Hoy comienza a regir el polémico grabado de autopartes en Córdoba, Río Cuarto y Carlos Paz y luego se hará extensivo a toda la provincia; medida que tuvo que ser suspendida antes de las elecciones a gobernador por el impacto negativo que generó, pero a horas de irse el primer mandatario, José Manuel de la Sota, revirtió su decisión y la puso en marcha a pesar de los cuestionamientos recibidos por parte de la oposición, usuarios e instituciones.

En ese sentido, la Cámara del Comercio Automotor de Córdoba (CCAC), junto con la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC), rechazaron la entrada en vigencia del grabado de autopartes que está a cargo de Grababus, empresa de la familia Sorensen.

La postura de la institución se fundamenta en varios motivos. Por un lado, significa un costo más para el comprador de la unidad, y por el otro, representa una gran inversión para las agencias de usados porque tienen que grabar las unidades en stock; asumiendo la pyme el valor del grabado; incrementando de esa manera la presión impositiva en un contexto complejo para el comercio automotor. 

A su vez, genera una traba burocrática, ya que implica realizar un trámite más a los existentes y en otro lugar, potenciando los riesgos de traslados, costos y los tiempos necesarios para los clientes y para los comercios que deberán asignar una persona específica para cumplimentar este trámite. 

Además, la CCAC considera que es elevado el costo de $ 490 para autos, camiones, camionetas, transporte de pasajeros y cargas; a lo que se suma la falta de cobertura nacional de esta acción y la carencia de antecedentes concretos que permitan suponer con certeza que disminuirán los delitos. Esta problemática es muy difícil de erradicar en la medida que no se implementan acciones federales. 

“La CCAC está a favor de las medidas que otorguen mayor seguridad a la comercialización de vehículos y autopartes; pero considera que este tipo de iniciativas no deben ser costosas ni engorrosas, y deben implementarse de forma simple dentro de los procesos actuales”, dijo Sebastián Parra, presidente de la institución.

A fin de exponer su postura, la CCAC intentó en reiteradas oportunidades reuniones con los funcionarios, pero lamentablemente no se pudo avanzar, ni tampoco fue consultada para que las autoridades se interioricen de la implicancia de esta medida para el comercio automotor.

También los usuarios

“Es un trámite más, que se suma a la verificación policial, a la Inspección Técnica Vehicular (ITV), que demandan horas de espera para poder cumplir con las exigencias del Estado, y un costo extra”, dijo Rodrigo, quien está cerrando esta semana una operación cruzada; es decir, entrega una unidad y recibe otra como parte de pago. 

La opinión de este ciudadano es compartida por quienes son titulares de vehículos, que al momento de vender la unidad deben destinar uno o días hábiles para poder realizar la verificación, ya que desde la madrugada se registran colas en los puestos policiales.

Método cuestionado

La técnica que utilizará la empresa de Sorensen genera dudas. De acuerdo a una denuncia en Internet, a través de un video en YouTube, se muestra como el método de presión de aire con óxido de aluminio utilizado por Grababus se puede borrar utilizando una lija o una amoladora sin dañar la pieza.

Desde la Provincia informaron que “en los peritajes realizados al borrarse con una amoladora el sector previamente identificado, mediante un revenido químico, afloraron los números grabados. En forma similar a lo que sucede con los grabados de motor y chasis, que vienen de fábrica”.