Patricia Valli

Los empresarios le dieron la bienvenida al Pacto de Mayo en Tucumán que, sin embargo, tuvo ausencias de peso con provincias clave para el entramado productivo argentino, como Buenos Aires y que generan dudas sobre la sostenibilidad del acuerdo.

En ese marco, desde el sector privado señalaron cuáles deben ser los objetivos tras la firma del acta para dejar atrás la recesión. Las caídas de actividad desaceleran, pero todavía nadie se anima a aseverar que se tocó el piso ni habrá una "salida en V" que vislumbraba Javier Milei.

Para el Grupo de los 6 (G6) se trata de un acuerdo que permitirá definir "un rumbo claro", aunque el detalle de las medidas del decálogo firmado Tucumán es todavía una incógnita. Tras la firma, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) reclamó la definición de políticas de Estado de largo plazo, en base al consenso y a la búsqueda de previsibilidad y certidumbre para el futuro.

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Para otras entidades como la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se trata de un "acto simbólico que debe convertirse en plataforma de un país que necesita inexorablemente transitar por el camino de desarrollo".

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"El G6 hace tiempo que promueve y reclama una base de acuerdos básicos que permitan el desarrollo de nuestro país y el bienestar de su pueblo", indicó el grupo que integran la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).

"Es un principio que permitirá que la Argentina tenga un rumbo claro sobre las políticas económicas y sociales que debe seguir y afrontar en los próximos años para los cual es clave potenciar la producción y el trabajo con una integración inteligente al mundo. Las políticas de Estado deben estar firmadas y claras y deben ser respetadas para generar un marco de confianza en nuestro país", indicaron en medio de semanas marcadas por la volatilidad financiera y donde la brecha cambiaria volvió a niveles del 50%.

Las entidades del G6 entienden que el acuerdo "colaborará para restaurar la credibilidad" del país que está "frente a una oportunidad" que actores políticos, económicos y sociales, "deben aprovechar y trabajar para que el rumbo planteado y acordado les dé prosperidad a todos los argentinos".

Para CAME, el pacto "pone en evidencia la necesidad de reestablecer puntos de diálogo genuino, basados en el natural escenario de la política, que tengan como fin anteponer el progreso del país por sobre los intereses sectoriales". La entidad abogó por "consenso político" y consideró que "los desencuentros que llevaron a la Argentina a la crisis que hoy atraviesa la sociedad"

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La entidad que nuclea pymes apuntó la que Constitución garantiza "la libertad de comerciar, el impulso a la educación y el respeto por la propiedad privada, entre otros aspectos, han quedado nuevamente de manifiesto en el Pacto".

IDEA abonó al "acuerdo amplio entre distintos sectores" y consideró que "todo Gobierno elegido democráticamente debe contar con un marco legal y con herramientas necesarias para poder llevar adelante su plan de forma más sostenible".

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La entidad destacó los puntos de mayor coincidencia, como el equilibrio fiscal. "Hace años que sostenemos que el equilibrio, la eficiencia y la sostenibilidad del gasto público deben ser prioridad para cualquier Gobierno". Sobre la reforma laboral, apuntaron a "contar con una legislación moderna y que promueva el trabajo formal".

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De cara a la reforma tributaria, plantearon que se necesita "un sistema simplificado que incluya impuestos equitativos, progresivos y eficientes, que no afecten las decisiones de inversión del sector privado y de consumo de toda la sociedad". 

En ese marco, plantearon que se debe "rediscutir el sistema de Coparticipación Federal de Impuestos, que actualmente provoca injusticias para algunas provincias y pocos incentivos para que el resto genere ingresos genuinos y sustentables".

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Por su parte, la Coordinadora de Industrias Alimenticias (Copal) también abogó por "construir un consenso nacional" para "desplegar el potencial de los diferentes sectores industriales, promover el comercio y fomentar el crecimiento económico" y aprovechó para pedir que se defina un plan industrial.

"Es una oportunidad crucial para establecer una agenda de políticas de estado que favorezcan el desarrollo industrial y productivo del país", indicó la entidad que históricamente dirigió Daniel Funes de Rioja, hoy titular de la UIA. 

Las ausencias del pacto, en ese marco, inquietan al sector privado. "Resulta imprescindible contar con el compromiso de todos los actores involucrados, en pos de sentar las bases de acuerdos que impulsen reformas estructurales y políticas sostenibles a largo plazo", agregó la Copal.