Desde que rige el Decreto 1172 de Acceso a la Información Pública, que Néstor Kirchner dictó en 2003, el Gobierno siempre facilitó la información sobre los gastos en publicidad oficial. Sin embargo, ayer se conoció que el 19 de enero el Jefe de Gabinete se negó a difundir esos datos, en respuesta a dos pedidos de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Poder Ciudadano.

Por eso, ADC presentó un amparo en un juzgado contencioso administrativo "para que se nos dé esa información", explicó ayer el director ejecutivo de la organización, Alvaro Herrero. Y agregó, que "es la primera vez que se nos negó el acceso a esa información, con un argumento totalmente inverosímil, como que la publicidad oficial son datos personales, cuando todos saben que es un contrato público".

Es que en una nota firmada por Aníbal Fernández, el Gobierno dijo que la información sobre los gastos del segundo semestre en publicidad oficial están preservados por ser "datos personales" que "sólo pueden ser cedidos para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del cesionario, previo consentimiento del titular de los datos".

Según el director ejecutivo de ADC, la decisión del Gobierno implica "la judicialización de todos los pedidos sobre publicidad oficial, lo cual torna dificultoso el acceso a la información pública". Además, Alvaro Herrero mencionó que la Subsecretaría para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia, que se ocupa de brindar esa información, fue desmantelada cuando el Gobierno decidió reemplazar a fines del año pasado a Martha Oyhanarte por la ex senadora mendocina Marita Perceval. "Sacaron a todo el personal contratado que había en esa área y que estaban capacitados en acceso a la información. Entonces, hubo un retroceso severo en una política pública que había sido implementada por Néstor Kirchner en 2003 y que nosotros siempre aplaudimos", dijo Herrero.

En el mismo sentido se expresó la directora de Libertad de Expresión de ADC, Eleonora Rabinovich, quien aseguró que "la negativa del Poder Ejecutivo a brindar información sobre los gastos efectuados en materia de publicidad oficial constituye una inadmisible violación al derecho constitucional de acceso a la información pública". Según Rabinovich, "durante años la entrega de esa información por parte del Poder Ejecutivo permitió a las ONGs y a los periodistas monitorear la utilización de la publicidad del Estado. Detectamos que los gastos aumentaban año tras año de modo exponencial, multiplicando una caja de uso discrecional". Por ejemplo, en el primer semestre de 2009 el Gobierno había gastado $622 millones, un 243% más que en igual período del año anterior. Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica, Patricia Bullrich, presentó ayer un proyecto para crear una subcomisión para monitorear el acceso a la información pública, en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Baja. Esta iniciativa "surge en momentos" en que "la Jefatura de Gabinete" se negó a "contestar los requerimientos presentados" por Poder Ciudadano y ADC, dijo Bullrich.

Y la SIP denunció ayer en su Informe sobre Libertad de Expresión, que esto "marca una nueva arbitrariedad en un terreno donde el manejo discrecional del Gobierno ya había sido cuestionado".