La semana terminó con un amplio saldo favorable para el Gobierno. Las principales reformas (tributaria, laboral y previsional) ya fueron en buena medida consensuadas y en tiempo récord empezarán a discutirse en el Congreso. Pocos esperaban semejante rapidez y los mercados festejaron con subas de bonos y acciones. Pero detrás del festejo y del fortalecimiento político aparece una sombra que empieza a dominar los planes empresarios para el año próximo: todo indica que la economía crecerá menos, y no más como se esperaba, en el 2018.

La actividad se encuentra en su mejor momento. Los datos de septiembre marcan incluso una consolidación de las ventas minoristas y en los shoppings, donde se registró el segundo aumento consecutivo. El consumo así empezó a emerger, tras el golpe recibido en 2016 por el fuerte aumento de la inflación.

 Los aumentos de tarifas y la suba de tasas le restarán capacidad de compra al salario en 2018. Y sin la tracción del consumo, lo único que queda es el repunte de la inversión.

La economía crecerá cerca de 3% este año. Si es una décima más o menos es relevante, ya que en caso de ubicarse en ese nivel o por arriba gatillaría el pago del cupón PBI, agregando unos USD 2.500 millones a los pagos de deuda que el Gobierno tendrá que hacer el año próximo. Además, esa posible erogación no figura en en el proyecto de Presupuesto 2018.

El Gobierno destaca, y hace bien en hacerlo, que por primera vez desde el período 2010-2011 habrá dos años consecutivos de crecimiento. Desde aquel entonces se registró un "serrucho", en el cual la economía crecería en los años electorales (más expansión del gasto) y caía en los que no se votaba (ajuste). Eso provocó que la actividad esté dando vueltas siempre en el mismo lugar. El 2017 no terminará muy lejos de los valores del 2011, pero sin cepo y obviamente con una economía con perspectivas más auspiciosas.

Economistas como Miguel Bein empezaron a recortar sus pronósticos del año que viene a la baja. El consenso hoy está más cerca del 2,5% (en línea con la proyección del FMI) que del 3%. Y casi nadie cree que se pueda cumplir con el 3,5% que Nicolás Dujovne, calculó en el Presupuesto. En la misma dirección opinan otros economistas como Carlos Melconian y Diego Giacomini.

 El Gobierno saldrá a cubrir el bache fiscal en el mercado interno y reducirá la dependencia del crédito internacional. Pero esto le restará financiamiento a familias y a empresas.

Esa expansión, en caso de llegar al 2,5%, sería incluso menor en la práctica. Sucede que este año ya deja un "arrastre estadístico" del 1,5%. Por lo tanto, el crecimiento real del año que viene sería sólo del 1%.

El propio ministro de Hacienda se entusiasmaba hace un par de meses en reuniones privadas diciendo que en el 2018 el crecimiento podría ubicarse incluso por encima del 4%. Pero ahora ya no lo repite y prefiere concentrarse en los "dos años consecutivos" de expansión.

Las fuertes subas de tarifas de luz y de gas que impactan en los bolsillos a partir de enero es un buen indicador de lo que sucederá el año próximo. Y todavía no se anunció otro ajuste inevitable, que es el de transporte. La promesa de Mauricio Macri a los gobernadores fue que para el 2019 ya no habrá más subsidios energéticos para la zona metropolitana y un par de años después tampoco para el transporte.

Habrá aumentos en varios servicios

La reactivación en cámara lenta no es necesariamente mala. Contrasta, claro, con los grandes repuntes de la Convertibilidad y de la primera etapa kirchnerista, cuando la economía rebotaba al 6 ó 7% anual. Pero esos períodos de euforia precedieron luego grandes crisis.

Ahora se apunta a un crecimiento que tenga bases más sólidas y que no dependa casi exclusivamente del consumo, que en 2018 volverá a estar afectado por el ajuste del gasto vía menores subsidios.

La apuesta es a que sea la inversión la que lidere la reactivación. Ya esté año se nota un repunte que sería aún más visible el año que viene. Pero se arranca desde una base baja, menos de 17% del PBI, cuando otros países de la región se encuentran por encima del 22% ó 23%.

Con las distintas reformas enviadas al Congreso, el Gobierno dio un paso fundamental para empezar a arreglar la "micro", es decir los históricos problemas de competitividad de las empresas. Aún en cómodas cuotas en lo que respecta a la baja de impuestos distorsivos, el camino luce prometedor. El problema sigue siendo la "macro", es decir el funcionamiento de las grandes variables de la economía.

En estos dos años de Cambiemos, los déficit gemelos aumentaron y eso condiciona la recuperación. Este año el rojo fiscal será mayor al que dejó Cristina. La necesidad de bajarlo es el principal condicionante del crecimiento en el corto plazo. Mientras, el déficit de cuenta corriente llegará a un récord de 4% del PBI y sería aún mayor en 2018. El salto que tendrá el turismo al exterior este verano será probablemente el mejor reflejo del persistente atraso cambiario de la economía argentina. En 2017 la balanza turística arrojaría un récord negativo de USD 10.000 millones.

En los últimos días esos desequilibrios macro volvieron a sentirse a flor de piel. El Banco Central volvió a subir las tasas de interés para combatir la inflación. Los rendimientos que hoy paga están entre los más altos del mundo: mientras que la tasa es del 29% la inflación esperada para los próximos 12 meses se ubica en alrededor del 17%. Los esfuerzos de Federico Sturzenegger para combatir la inflación volvieron a planchar al dólar, pero también encarecerá el costo del crédito en los próximos meses.

El rojo fiscal también es un desafío para el ministro de Finanzas, Luis Caputo, quien debe salir a cubrir el bache. "Queremos reducir la dependencia del financiamiento externo", reconoció el jueves en una reunión con un centenar de aseguradoras, justificando la decisión de bloquearles la compra de Lebac. El objetivo es claro: financiarse con la colocación de deuda en pesos y en el mercado interno. Las compañías de seguros son las que están en mejor posición para absorber esos nuevos títulos.

Esta menor búsqueda de crédito internacional podría dar lugar a un fenómeno muy común de la década de 1990: el "crowding out", es decir que el sector público desplace al privado (familias y empresas) a la hora de buscar financiamiento.