Por

ARI LIJALAD

En las primeras horas del año judicial 2025 la Corte Suprema ya recibió tres fuertes planteos contra el fallo que estableció que las sentencias de la Justicia Nacional asentada en CABA pueden ser revisados por la justicia local porteña, algo que benefició directamente a Mauricio Macri para no pagar la deuda que tienen con el Estado por el caso Correo. Primero fue el procurador interino Eduardo Casal, que le reclamó a la Corte que suspenda la aplicación del fallo; luego la Asociación de Magistrados, que pidió directamente que se revoque el fallo y se suspendan sus efectos; y ahora 16  jueces de la Cámara Nacional en lo Civil plantearon su rechazo y, en un breve y duro documento, aseguraron que la Corte se atribuyó facultades del Congreso.

Esta rebelión no es por el evidente favor de la Corte a Macri, sino una lucha interna de poder y porque, en su afán de favorecer a Macri, el máximo tribunal no sólo le pasó por encima al Congreso sino que contradijo los intereses de la corporación judicial. Que la Corte haya tomado la decisión de que Macri no pague nunca más su deuda con el Estado a riesgo de ponerse en contra a la corporación judicial revela el nivel de negociaciones que hay detrás de estas decisiones. Y que desde los tribunales se atrevan a alzar públicamente su voz muestra lo discrecional y desapegado a la ley que fue ese fallo de la Corte, ya que no ocurrió con otros igual de alegales y arbitrarios.

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El fallo que generó esta rebelión en los tribunales es conocido como el caso Levinas. Tal como informó El Destape, la Corte tomó el expediente donde el periodista y marchand Gabriel Levinas fue denunciado por la familia del artista León Ferrari por unos cuadros que vendió y nunca les pagó. Levinas fue condenado por la Justicia Nacional en lo Civil y reclamó entonces que el caso pasara a la Justicia porteña. La Corte le dio la razón a Levinas pero no por una cuestión jurídica sino porque Macri utilizó la misma estrategia en el caso Correo: luego de 20 años en la Justicia Nacional en lo Comercial, cuando tuvo un fallo adverso que lo dejó al borde de la quiebra familiar planteó que el caso pase a la Justicia porteña, que maneja a su voluntad. La Corte rubricó el fallo Levinas y luego dijo que a todos los casos iguales, como Correo, se les aplicaba lo mismo.

La Corte tomó esta decisión clave la última semana de 2024. Fue en el último acuerdo del que participó Juan Carlos Maqueda, que se jubiló pocas horas después. El dato no es menor, ya que el fallo que benefició a Macri salió 3 a 1, con los votos de Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti a favor y el de Carlos Rosenkrantz en contra. Si esperaban una semana más no podían beneficiar a Macri, ya que sin Maqueda la votación quedaba 2 a 1 y se precisan 3 votos coincidentes para sacar un fallo del máximo tribunal. Así las cosas, la Corte sacó un fallo de apuro que transformó a CABA en una provincia y generó un malestar notable en toda la corporación judicial, especialmente en la Justicia Nacional y en el Ministerio Público Fiscal.

El último signo de la revuelta que hay en los tribunales por este fallo de la Corte llegó ayer desde la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que intervino en el caso Levinas y ahora, según el máximo tribunal, su decisión será revisada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, algo inédito. El presidente de la Cámara Civil, el juez Omar Díaz Solimine, recibió un pedido de varios colegas para realizar un plenario “para -escribieron- retar la siguiente cuestión: ¿Pueden recurrirse las sentencias de los jueces nacionales en lo civil por ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad?”. Un desafío directo a la Corte Suprema: jueces que se reúnen para debatir si tienen que cumplir una decisión del máximo tribunal del país.

El plenario se hizo y el resultado fue determinante: al menos 16 jueces de la Cámara Civil firmaron su “rechazo” al fallo de la Corte. “Esta Cámara expresa su rechazo a dicha decisión, en la inteligencia de que ningún Tribunal de Justicia cuenta con facultades para atribuir jurisdicción a un tribunal local a fin de revisar resoluciones o sentencias de Tribunales Nacionales, alterando la estructura del funcionamiento del Poder Judicial de la Nación, afectando la división de poderes y provocando una situación de incertidumbre de los litigantes, demoras injustificadas en el trámite de los procesos, mayores costos derivados del pago de depósitos para recurrir, perturbando el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa y, en suma, afectando la garantía constitucional del acceso a la jurisdicción, del debido proceso y la seguridad jurídica”, firmaron los jueces.

El documento cierra con un duro párrafo contra la Corte que dice: “Cuestiones de esta naturaleza están reservadas al Honorable Congreso de la Nación por la Constitución Nacional – que los abajo firmantes hemos jurado defender- y es en ese ámbito en el que deben ser debatidas y decididas”.

Este último párrafo no es menor. Con el fallo Levinas que benefició directamente a Macri, la Corte le pasó por encima al Congreso. La cuestión del traspaso de la Justicia Nacional a las provincias es un tema largo y complejo cuyo diseño efectivamente corresponde al Congreso. En su apuro por beneficiar a Macri la Corte equiparó CABA a una provincia y generó un sinnúmero de problemas, entre ellos que si un caso pasa de la Justicia Nacional a la porteña se queda sin representación del Ministerio Público Fiscal, o sea, sin fiscal nacional.

Esa cuestión, adelantada por El Destape, fue justamente uno de los planteos del procurador interino Casal como jefe de los fiscales nacionales. Casal picó en punta en las críticas a este fallo de la Corte el pasado viernes 31 de enero, en las vísperas del inicio del año judicial. En una nota dirigida al presidente de la Corte Rosatti, Casal pidió que se suspenda la aplicación del fallo Levinas y el primer argumento que utilizó es que “dejará a este Ministerio Público Fiscal en una situación en la que se podrá ver impedido de cumplir con sus funciones legales y constitucionales” ya que “las normas que rigen las competencias del Ministerio Público Fiscal de la Nación no le otorgan legitimidad procesal para intervenir sino ante tribunales nacionales”. En criollo: si una causa pasa de la Justicia Nacional a la porteña se queda sin fiscal que defienda el interés público. Por ejemplo, los Macri logran apartar a la fiscala Gabriela Boquin del caso Correo, que es quien logró primero frenar la condonación más de 70.000 millones de pesos a la familia del entonces presidente y luego detectó las maniobras de vaciamiento de la empresa.

A pesar de ser un histórico representante del conservadurismo en los tribunales, es tan inédita la situación que generó la Corte que Casal criticó “lo allí resuelto por estricta mayoría del Tribunal, según su integración de entonces”. Un dardo implícito al apuro para que el fallo saliera antes de la jubilación de Maqueda.

Detrás de Casal vino el planteo de la Asociación de Magistrados con un documento de 40 páginas firmado por su presidente, el juez Andrés Basso, uno de los que condenó a CFK. Esta agrupación que es manejada por los sectores más reaccionarios y de derecha del Poder Judicial planteó directamente la revocatoria del fallo de la Corte y la suspensión de sus efectos. Detallaron 16 expedientes que, gracias a esta decisión cortesana, pasarían a los tribunales porteños, incluyendo obviamente el caso Correo.

La Asociación de Magistrados plantea que el Congreso dispuso que el tribunal superior de las Cámaras Nacionales es la Cámara Nacional de Casación, algo que la Corte no puede modificar. También que CABA no es una provincia y que, de hecho, el TSJ porteño “no integra el mismo Poder Judicial al que pertenecen las cámaras nacionales de apelación, y es claro que ejercer competencias en la misma circunscripción no es igual que pertenecer al mismo Poder Judicial”.

“Solo la ley y no la interpretación judicial es la que puede alterar la actual organización judicial argentina”, insistieron desde la Asociación de Magistrados. Un duro planteo a la Corte, ya que le dicen que está legislando, algo que no puede. Y puntualiza algo no menor: que la Corte habilitó a un tribunal local “para la revisión de actos administrativos emanados de órganos del Estado Nacional”, algo fuera de lógica.

Tal como informó El Destape, esta reacción corporativa dentro del Poder Judicial era esperable y la Corte lo sabía. De hecho el máximo tribunal demoró una semana el falló por la agenda de eventos de fin de año del Poder Judicial. Los cortesanos tenían que asistir a los cierres de año de la Asociación de Magistrados y la Asociación de Fiscales y no querían ir luego de firmar un fallo que generara la rebelión actual. Así que los cortesanos fueron a las cenas en la 3ra semana de diciembre y en la 4ta y última firmaron el fallo. El próximo jueves, en su primera reunión de acuerdo del 2025 y con su conformación de 3 miembros, los cortesanos Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti tendrán que decidir cómo encaran esta rebelión.