La comunidad de Luján, la iglesia católica a traves del obispo y sacerdotes, las organizaciones sociales y políticas, cooperativas de trabajo y hasta los barrios privados cercanos al vertedero a cielo abierto son algunas de las voces que a lo largo de los últimos años se pronunciaron en favor del proyecto de construcción de un Centro Ambiental de reciclado financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo.

La obra quedó inconclusa desde noviembre cuando la empresa EVA S.A, ganadora de la licitación, decidió retirarse del predio de la vieja Estación Sucre. Aún disponiendo de los fondos internacionales y con la promesa del subsecretario de Turismo, Deporte y Ambiente, Daniel Scioli de “cerrar el basural”, no se registra movimiento en el predio.

Tiempo atrás la obra sufrió varios parates por órdenes judiciales y tras denuncias de los empresarios Reyes Terrabusi y Novelle que sostienen -sin argumentos ni pruebas- una demanda sobre la que debe resolver la Corte Suprema de la Nación.

Ahora, se suma una voz relevante que se pronuncia en favor de la reconversión. Se trata de la Defensoría del Pueblo de la Nación que recientemente publicó un extenso documento en el que concluye que la mejor solución es “la pronta reanudación de las tareas para que cesen las vulneraciones de los derechos de las personas”.

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En el documento titulado “Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de Luján: Riesgo Ambiental y Derechos Humanos”, la Defensoría reconoció el labor del municipio en la reducción en la generación, separación en origen y recuperación de reciclables y pidió que los esfuerzos en ese sentido sean “complementadas por acciones de mayor escala”.

“Esta Defensoría considera que deben arbitrarse todas las medidas necesarias

para garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos aquí involucrados: a la salud,

a la educación, al acceso al agua, entre otros, y en definitiva a una vida digna”, concluye el informe.

En el análisis realizado por la Defensoría se destaca la necesidad de dar solución al riesgo ambiental derivado del basural” y aseguran que “no genera controversias entre los distintos grupos sino que, por el contrario, es un reclamo común”.

El documento de la Defensoría del Pueblo de la Nación se suma así las voces en favor de la reconversión que deberá analizar la Corte Suprema a la hora de resolver el caso. Del mismo modo, ya se pronunció la Defensoría del Pueblo de la Provincia oportunamente en los tribunales de Mercedes, donde se originó la causa.

Sin plazos para resolver, la decisión final del Poder Judicial podría llegar en cualquier momento, mientras tanto rige la resolución del juez de primera instancia que habilitó la continuidad de las obras. El obstáculo principal está en la Casa Rosada desde donde deben articular resortes para recontratar a una empresa que culmine las obras que la constructora EVA S.A dejó inconclusas.