"La decisión del Gobierno será acatar lo que decida la Corte. No sé si decirle que nos duele o nos preocupa, porque en realidad lo que buscamos fue el beneficio de la comunidad", señaló.

"Durante mucho tiempo, los recursos de la minería no se invirtieron como la gente los necesitaba. A veces desearía que la Justicia acompañe lo que nosotros planteamos desde el Gobierno, no porque sea un apoyo o un respaldo al Gobierno sino porque se trata del uso de las regalías mineras, que son un patrimonio de las generaciones que vienen. Entonces, las regalías deben ser utilizadas en obras de alto impacto para la población", dijo en diálogo con El Ancasti.

Como se informó, la Corte de Justicia de la Provincia hizo lugar al recurso de amparo presentado por el intendente de Andalgalá, Alejandro Páez, para dar marcha atrás con la nueva reglamentación del uso de las regalías mineras.

Políticas de cambio

Por su parte, el subsecretario de Asuntos Municipales, Daniel Lavatelli, agregó que la reglamentación de la ley se suspende sólo para el municipio de Andalgalá, que fue el que inició la presentación en la Justicia. Por lo tanto, para el resto de las comunas está vigente la Unidad de Gestión que se creó en el Ministerio de Producción.

"Para nosotros, para el Gobierno, es bueno que se discuta esta política de Estado. Es bueno que se discuta porque nosotros vinimos a implementar políticas de cambio. Y realmente creíamos que la reglamentación de regalías mineras era un cambio", apuntó. Y agregó que la reglamentación de la normativa formaba parte de la plataforma electoral del FV. "Durante años, los recursos fueron dilapidados en obras que no eran importantes para la comunidad. El pueblo nos pedía que trabajemos para que los recursos de la minería sean volcados en beneficio de los catamarqueños", opinó Lavatelli y ratificó que el Gobierno esperará la resolución de la Corte por la cuestión de fondo.

"Era lo que se esperaba"

El abogado Víctor Quinteros, que actuó en representación del municipio de Andalgalá, aseveró que el fallo del máximo tribunal "era lo que se esperaba".

El letrado indicó que en el decreto del Ejecutivo "hay severos vicios de irregularidad".

En ese sentido, Quinteros defendió la decisión de la Corte al señalar que el decreto del Ejecutivo "crea una estructura burocrática por arriba de las autonomías de los municipios".

"Los municipios son autónomos y la autonomía se relaciona con la toma de decisiones en lo económico", agregó el letrado.

"Ésta es la consecuencia de ir por todo a como dé lugar", opinó.