En este marco también hizo referencia a la forma que tendría que buscar el gobierno provincial para hacer frente no solo a dicha deuda si no también al aumento salarial otorgado a los integrantes de la Policía y a los demás trabajadores estatales.

Para Carlos Aramayo “sobre la deuda que las provincias tienen con Nación lo que se debe exigir es la condonación lisa y llana, en razón de que toda esa deuda proviene de la década de los 90, época en la que el gobierno de Menem fue quitándole recursos a las provincias a través de los Pactos Fiscales, I y II, y las provincias agravaron sus déficit fiscales”.

Explicó que “por ello y para hacer frente al gasto público la mayoría de las provincias, entre ellas Jujuy, tomó créditos de los Bancos en dólares, porque estábamos en la convertibilidad de un peso por un dólar y las Legislaturas aprobaron esto con el apoyo de la oposición”. Agregó que “la deuda con los Bancos se pagaba mediante retención automática de la coparticipación en Buenos Aires, con tasas de interés del 25 al 30 % anual, lo que era un gran negocio del capital financiero. Cuando estalló el país con el Argentinazo de diciembre del 2001 los Bancos también entraron en el corralito y cuando se salió, en agosto del 2003, Néstor Kirchner les pagó a los Bancos toda la deuda con el Bono Garantizado 2018 (BOGAR 18) y la Nación se hizo cargo de las deudas provinciales, razón por la cual hoy siguen siendo deudoras del Banco Nación”.

Indicó que “en el 2010 Cristina Fernández de Kirchner les otorgó a las Provincias deudoras un período de gracia por dos años que vencía el 31 de diciembre de 2011, cuando se estaba por vencer lo volvió a prorrogar por otros dos años, es decir hasta el 31 de diciembre del 2013, ahora hay que empezar a pagar”.

En este sentido, Carlos Aramayo mencionó que Jujuy este 2014 “tendría que pagar entre amortización del capital e intereses, aproximadamente 375 millones de pesos, pero si se exige la condonación es un ahorro importante pero poco significativo si se lo relaciona con el total del gasto público programado para el 2014 que según el presupuesto aprobado será de unos 13.700 millones de pesos, es decir que estamos hablando del 2,7 % del total de las erogaciones programadas”.

“Pero el hecho que se programe una prorroga de sólo tres meses, la cual habría que empezar a pagar en abril 2014, es más una forma de presión o chantaje para alinear a los gobernadores en la política que decida el gobierno kirchnerista. De allí la importancia de insistir en la condonación de toda la deuda, por el origen que tuvo y porque no puede ser jamás un instrumento de extorsión, para colmo disfrazado de magnanimidad federal”, aseguró Aramayo.

Sumado a este escenario, el gobierno de Jujuy en los próximos meses debe afrontar el pago del incremento salarial a los policías y las demandas que realizan los otros sectores de trabajadores estatales, por ello, Carlos Aramayo realizó un análisis del futuro de nuestra provincia, manifestando que “para hacer frente a los aumentos pactados con la policía, que ya tienen efecto dominó sobre el conjunto de los empleados públicos del país, debemos tener en cuenta que en Jujuy para superar la línea de pobreza se necesitan 8.700 pesos, por ello es justo el reclamo, ahora tendrán que demostrar voluntad política para cumplir con el acuerdo y para aumentar la recaudación de tributos provinciales para así cobrarle más impuestos a los monopolios, a las empresas extranjeras y a los grandes terratenientes que se llevan lo principal de la riqueza argentina y que en Jujuy son un grupo reducido de no más de 10 empresas”. Añadió que “al mismo tiempo hay que exigir a Nación que aplique las Ley 23.548 de Coparticipación Federal en su texto original de enero de 1988, a través de la cual a las provincias les correspondía el 56% de la distribución primaria de todos los recursos tributarios y a la Nación le correspondía el 43%, ya que el 1 % se constituía como Fondo para Aportes del Tesoro Nacional. Hoy la Nación, después de innumerables leyes y decretos que modificaron la Ley 23.548, desde el gobierno de Menem en adelante, se queda con el 72 % y le gira a las provincias solo el 28 %. Hoy dar vuelta esta injusticia puede ser un camino para recuperar algo de autonomía provincial, cuestión que hoy es letra muerta en la realidad nacional”, concluyó.