La campaña electoral 2023 está lanzada, a pesar de que no todos los precandidatos estén confirmados. La provincia de Buenos Aires no es la excepción; algo obvio, teniendo en cuenta el peso del distrito. Y en este marco, la oposición se muestra cada vez más dura en su enfrentamiento con las políticas oficiales.

En esta puja por aparecer como el más firme, el PRO adopta, desde hace tiempo, un perfil más radicalizado en su crítica hacia el oficialismo, mientras que los radicales optan, en varios de los temas de debate, por oponerse sin llegar a posiciones extremas. El espacio amarillo ha tomado una postura irreductible en temas como el apoyo al sector agropecuario, que demanda mayores ayudas ante la sequía.

“El Estado está presente sólo para sacarle la mitad de la cosecha al campo con retenciones, impuestos y cepos, pero completamente ausente para ayudarlo en las malas; Kicillof y el Gobierno nacional abandonaron al principal motor productivo del país”, sostuvo el diputado nacional y precandidato a Gobernador Cristian Ritondo. Más recientemente marcaron su oposición a que se suspendieran clases a raíz de la intensa ola de calor que vive el territorio bonaerense.

En este ítem, legisladoras amarillas, como Aldana Ahumada, se sumaron al reclamo: “¿De qué normalidad nos habla cuando los chicos no pueden ir al colegio porque no hay ventiladores ni agua?”, manifestó. En los últimos días, el partido amarillo redobló su ofensiva, alcanzando al funcionamiento de la estructura burocrática.

Pablo Petrecca, mandamás de Junín, propuso que los intendentes tengan el control total de la infraestructura escolar. “Es difícil que una persona ubicada a 300 kilómetros de distancia del lugar pueda decidir sobre una cocina, un baño o un techo”, argumentó el alcalde de la Cuarta sección, quien no ha conseguido demasiados entuasiastas por esta idea.

El último round pone en cuestión, según algunos, la sustentabilidad del IOMA. En dos municipios que administran alcaldes de ese partido, Capitán Sarmiento (Javier Iguacel) y San Nicolás (Manuel Passaglia), aprobaron proyectos para derogar la obligatoriedad de los trabajadores para ser cubiertos por la obra social bonaerense.

Así, los empleados municipales podrán optar entre seguir con la estatal o adherir a una prepaga, algo que es rechazado por sindicatos y hasta por sus aliados de la UCR. El pergaminense Javier Martínez dijo que irá en el mismo sentido, mientras que Ezequiel Galli, de Olavarría, lo piensa.

Apunten al IOMA: Los argumentos de los intendentes PRO y la desconfianza radical

Pionero en “liberar” a los municipales del “yugo del IOMA”, el alcalde de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, aseguró que 9 de cada 10 trabajadores aceptaron pasar a una prepaga. A su turno, el nicoleño Manuel Passaglia explicó: “Nuestros trabajadores se merecen una obra social que responda a sus urgencias y les permita elegir dónde atenderse sin pagar de más por cada prestación”.

Y añadió: “Creemos que todos merecen poder atenderse con el médico que elijan y donde quieran; y los médicos cobrar en tiempo y forma por esas prestaciones. Eso, con IOMA no pasa”.

Sin embargo, el alcalde de Suipacha, Alejandro Federico, aseguró que “el problema es la deuda que tiene la obra social con los municipios, entre los intendentes nuestros nadie opinó sobre este tema. Es cierto que el IOMA tiene problemas, que hay algunos profesionales que no están trabajando con la obra social, pero de ahí a inducir a los empleados a que no tengan IOMA es ir demasiado lejos”.

En la misma línea, el mandamás del Foro de Intendentes boina blanca, Miguel Fernández, explicó: “Un plan de cobertura familiar estaría en alrededor de 26.000 pesos con IOMA, según sus aportes. Averiguando planes de coberturas de prepagas, ninguna estaría en este rango de montos; por el contrario, pueden salir entre el doble y el triple”.

El jefe comunal de Trenque Lauquen puso el acento en otras dos cuestiones: el riesgo de desfinanciar al IOMA y las dudas que plantea con respecto al momento en que un empleado tenga que jubilarse.

La infraestructura escolar, nueva brecha entre el FdT y Juntos

María Reigada, senadora del FdT y dirigente de SUTEBA, rechazó la propuesta para que los municipios afronten la infraestructura escolar. “Los fondos llegan al Consejo Escolar, que se encarga de algunas obras, otras las hace la Provincia o Nación. La responsabilidad es compartida, todos trabajan mancomunadamente. El problema es que algunos intendentes derivan los fondos para otras cosas que no están relacionadas con la educación. Por ley, el 50% lo tienen que destinar a infraestructura”.

El alcalde de Junín, Pablo Petrecca, se basó en la experiencia de su distrito para su propuesta, como la creación del Observatorio Nutricional y hacerse cargo de la alimentación escolar. Así, explicó: “Considero que es un buen momento para discutir otra descentralización muy importante, en este caso referida a la infraestructura escolar, para que los municipios se hagan cargo del ciento por ciento”.

Y añadió: “Si se considera a los municipios más eficientes para llevar adelante estas obras, dejemos de firmar convenios y giren esos fondos directamente a los municipios”.

María Eugenia Bravo (ATE- San Nicolás)

“No está claro a qué prepaga van a afiliar a quienes decidan cambiar”

La secretaria general de ATE San Nicolás, María Eugenia Bravo, aseguró que los sindicatos se oponen a desadherir a los municipales de IOMA. “Primero fue sacarlos del Banco Provincia y pasarlos al Banco Hipotecario, luego se los sacó de ART Provincia para pasarlos a Choice Medical, y ahora, esto. Estamos elaborando un amparo porque creemos que, más allá de los problemas que pueda tener la obra social, ninguna prepaga puede equipararse a las prestaciones que puede dar IOMA”.

La gremialista dijo además que “hay muchas dudas; se dice que si el trabajador decide permanecer en IOMA, no solo tendrá que aportar su parte, sino también lo que aporta el empleador, en este caso el municipio”. Por otra parte señaló que “no está claro a qué prepaga van a afiliar a los que decidan cambiar, y se dice que lo tendrá que pagar el trabajador.

Se habla de Grupo Oroño y La Pequeña Familia, pero hay muchas cosas que no están claras”. Por su parte, desde el Gobierno provincial mostraron su disgusto y preocupación por este tipo de medidas, y las consideraron actos “irresponsables”. También acusaron a los intendentes PRO de usar “pretextos falsos”, como que “el servicio es deficiente para los trabajadores, y además hay atraso en los pagos a prestadores”.

Señalaron que se expone a los trabajadores “a una situación realmente dramática, ya que hoy muchos de ellos están con tratamientos de alto costo y otros, con enfermedades crónicas”.