocente; tampoco es culpable según las instancias actuales de sus muchas causas judiciales. En primera y en segunda instancia, los jueces comprobaron que ella aprobó un sistema que venía de los tiempos de su marido. Esa constatación se dio sobre todo en la causa de los cuadernos, el mejor relato que se ha hecho de un método sistemático de corrupción. Los cuadernos importan ya poco y nada, porque cada una de las anotaciones del chofer Oscar Centeno fue corroborada por la Justicia. Las confirmaron, además, empresarios que se arrepintieron y otros que no se arrepintieron, pero declararon en indagatoria. Y las ratificaron exfuncionarios arrepentidos y otros que no necesitaron la figura del arrepentido.

La causa fue enviada a juicio oral y, cuando este se realice, Cristina Kirchner podrá demostrar que no es culpable. Todavía tendrá dos instancias más de revisión después del juicio oral: la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia. Las garantías existen para ella y para cualquier otro argentino. "Las pruebas son inconmovibles aunque el juicio oral lo posterguen hasta el próximo siglo", dijo un funcionario judicial que estudió la causa de los cuadernos.

Es cierto que la prisión preventiva es un recurso que los jueces deben usar con mucha prudencia, porque puede convertirse en una condena antes de la condena. Por eso la ley establece con precisión los casos que pueden respaldar la prisión preventiva. No se trata de la situación de Julio De Vido, que ya está condenado a prisión por la tragedia de Once. Ni de la de Amado Boudou, condenado también por la apropiación de la imprenta Ciccone. De Vido acaba de advertirle a Alberto Fernández que "en un gobierno peronista no debe haber presos peronistas". ¿Aunque hayan robado? La advertencia es lógica en De Vido porque la mayor caja de recaudación deshonesta en tiempos kirchneristas fue el Ministerio de Planificación, que él dirigió desde el primer día de Néstor Kirchner hasta el último de Cristina. "Todo lo demás fue anecdótico", suele decir un magistrado con conocimiento de causa.

El lawfare fue un procedimiento supuestamente aprovechado por el gobierno de Macri. El juez Claudio Bonadio, el magistrado que con más tenacidad persiguió la corrupción en el gobierno de los Kirchner, viene del peronismo y no conoce a ningún alto funcionario macrista. O, más bien, solo conoció hace muchos años al actual secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco, cuando este trabajaba como periodista en el diario Clarín. El fiscal Carlos Stornelli, que investigó la causa de los cuadernos y a De Vido, tiene más amigos entre los peronistas que en cualquier otro lado, aunque no milita en ningún partido. De hecho, el fiscal solía hablar con Alberto Fernández hasta el año pasado. Luego, cuando el presidente electo ya fue candidato, dejó de hacerlo. ¿Habla con Macri? "La última vez fue hace diez años", suele responder. Los kirchneristas denunciaron el forum shopping (que no fue tal, según todas las instancias judiciales) para que la causa de los cuadernos cayera en manos de Bonadio y Stornelli, pero salieron corriendo a Dolores para activar la causa armada por el juez Alejo Ramos Padilla contra Stornelli. Fue tanta la presión que al final Stornelli decidió declarar en indagatoria ante Ramos Padilla, pero luego de que la causa de los cuadernos fuera enviada a juicio oral. Ya no pueden hacer nada para desbaratarla y, además, se comprobó que gran parte de la información de Ramos Padilla no es ni siquiera consistente.

La coherencia no es una virtud kirchnerista. El lawfare es, según parece, aplicable solo a los líderes progresistas. En Perú están presos todos los expresidentes por casos de corrupción vinculados a la empresa Odebrecht (uno, Alan García, se suicidó momentos antes de ser detenido) y en la misma condición está la líder de la oposición, Keiko Fujimori. Todos ellos pertenecen a una escuela política de centro o de centroderecha. Nadie habla de ellos. El lawfare no se aplica en esos casos. En Chile hubo tres mandatos socialistas (uno de Ricardo Lagos y dos de Michelle Bachelet) y no hubo ninguna denuncia de corrupción contra ninguno de los dos. Una denuncia afectó a un hijo de Bachelet por el uso de información privilegiada. Pero no se inculpó a la madre (a la que se consideró víctima del desatino del hijo), a tal punto que hoy es una importante funcionaria de las Naciones Unidas. El progresista Frente Amplio lleva 15 años gobernando Uruguay y nunca hubo ninguna denuncia contra Tabaré Vázquez ni contra José Mujica, los dos presidentes de esa coalición. ¿El lawfare se olvidó de chilenos y uruguayos? ¿O simplemente sus líderes no robaron?

En su conversación con Correa, sobre quien pesan, cabe señalar, dos órdenes de prisión en su país (una por el secuestro de un opositor y otra por corrupción en complicidad con la sempiterna Odebrecht), Alberto Fernández señaló que determinadas empresas -que ni siquiera son las periodísticas- manejan el periodismo y a los periodistas. Precisó que solo necesita leer el nombre de un diario para saber quién lo escribió realmente. Los periodistas son, en fin, pobres escribidores. Pescadores de palabras ajenas. En el periodismo hay buenos y malos, santos y pecadores, como en cualquier actividad humana, pero la generalización ofende a todos los periodistas honestos, que son la mayoría. Es probable que el presidente electo se haya dejado llevar por la verborragia paranoica de su interlocutor o que haya dicho lo que Correa quería escuchar, pero el resultado fue una notable contradicción con sus promesas durante la campaña electoral. Fue justamente en esa definición del periodismo cuando más se pareció a Cristina Kirchner.

Pero es posible también -por qué no- que haya dicho lo que realmente piensa. Si fuera así, los problemas del periodismo (y, desde ya, los de las libertades en la Argentina) solo han comenzado.