Los acusados son los guardiacárceles Carlos Alberto Ortiz, Orlando Ricardo Ortiz, Herminio Zárate, Mario Marcelo Gutiérrez, y el ex sargento de Ejército César Darío Díaz, todos detenidos desde hace cuatro años, y Antonio Orlando Vargas, ex interventor en el Penal, condenado a 25 años de prisión en el primer juicio.

Las víctimas son Dominga Álvarez de Scurta, Osvaldo José Garibaldi, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera, Jaime Lara Torres y Jorge Turk Llapur.

Todas fueron detenidas los últimos días de mayo de 1976, torturadas y posteriormente ingresaron al penal de barrio Gorriti, desde donde fueron sacadas por el comisario Ernesto Jaig y el suboficial Díaz, el 10 de junio del mismo año.

De todos los desaparecidos, el único cuerpo que fue encontrado fue el de Álvarez de Scurta, quien había sido inhumada en el cementerio de Yala como NN, posteriormente exhumado y reconocido por familiares y un empleado de la morgue del Hospital Pablo Soria, en la capital jujeña.

Hace dos semanas, los fiscales Francisco Snopek y el ad hoc, Pablo Pelazzo, al igual que los querellantes oficiales y particulares, pidieron “prisión perpetua” para los imputados, mientras que los defensores solicitaron al Tribunal la “absolución lisa y llana” de sus clientes.

La defensa impugnó al fiscal Pelazzo porque antes de serlo fue querellante en el primer juicio de lesa humanidad y también cuestionó al Tribunal presidido por Fátima Ruiz López, por estar integrado por jueces subrogantes.