La decisión de María Eugenia Vidal de congelar cualquier proyecto para reformar el Instituto de Previsión Social (IPS) generó reacciones en la oposición y pedido para que, de manera formal, el gobierno informe que no avanzará con cambios.

Ayer Clarín precisó que a pesar del "borrador", atribuido al ministro de Economía Hernán Lacunza, a las numerosas versiones y a dichos de Cristian Gribaudo, titular del IPS; la gobernadora ordenó enfriar ese debate y trasmitió que no está en su agenda.

Como no hubo, todavía, voceros oficiales con ese mensaje desde la oposición ratificaron que no acompañarán ningún cambio mientras que el Defensor del Pueblo; Guido Lorenzino, pidió que el gobierno diga oficialmente que no promoverá ningún proyecto para introducir cambios en el régimen del IPS.

En paralelo, se disparó otro debate sobre el "déficit" del IPS, luego de que desde las provincia señalen que en 2017, el organismo tuvo un rojo de 2.600 millones de pesos, producto de la incorporación de casi 50 mil nuevos jubilados.

Según Lorenzino, el gobierno de Vidal tomó como política "no reponer las vacantes que se van generando a partir de jubilar personal", lo que hará que en haga que "año a año el IPS se descompense". Una mirada similar expresa Juan Carlos Juárez, ex diputado especialista en temas previsionales.

"En los últimos años fueron saqueando el IPS, que tiene un montón de bonos". dijo por su lado el diputado Jorge D'Onofrio del Frente Renovador y al igual que el senador Santiago Carrera, del FpV, anticiparon que sus espacios políticos no apoyarán una reforma como la que en diciembre circuló en ámbitos legislativos y sindicales.

"Jubilaron personal y ahora hacen contratos con monotributos con los que, paradójicamente, aportan a la ANSeS en vez de aportar al IPS", apunta un fuente que conoce el funcionario del organismo.

Ese "borrador", que la gobernación desconoció, planteaba una armonización con ANSeS lo que implicaba, entre otras medidas, elevar la edad jubilatoria, en particular a los docentes. También se modificaba, siempre según ese texto que circuló, el cálculo del haber que cobrarían los jubilados y se eliminaba que la actualización de los haberes sea en función de la paritaria de cada sector, como es en la actualidad.

En La Plata insisten que el 2017 fue un año con déficit que se financió con el fondo acumulado que tiene el IPS, que en general está colocado en letras del tesoro provincial. Por ley, el organismo debe prestarse los fondos que tiene por el superávit acumulado, a la provincia.

Según datos del sistema, el IPS tiene 250 mil jubilados y pensionados mientras que la cantidad de activos es más del triple.

Lorenzino apuntó además que el régimen del IPS garantiza derechos a los estatales bonaerenses y que cualquier modificación sería un motivo de crisis entre el Estado y los gremios.