Investigan el presunto uso de fondos de la UNT en 2009 para la campaña electoral del radical.
“Es algo que está siendo armado para desprestigiar a José Cano y a Silvia Elías de Pérez con toda mala intención”, señaló Juan Andrés Robles, abogado del titular del Plan Belgrano, en referencia a la causa que se tramita en la Justicia Federal por el presunto uso de fondos de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) en las campañas políticas de 2009. La denuncia fue presentada por el ex legislador kirchnerista Gerónimo Vargas Aignasse.
Ayer, Robles presentó ante el juez federal N° 1, Daniel Bejas, un planteo de recusación en contra del fiscal federal Pablo Camuña. Según explicó el dirigente radical, se fundamenta en que Cano había denunciado a Camuña por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” en 2013. La UCR lo acusaba de haber dado protección aCésar Milani (ex jefe del Ejército durante el último tramo del kirchnerismo) al solicitar el archivo de una denuncia penal que lo involucraba en la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo.
“Es gravísimo que un fiscal haya tomado conocimiento de las personas que, eventualmente, puedan estar implicadas, y que lo mismo siga investigando”, manifestó Robles. Hasta tanto Bejas resuelva este planteo (debe remitirlo a Camuña para que emita su opinión) la pesquisa continúa.
En la presentación de la denuncia, se señala que desde la Secretaría de Extensión de la UNT se habría pagado la distribución de votos de Cano para su campaña a senador nacional en 2009. En el mismo texto solicitaban la acumulación de esa denuncia a la causa en contra del ex rector, Juan Cerisola, y el ex diputado radical, Luis Sacca, por uso de los fondos mineros provenientes de YMAD. Además, el denunciante solicitó varias pruebas que, según entiende, permitirían sostener que tanto Cano como Elías de Pérez y Sacca “se habrían valido de fondos destinados a la educación pública para costear sus campañas electorales y que pretenden ahora erigirse en paladines de la moral pública y constituirse en paradigma de la honestidad”.
Robles explicó: “Supuestamente, desde la Secretaría de Extensión Universitaria se habría contratado el servicio de correo de la empresa Flash para el reparto de estos votos. Hay que decir que esa empresa es del marido de Carolina Vargas Aignasse”, argumentó Robles. Este dato, según el abogado, es lo que da pie para pensar que la causa no tiene otro motivo que desprestigiar a su cliente.
Además del planteo de recusación, los abogados Juan Roberto Robles y Juan Andrés Robles también presentaron un escrito formal constituyéndose como defensa. Esto fue luego de que Bejas consignó que no podía dar trámite al planteo de recusación hasta que no se cumpliera ese paso. Robles agregó que también solicitaron “la participación en las medidas de prueba para que no se vulnere el derecho de defensa del cliente”.
A su vez, explicó que también habían recusado a Poviña porque consideran que hay “una enemistad manifiesta entre el juez y Cano”. En realidad la causa primero había ingresado al juzgado federal de Poviña, pero fue remitida a mesa de entradas porque, por el turno, correspondía a Bejas.
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