Hernán Cappiello

La Cámara de Casación Penal, que revisa la condena de Cristina Kirchner a seis años de cárcel por corrupción, rechazó la pretensión la expresidenta de citar a declarar como testigo al Procurador del Tesoro Rodolfo Barra, que como abogado particular firmó en 2023 un dictamen que sostiene su inocencia. Sin embargo, los jueces admitieron incorporar ese documento al expediente.

El asunto se planteó en el tramo final del trámite de revisión de la sentencia que realizan los jueces de la Casación de la Sala IV Gustavo Hornos -presidente-, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Los magistrados escucharon este jueves a los últimos abogados argumentar en favor de mantener las absoluciones de sus clientes y establecieron que habrá cinco días hábiles para que la fiscalía presente por escrito unas breves notas y la defensa haga lo propio en el mismo lapso.

El Código Penal prevé una audiencia “de visu”, de conocimiento, para que los jueces conozcan cara a cara a los acusados antes de decidir sobre sus condenas. Por ejemplo, para conocer su edad, su educación, su familia o su salud antes de fallar. Ya tuvo esa audiencia el ingeniero Nelson Periotti y pidió tenerla ahora Raúl Pavessi.

No se sabe si el tribunal dispondrá que Cristina Kirchner participe de esta audiencia antes de decidir si agrava su condena o no.

Cristina Kirchner y Javier Milei

Cuando se cumplan esos plazos, los jueces tendrán desde entonces 20 días hábiles para decidir si confirman la pena; la elevan a 12 años, como pidió el fiscal Mario Villar; la disminuyen o disponen la absolución, como pidió la defensa. Una estimación permitiría arriesgar un fallo para junio o después de la feria judicial de invierno, analizan en tribunales.

En su última intervención, el abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, pidió citar al procurador del Tesoro de la Nación Rodolfo Carlos Barra. Es que Barra es un especialista en derecho administrativo y como abogado particular elaboró un dictamen a pedido de Cristina Kirchner en el que sostiene su falta de responsabilidad como presidenta en los expedientes donde se llamó a licitación para la construcción de obras públicas en Santa Cruz.

Justamente, Cristina Kirchner fue condenada por fraude al direccionar las licitaciones para favorecer a Lázaro Báez con esas obras y convertirlo en multimillonario, para luego recibir parte de esos fondos como retorno.

Barra, que fue juez de la Corte en el menemismo, cobró honorarios por su tarea profesional contratado por la expresidenta, antes de asumir como Procurador del Tesoro de Javier Milei.

Justamente por eso la Oficina Anticorrupción le envió “instrucciones cautelares preventivas” consistentes, justamente, en que se abstenga de intervenir en su función de Procurador en cualquier situación o trámite que involucre a Cristina Kirchner. El dictamen de la Oficina Anticorrupción es reservado, dijeron a LA NACION en el organismo.

No obstante, los jueces admitieron incorporar ese dictamen al expediente para analizarlo cuando tengan que decidir si confirman o no la condena contra la expresidenta. Como contrapartida, el Tribunal rechazó las oposiciones formuladas por el fiscal federal Villar, con respecto a esa prueba.

Ayer culminaron las audiencias de debate ante la Casación para que las partes informen oralmente sus agravios. Expusieron las defensas de Julio Miguel de Vido, Abel Claudio Fatala, Carlos Santiago Kirchner y Héctor René Jesús Garro.

De Vido, Fatala -que fue el segundo de José López en la secretaría de Obras Públicas- y el extitular de la AGVP Héctor Garro fueron absueltos por que se consideró que tuvieron “limitadas intervenciones en el entramado de los hechos probados” y “la inexistencia de un interés particular para procurar –para sí o para un tercero– un lucro indebido con fondos del erario público, y la insuficiencia de pruebas que los coloquen en una clara posición de garantes para evitar el resultado lesivo”.

El exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del expresidente Néstor Kirchner, Carlos Santiago Kirchner, fue sobreseído por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los abogados de todos ayer buscaron rebatir los argumentos del fiscal Villar, que pidió revisar sus absoluciones.