Los “Paradise Papers”, el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán que confirmó los procesamientos de la causa “Eudal” y el pedido de detención del ex rector Juan Alberto Cerisola y del ex secretario Administrativo, Luis Sacca, resonaron en la última sesión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). El máximo órgano de gobierno universitario resolvió por unanimidad reactivar la comisión especial para profundizar la investigación por el presunto manejo irregular de los fondos mineros que la UNT recibió de Yacimientos Mineros Aguas del Dionisio (YMAD).

La decana de Derecho, Adela Seguí, pidió la palabra a la rectora Alicia Bardón y propuso sobre tablas al comienzo de la sesión el proyecto de resolución para volver a conformar una comisión especial que investigue las regalías de YMAD. La iniciativa requiere también a los directores representantes de la UNT en YMAD (Alfredo Grau y Faustino Siñeriz), información sobre el resultado de la investigación penal acerca de la presunta venta de oro de esa sociedad de manera irregular. El último punto de la propuesta aprobada solicita documentación detallada sobre los montos declarados como pago de regalías de la firma multinacional Glencore (dueña del 50% de las acciones de la minera La Alumbrera), sospechada de lavado de activos y señalada por poseer cuentas en paraísos fiscales en Islas Bermudas y en Caimán.

“Estamos obligados a tomar una decisión por el daño a futuro de los estudiantes. No podemos delegar la investigación completamente en la Justicia”, puntualizó Seguí.

Luego nombró los diferentes hechos por los que Cerisola, Sacca, Olga Graciela Cudmani (encargada de la Dirección General de Construcciones al momento de los hechos) y Osvaldo Venturino (ex director de Inversiones y Contrataciones de UNT) son imputados por presunta administración fraudulenta. “Los decanos somos administradores de fondos públicos y sabemos cómo se toman las decisiones sobre los dineros de la Universidad. No me imagino a nadie dando órdenes por teléfono o verbales a los funcionarios, y que el personal acate los: ‘fulanita depositame $ 200 millones en tal cuenta’. Imagínense esa situación escandalosa. Ha habido más de 100 depósitos en plazos fijos; eso significa que el ex rector y un grupo de funcionarios vivían para esto. Sabemos que en una administración pública con un mínimo de conciencia de cumplimiento de la ley esto no podía haber ocurrido; algún funcionario le tendría que haber dicho al ex rector que eso no se podía hacer”, arremetió la decana de Derecho.

El consejero por los Graduados, Ricardo Cisneros, despotricó contra las supuestas irregularidades investigadas durante el mandato de Cerisola (2006-2014). “Siento una profunda vergüenza. Los ilícitos denunciados y tomados en cuenta por la Cámara Federal han sido cometidos necesariamente por un grupo de personas confabuladas para cometer fraude contra la administración pública. Coincido con Seguí: debemos tener una comisión que investigue estos casos. Nos hemos quedado callados (en el pasado); quiero saber qué pasó con cada peso, quién se lo llevó, quién participó de los manejos y si fue al bolsillo de esos cuatro imputados o a los bolsillos de quién”, arremetió.

La causa “YMAD” data de 2010. Se inició por la denuncia penal de Ramón Eudal. Luego fue incorporando expedientes por otros planteos, como el efectuado por el abogado Oscar López por presuntos sobreprecios en la ejecución de obras en instalaciones universitarias. Hace dos semanas se conoció que la Cámara Federal de Tucumán había rechazado la apelación presentada en 2016 por los defensores de los imputados.

El fiscal federal general Gustavo Gómez presentó hace una semana un recurso de aclaratoria para solicitar la detención del ex rector Cerisola, del ex diputado radical Sacca y de los funcionarios Cudmani y Venturino.

“No podemos decir que son sólo cuatro los responsables, acá muchos han mirado hacia otro lado. Debemos ir al hueso. La cadena de funcionarios es larga. Cuando la platita llegaba todos miraban para otro lado”, cuestionó la consejera estudiantil Florencia Larrea.

Tras la votación, los consejeros definieron quiénes integrarán la comisión, que tendrá 60 días hábiles para emitir un informe: los decanos de derecho y Exactas Seguí y Sergio Pagani (debe confirmar, porque se encontraba ausente); los profesores Hugo Gani, Claudia Hillen y Eduardo Triviño; los estudiantes Larrea y Agustín del Pero; la no docente Graciela Navarro; y el egresado Cisneros.