Los propietarios de la empresa Agrocosecha S.RL, Adrián y Gustavo Lapenta, acompañados por sus abogados, expresaron a EL ANCASTI su satisfacción por el fallo de la Cámara Federal de Roque Sáenz Peña que dictó el sobreseimiento en una causa en la que se investigaba a la empresa por el delito de trata de personas. Tras la sentencia opinaron que el caso debe servir de experiencia para otorgar mayor protección a la actividad olivícola . Y pidieron que el Estado tenga mayor presencia para garantizar seguridad a empresarios y trabajadores olivícolas.

Los abogados del foro local Enrique Lilljedahl, Ricardo Angelina y Fernando Navarro que ejercieron la defensa de la empresa coincidieron en señalar que fallo es de gran trascendencia para los empresarios que se dedican a la actividad olivícola por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el empresario y los trabajadores que llegan desde otras provincias. Así recordaron que ante la falta de mano de obra local, los productores están obligados a contratar trabajadores golondrinas que llegan desde extraña jurisdicción.

En esta misma línea, el abogado Ricardo Angelina dijo que "se requiere de una dinámica productiva y a veces los organismos de aplicación no saben fiscalizar de una manera consecuente con la actividad", reflexionó. Y agregó: "Esto trae graves problemas para Catamarca por el desconocimiento de la actividad productiva"

El fallo que benefició a la empresa Agrocosecha concluyó que no hubo ningún tipo de irregularidad laboral en el establecimiento productivo: los trabajadores estaban en blanco y antes del allanamiento habían existido inspecciones de organismos provinciales y el Renatre que aprobaron las condiciones de alojamiento para los trabajadores. Es por ello que los abogados concluyeron que el proceso estuvo viciado de irregularidades como para llegar a investigar a la empresa por el delito de trata de personas. "En Catamarca no hay trabajo exclavo, cada empresario gasta gran cantidad de dinero para sostener la actividad productiva", expresó uno de los hermanos Lapenta.

"Jamás se puede haber confundido esta situación con la trata de personas", agregó Lilljedall al aclarar que el delito que se configuró se trata de la compra y venta de seres humanos. Es por ello que se analizará si se inician acciones legales contra la Provincia de Chaco por los daños ocasionados.