Con la convocatoria del martes pasado, el gobernador Miguel Lifschitz cumplió su propósito de alinear a los partidos por el reclamo de la deuda acumulada de coparticipación.
Con la convocatoria del martes pasado, el gobernador Miguel Lifschitz cumplió su propósito de alinear a los partidos con representación parlamentaria, gobiernos comunales y principales referentes de la oposición, detrás del reclamo de deuda acumulada por descuentos de coparticipación nacional desde 2006 que la Corte Suprema ordenó pagar y el gobierno de Mauricio Macri resiste.
Tras casi dos años de espera, Lifschitz tomó la iniciativa. Calculó en 49.840 millones el monto total de la deuda. Propuso que Nación pague con una transferencia de 15.000 millones en 24 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de 625 millones, aplicando la tasa Badlar sobre el saldo, con vencimiento de la primera cuota en enero de 2018; y con la emisión y entrega de títulos públicos nacionales por un monto de 34.840 millones.
El dinero no aparece
Si bien la convocatoria resultó un golpe de efecto importante en la coyuntura electoral, otra historia es que el dinero y los bonos aparezcan. Hace 20 meses que Nación entretiene a Santa Fe y San Luis (la otra con sentencia de pago) en un reunionismo inconducente.
Las señales desde Casa Rosada no son alentadoras. Días atrás, en una tensa conferencia de prensa en Córdoba, en la que el presidente le exigió en la cara al gobernador Schiaretti bajar impuestos, éste le contestó que los iban a bajar el día que Nación le pagase la deuda. “A vos no te fue mal gordito”, le devolvió Macri parafraseando a Raúl Alfonsín y en relación a que Córdoba es la otra que recibe desde 2016 el pleno de coparticipación por orden de la Corte (aunque como medida cautelar, sin fallo de fondo como Santa Fe y San Luis).
El gobierno puntano, con estrategia diferente, fue menos paciente. En abril “el Alberto” envió una cáustica carta al ministro Nicolás Dujovne en la que presentó una liquidación de 15 mil millones. Instó que le pagasen la parte que Nación ya reconoció y que se dejara en manos de la Corte laudar por el resto.
Clima institucional
Para Santa Fe (y Córdoba tiene números similares) el fallo de la Corte significó recuperar desde diciembre de 2015 mínimo 6.000 millones de pesos anuales que antes se los quedaba Nación.
La iniciativa de Lifschitz repite la de Hermes Binner en 2010 cuando invitó a todo el arco político santafesino a acompañarlo a la audiencia pública en la que la Corte escuchó los argumentos de las partes.
La Casa Gris se encargó de cuidar el clima institucional de la reunión. A la hora del discurso se vio a un Lifschitz aséptico. Dejó de lado los habituales dardos contra el gobierno nacional al tiempo que evitó incomodar a los kirchneristas presentes.
El juego de las diferencias
Entre aquella foto de hace siete años que construyó Binner y la de esta semana se puede hacer el juego de las diferencias.
El kirchnerismo, que en 2009 repudió la demanda contra el gobierno de Cristina Fernández, en esta oportunidad aceptó la convocatoria. Estuvieron el diputado nacional Eduardo Seminara, el intendente José Luis Freyre (Venado Tuerto) y la senadora nacional María de los Ángeles Sacnun. El precandidato a concejal Roberto Sukerman, quien no fue invitado, tomó posición pública a favor del reclamo de Lifschitz.
El Peronismo Federal acompañó a Binner en 2010. Jorge Obeid, que 4 años antes rechazó renovar el pacto fiscal, primer paso para la posterior demanda, estuvo en primera fila. En ese momento de abierto enfrentamiento con Cristina, Carlos Reutemann se sentó en segunda línea, a prudente distancia del gobernador socialista, por la inexistente relación personal entre ambos. Unos metros al costado estuvo Ricardo Spinozzi, senador provincial y presidente del PJ provincial. Ahora, casi extinguido como espacio y absorbido por el macrismo, quedaron las sillas vacías. En el caso de Reutemann, se dijo que la razón es que está fuera del país.
El PRO en años de kirchnerismo fue parte del reclamo. Ahora, puesto a elegir entre los intereses de Santa Fe y el gobierno de Macri, quedó a medio camino. Luciano Laspina, encargado de cuidar la caja del gobierno en la Cámara de Diputados y candidato, condicionó el pago a un ajuste del gasto fiscal y reducción de impuestos, como si Santa Fe estuviera pidiendo un salvataje. El planteo no tiene pie ni cabeza, pero puede ser efectivo en esto de seguir ganando dinero y embarrar la cancha.
José Corral fue el gran ausente en doble condición, como referente de un espacio político y como intendente (el resto estuvo). Relativiza el reclamo con el argumento de que Nación cesó los descuentos de coparticipación. Con respecto a la convocatoria de Lifschitz, la cuestionó por coincidir con la campaña, pero luego como representantes a los diputados Mario Barleta y Mario Marcucci. El primero en 2010 era intendente de la capital por el Frente Progresista. En el caso de Corral hay un detalle que tensiona el doble rol de intendente y aliado de Macri: su ciudad recibiría 700 millones si se pagara la deuda.
El senador Omar Perotti estuvo en 2010 y ahora. Entonces era un diputado más; ahora tal vez sea la figura con más proyección del PJ santafesino. El novel massismo acompañó con Alejandro Grandinetti. Senadores provinciales de todos los palos también se abrazaron a la causa del gobernador.
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