El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, anunció un recorte de la ayuda al combate al narcotráfico en Centroamérica, al tiempo que prometió blindar la frontera a las drogas y la migración ilegal, en una reunión en Miami con líderes de Guatemala, El Salvador y Honduras. En la Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad en América Central que se celebra hasta el viernes en Miami, Mike Pence también anunció que viajar  este año a América Central y del Sur, en una fecha que no precisó, “para seguir realizando el buen trabajo que se ha estado haciendo’’.

Dijo que el gobierno del presidente Donald Trump dispondrá de 460 millones de dólares para la asistencia a los tres países centroamericanos, conocidos como el Triángulo Norte. Pero esta cifra, que aún debería ser aprobada por el Congreso para el presupuesto 2018, es bastante menor a los 650 millones de asistencia al Triángulo Norte aprobados bajo la presidencia de Barack Obama para 2017. 

Esta reducción forma parte de un plan de fortalecer la frontera y reducir la inmigración ilegal.“Nos aseguraremos de que nuestras fronteras están cerradas para aquellos que busquen hacernos daño y de que sean infranqueables para las drogas que están asolando nuestras familias y comunidades’’, dijo Pence. 

Puso el caso de Venezuela –que enfrenta una grave crisis humanitaria, política, económica y social– como ejemplo de las consecuencias de no atender los problemas de la región.“Sólo tenemos que mirar a Venezuela para ver lo que sucede cuando una democracia se debilita’’, dijo. “El colapso hacia el autoritarismo de una nación que antes era rica la ha sumergido en la pobreza y ha causado un sufrimiento indecible al pueblo venezolano’’.

A la conferencia también acuden delegados de Belice, Canadá , Chile, Colombia, Costa Rica, la Unión Europea, Nicaragua, Panamá  y España. 

Estados Unidos ha sugerido que Canadá y Europa deben aumentar su mayor participación en los esfuerzos contra las drogas. “Buena parte del producto que llega a través de Centroamérica en las rutas del tráfico da un giro hacia la derecha y se dirige a Europa Occidental’’, dijo William Brownfield, secretario de Estado adjunto.

Desde que el presidente Richard Nixon declaró la guerra contra las drogas en 1971, la batalla ha estado lejos de dar resultados. Sin embargo, Brownfield –quien se ocupa de los esfuerzos antinarcóticos– cree que se han hecho progresos. A través de la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI, un derivado de la Iniciativa Mérida que atiende a México), implementada en 2008, Estados Unidos ya ha invertido unos 1.000 millones de dólares para combatir el narcotráfico en el Triángulo Norte.

Según datos de las respectivas policías, los tres países registraron 15.809 muertes violentas en 2016, o 50,6 por cada 100.000 habitantes. 

Esta violencia es adjudicada en gran parte a la impunidad y las pandillas, además del papel de la región como un lugar de paso en el tránsito de las drogas hacia Estados Unidos. “Lo que sucede en los países del Triángulo Norte afecta directamente la seguridad y el interés económico de Estados Unidos y otros países de la región’’, dijo Tillerson al abrir la plenaria.

Los países del Triángulo Norte se tornaron foco de las atenciones de Estados Unidos después de una oleada migratoria en 2014. Cerca de 100.000 menores sin acompañantes adultos llegaron a Estados Unidos desde El Salvador, Guatemala y Honduras entre octubre de 2013 y julio de 2015, huyendo de la violencia, las pandillas, la extorsión, la pobreza y la falta de oportunidades. 

“Una Centroamérica convulsa, con falta de oportunidades, con violencia, es un riesgo tremendo para Estados Unidos, para México y para la región’’, dijo el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. El vicepresidente de El Salvador, Oscar Ortiz, y el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, también asisten a la cita. Para los tres países centroamericanos es fundamental garantizar que la Casa Blanca mantenga el Estatus de Protección Temporaria (TPS, en inglés) a los ciudadanos de esos países en Estados Unidos. Mediante las remesas de dinero a sus familias, esas comunidades tienen un papel central en las economías de los tres países centroamericanos: se estima que en El Salvador y Honduras esas remesas representen más del 15 por ciento del PIB.

Frente a la sede de la Conferencia, en la Florida International University, un centenar de personas se manifestó en contra de Trump y por los derechos de los inmigrantes. “Mientras ellos están aquí discutiendo economía, nosotros queremos enviarles el mensaje de que somos el motor de la economía, que merecemos un camino a la ciudadanía y la renovación del TPS’’, dijo Marleine Bastien, directora de Mujeres Haitianas de Miami.