Un grupo de vecinos del Barrio Río Atuel anunció que podría iniciar acciones judiciales contra el Consorcio porque, aducen, no asistió a una reunión con funcionarios del municipio y del gobierno provincial, en la que se analizaba incluir las obras de saneamiento en el plan de mitigación que se lleva a cabo en distintos puntos de la capital pampeana. Los vecinos denunciaron que la autoridades del consorcio ponen palos en la rueda ante los reclamos de obras que solucionen el colpaso de las cloacas y la red de agua potable.

Este jueves los vecinos brindaron una conferencia de prensa en el departamento de la tira 27 que ocupa la agrupación La Poderosa desde hace un año y medio. Allí funciona una biblioteca y hace tres meses comenzó a hundirse el piso. La vecina Marta Bruno hace dos años que se fue a vivir con su madre porque en su departamento se derrumbó una pared y el patio está inundado de desechos cloacales.

“No tenemos respuesta de nadie. El barrio sigue cada vez peor. Se viene el verano y el olor a cloaca es inbancable, hay muchos chicos jugando en los parques en el barrio”, dijo la mujer. Los problemas en las casas, pisos hundidos y paredes rajadas, se concentra principalmente en el centro del barrio. Una de las fuentes de conflicto con el Consorcio es que no permiten el ingreso de los camiones de DAGSA para desobstruir los canales de la cloacas porque con su peso dañan las veredas internas del barrio. “Eso si, las veredas están impecables”, ironizó la vecina. “El barrio tiene 36 años y ya está todo colapsado”, dijo.

El miembro de La Poderosa, Iván Alarcón, mencionó que  el intendente Leandro Altolaguirre se reunió con el ministro de Obras Públicas, Julio Bargero, para solicitarle incluir en las obras del plan de mitigación que se lleva adelante en diferentes puntos de la ciudad, al Atuel. En junio los vecinos ocuparon la banca del vecino en el Concejo y luego los ediles recorrieron el barrio: coincidieron que está en emergencia sanitaria.

“Sucede que el consorcio tiene jurisdicción porque el barrio está sometido a un régimen de propiedad horizontal. Pero en realidad, la mayoría de las viviendas son de Ipav, son viviendas sociales, son del estado. Por eso salimos a reclamar también”, explicó.

“El consorcio siempre se queja de que pagan 150 vecinos. Pero cuando se organizan y está la posibilidad de generar obras para el barrio, ellos no van a las reuniones”, protestó.

El consorcio que encabeza el dirigente del tiernismo Oscar Reinoso faltó a una reunión  organizada con representantes del gobierno municipal y provincial, según mencionó. Por esa razón, aseguró, están analizando presentar alguna acción judicial para forzar una solución de fondo.