David Correa

El gobierno provincial de Jujuy no logra desactivar los conflictos por pedido de aumento salarial de la docencia y los cuestionamientos a la nueva Constitución. La jura de la nueva carta magna el Día de la Bandera, en medio de una feroz represión en las afueras de la Legislatura por una manifestación que irrumpió en el edificio, pareciera haberle conferido legalidad más no legitimidad social. La persistencia de los cortes de rutas de comunidades originarias a lo largo de la Quebrada de Humahuaca y en la llanura provincial, son las expresiones de un descontento social que no pudo ser neutralizado y que pareciera no tener fin, al menos en el corto plazo.

A una semana de las escenas de violencia que se vieron en todo el país, las calles de San Salvador de Jujuy volvieron a ser el escenario de una multitudinaria “marcha de antorchas” que estuvo encabezada por la dirigencia de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), el gremio de los maestros primarios, que el fin de semana rechazó el aumento salarial que ofreció el gobierno, de un mínimo de bolsillo de $ 200.000. “Hemos vuelto, hemos vuelto, todos juntos, de la mano de maestros”, se cantó en la plaza Belgrano, frente a la Casa de Gobierno.

“Se votó por unanimidad en contra del ofrecimiento por insuficiente, porque nuestras bases entendieron que para llegar a esa cifra no se modificaban ítems de fondo. Sigue el paro por tiempo indeterminado, estamos abiertos al diálogo y aclaramos que persiste el reclamo en contra de la reforma de la Constitución”, expresó a elDiarioAR, la secretaria general Silvia Vélez. En el caso del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), el otro gremio que movilizó por una suba salarial, en una reñida asamblea -220 a 214- aceptó el ofrecimiento del gobierno. “Aclaro, tanto por mí como por la comisión directiva, que bajo ningún punto de vista vamos a dejar nuestra pelea contra la reforma constitucional y seguiremos junto a nuestros compañeros y compañeras de ADEP, que siguen con la medida de fuerza”, sostuvo a este medio Mercedes Sosa, secretaria general.

Mientras el gobernador Gerardo Morales -precandidato a vicepresidente en Juntos por el Cambio (JxC) en fórmula con el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta- protagoniza los primeros actos de campaña camino a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), al irresuelto conflicto salarial docente jujeño se le sumó el reclamo de los pueblos originarios. “Han sido en vano los diálogos informales porque los pueblos originarios han puesto en la superficie una cuestión de fondo, como es la tenencia de la tierra. Entienden que sus derechos están en riesgo con la nueva Constitución y por las políticas a favor de la minería que puso en marcha el gobierno, incuestionables hasta ahora que el pueblo salió a las calles”, reflexionó ante elDiarioAR un diputado provincial de extracción radical, crítico de algunas políticas de Morales. Los bloqueos persisten en Tilcara, Uquía, Purmamarca, San Roque, Abra Pampa, La Quiaca, Susques, Coranzulí, El Pongo, Huáncar, Cauchari y en el ingreso a la minera Exar.

El martes por la tarde se realizó una asamblea de comunidades originarias y docentes en el corte de ruta en Purmamarca. Allí se decidió continuar con las medidas de fuerza y permitir el paso de vehículos cada tres horas y por el lapso de 30 minutos. Desde ese lugar, la docente Estela Mamani, maestra primaria en Perico, explicó los motivos que la llevaron a seguir con los reclamos. “Estamos abrazando la causa de los pueblos originarios hermanos porque sus causas son las nuestras, frente a una reforma constitucional que vulnera derechos humanos y por eso es rechazada en las calles y rutas por el pueblo. Están en riesgo la soberanía, el agua y los territorios”, manifestó. “Los docentes enseñamos derechos humanos y esta es una manera de enseñar. Además, le pedimos al gobierno que dialogue, que llame a una paritaria de verdad porque vivimos en democracia. Quisiéramos estar en las aulas pero estamos en la ruta porque este gobierno provincial nos obligó ante la falta de diálogo, sólo quiere imponerse”, agregó.

Como respuesta política, en medio de este escenario de conflicto, integrantes del bloque Frente Cambia Jujuy de la Cámara de Diputados provincial, la versión local de JxC, presentó el lunes un proyecto para conformar una comisión investigadora para “esclarecer los hechos delictivos” ocurridos el día de la jura de la nueva Constitución. Alberto Bernis, presidente del bloque radical, en sintonía con la versión del gobierno provincial, sostuvo: “creemos que hubo una intencionalidad política, hemos visto mucha gente de afuera de la provincia de Jujuy, a muchos militantes, a muchos delincuentes que vinieron con la intención de oponerse y romper todo, y provocar un golpe de estado”.

La respuesta no se hizo esperar. Este martes se concretó una conferencia de prensa de la Multisectorial en contra de la reforma constitucional. El espacio ya existía pero se revitalizó por la incorporación de la Intergremial provincial, referentes de comunidades originarias y dirigentes de productores gauchos de Perico, de la zona de Finca El Pongo, en donde persiste uno de los cortes, sobre la ruta nacional 66, bajo una fuerte presencia de policías de la provincia. Santiago Seillant, secretario del Interior del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (SEOM), manifestó que la comisión que pretenden constituir los legisladores carece de legitimidad. “Nació amañada, es imposible que lleguen a una conclusión que no sea diferente a lo que ya sostiene el gobierno de la provincia. Si de verdad quieren investigar, deberían sumar a organismos nacionales e internacionales”, dijo. Aclaró que el principal objetivo de la Multisectorial es lograr que caiga la reforma. “Consideramos que la reforma estuvo planteada a espaldas del pueblo, vulnera derechos y no contempla a la ciudadanía jujeña. Detrás de esta expresión que nos ha aglutinado, también hay una necesidad profunda de exponer lo que pasa en Jujuy”, agregó Sosa, secretaria general del CEDEMS.

En las últimas horas se produjo un contrapunto entre el gobernador Morales y el intendente peronista de La Quiaca, Blas Gallardo, reelecto en las elecciones provinciales. El mandatario acusó al jefe municipal en una entrevista en el canal de noticias TN: “El corte de La Quiaca está sostenido por el intendente, que lleva camionetas con plata”. En diálogo con elDiarioAR, Gallardo informó que remitió una carta documento al gobernador para que se retracte sobre sus dichos. “Cree el ladrón que todos son de su condición. Todos saben que este gobierno provincial siempre buscó perjudicar a La Quiaca en sociedad con el PJ empresarial, con proscripciones y estafas. Sus palabras son una ofensa más contra nuestro pueblo que se levantó contra una reforma que carece de legitimidad, es indudable”. Consultado sobre si apoya el corte de ruta, señaló: “Acompañamos a nuestras comunidades originarias, cómo no entender sus reclamos. Asistimos con nuestro personal de salud y con abrigo, frente a un gobierno que no los escucha y que opta por la difamación y hace uso de la violencia institucional. Por ejemplo, sólo nos giran coparticipación para pagar sueldos, ni un peso para obras. Las que concretamos son por tener una administración en orden y por proyectos del Estado nacional”.

Por estas horas, continúa el paro de los docentes primarios y de los gremios SEOM y ATE, que concentran a la mayor cantidad de trabajadores estatales. Mientras, siguen los reclamos en rutas provinciales y nacionales.