Por César Pucheta

“El único pacto que aceptamos en la provincia de Buenos Aires es el que defiende el federalismo, la industria, el trabajo y los recursos nacionales, el que garantiza los derechos y el bienestar de los bonaerenses”. Con esas palabras, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, marcó las distancias con el resto de los representantes provinciales y nacionales que firmaron con Javier Milei el acta del Pacto de Mayo, rubricado en julio, más precisamente en la medianoche del lunes en Tucumán.

Kicillof fue uno de los cinco mandatarios que decidieron no acudir a la convocatoria del Presidente, que se vino postergando desde el 25 de mayo y que tenía como condicionamiento fundamental la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal al que los representantes del gobierno bonaerense se opusieron desde el minuto cero.

“Trabajar por una Patria justa, libre y soberana donde todos puedan construir su futuro es la forma de luchar hoy por nuestra independencia”, sentenció Kicillof casi en paralelo al acto en Tucumán al que tampoco asistieron el pampeano Sergio Ziliotto, el riojano Ricardo Quintela, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán; y el de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

Para afirmar su postura, el bonaerense acompañó su posteo en las redes sociales con un registro del acto que el pasado 1 de mayo lo tuvo como protagonista en la quinta 17 de octubre en San Vicente. Allí, Kicillof había definido a Milei como un Presidente “que ataca al federalismo, y que agrede los derechos del pueblo y las instituciones de la democracia”.

En su mirada un pacto necesita de un acuerdo de las partes que no estuvo presente en el texto que el Gobierno libertario redactó en soledad. El propio Milei había leído los puntos del acta que rubricaron 19 gobernadores el pasado 1 de marzo, cuando encabezó la Asamblea Legislativa que dio comienzo a las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación luego del fracaso de la versión original de la Ley Bases que había planteado a comienzos de la gestión.

“Cuando en el 73, Perón propuso el pacto social, lo hizo luego de deliberar con los sectores, consensuar e incluir a todos ellos: a la industria, el campo, el movimiento obrero y al Estado. Y el primer objetivo del pacto social fue alcanzar una participación de los asalariados del 50% en el ingreso nacional, en un lapso de cuatro años, incrementando los salarios reales de la masa obrera argentina”, dijo entonces Kicillof que tomó el recuerdo del tres veces Presidente, a 50 años de su muerte, para contrastar con Milei.

“En la misma línea, nuestro único pacto es con el pueblo, es con la patria y no lo vamos a traicionar por una foto”, sentenció el gobernador, que cumplió y no fue a Tucumán.

La posición de Kicillof

Al igual que Milei, el gobernador de la provincia más grande del país enumeró en marzo una serie de puntos sobre los cual considera necesario avanzar en lo que respecta a la gestión del Estado y, sobre todo, a la defensa de los intereses bonaerenses.

Fue en la apertura de las sesiones en la Legislatura bonaerense, donde Kicillof aprovechó su mensaje para la puntualizar siete aspectos que quería sentarse a negociar con la administración libertaria. Allí, pidió por:

La inmediata reactivación de la obra pública, frenada caprichosamente y que afecta a los 135 municipios de la Provincia.El respeto por el federalismo y la inmediata reposición de los fondos "vengativamente quitados" a las provincias argentinas.La devolución de los Fondos del Fonid, para los salarios docentes, de los fondos para universidades y para el transporte.La urgente distribución de los recursos destinados a los comedores escolares y a los medicamentos.La derogación del DNU “ilegal e inconstitucional según todos los especialistas, de todas las vertientes”.El firme rechazo al “delirante proyecto de dolarización, que debilitaría la soberanía monetaria, multiplicaría la desigualdad y favorecería solamente al narcotráfico”.El dragado del Canal Magdalena. “Lo que significa el respeto y la defensa irrestricta de nuestra Patria y nuestra historia con el firme reclamo de soberanía de nuestras Islas Malvinas”.

Con el correr de los meses, no sólo que ninguno de esos puntos fue incorporado a la agenda oficial sino que casi todos son parte de los constantes tironeos entre la administración provincial y la Nación, que ya incluyeron demandas ante la Corte Suprema de Justicia y acciones políticas para intentar paliar cada una de las situaciones que Kicillof define como urgentes.

En esos reclamos, de hecho, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires ha comenzado a buscar estrategias conjuntas con otros distritos del país. El último lo llevó puntualmente a La Pampa, donde firmó una serie de acuerdos para coordinar acciones que cruzan transversalmente a las acciones de gobierno de ambas provincias.

Siempre echando mano a la bandera del federalismo, Kicillof dijo el 1 de julio que “el Presidente ni siquiera cumple su pacto básico con la Constitución Nacional”, y lanzó un aviso: “Cuando deje de agredir, cuando nos devuelva a las provincias los recursos que nos sustrajo, cuando deje de poner al país al riesgo de romper relaciones con sus vecinos y socios comerciales, cuando deje de ahogarnos financieramente, cuando deje de atacar al pueblo… bueno, recién ahí se podría hablar de acuerdo”.

El RIGI y el GNL, la pelea que viene

Con la foto del Pacto de Mayo sin Kicillof, el gobernador ahora se encuentra en una encrucijada que le plantea la aprobación de la Ley Bases y la presión que los sectores aliados al gobierno nacional empiezan a ejercer sobre la administración para que, puntualmente, la Provincia adhiera al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Un grupo de diputados libertarios encabezados por Agustín Romo ya presentó un proyecto de declaración para solicitar dicha adhesión y hasta el presidente de YPF, Horacio Marín, llegó a advertir que si la provincia no lo hace, la planta de Gas Natural Licuado que se proyecta construir junto a Petronas, se instalará en Río Negro. 

Esa declaración brindada al programa que Carlos Pagni conduce en LN+ parece casi exclusivamente destinado a generar ruido político, porque hasta donde pudo establecer Buenos Aires/12, la empresa Petronas mantiene la intención de instalar la planta en Bahía Blanca, que ya posee con la infraestructura necesaria para hacerlo en contraposición al proyecto de Punta Colorada, en la provincia sureña, que demandaría una mayor inversión y costos logísticos.

En las últimas horas, la presión empezó a profundizarse. Descubriendo la postura de una parte del PRO aliado al gobierno, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, anunció el envío de un proyecto al Concejo Deliberante para que el municipio se diera al RIGI. “Ojalá la Provincia de Buenos Aires también se sume”, escribió en la red social X, donde arrobó, sin contexto alguno, al presidente Milei.

En paralelo el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, presentó un proyecto para que el legislativo de su provincia haga lo propio. Con el apoyo de todo su gabinete, el gobernador pidió que la Legislatura trate el proyecto de modo “urgente”.