La revisión del Plan de Desarrollo Estratégico Salta 2030, que se inició hace seis meses, está en su etapa final. En febrero próximo serían presentadas las actualizaciones de ese programa de políticas públicas, según estimó el presidente del Consejo Económico Social (CES), Julio César Loutaif, en diálogo con El Tribuno.

Una de las principales mejoras que se incorporarán será el establecimiento de indicadores para poder medir el progreso de las propuestas que abarca el proyecto. Desde que se fijaron esas metas, en noviembre de 2012, los avances hacia los objetivos planteados se ponderaron “a ojo de buen cubero”. No se había previsto una metodología de seguimiento.

En cambio, con el nuevo sistema que se propone los parámetros de cumplimiento se medirán en porcentajes, de acuerdo a lo que explicó Loutaif.

El ambicioso plan de desarrollo empezó a confeccionarse en 2009, con la participación del sector público y privado. Comprende áreas como educación, industria, turismo, comercio, salud, energía y demás sectores del tejido social salteño.

Como es lógico, las iniciativas planteadas hasta el 2030 no pueden ser rígidas, porque las realidades socioeconómicas cambian en el transcurso de los años. Eso porque se encaró una actualización de los proyectos.

“Estamos revisando las distintas propuestas, pero con la idea de mantener los ejes estratégicos que fueron fijados”, aclaró Loutaif, el representante del Gobierno en el Consejo Económico Social, organismo que se creó justamente para elaborar el plan de desarrollo y seguir su evolución.

El ajuste de los objetivos se realiza de la misma forma en la que fueron confeccionados: con el aporte de referentes de distintos ámbitos de la sociedad. Al trabajo de recopilación lo efectúa una consultora financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El progreso de las actualizaciones fue presentado el lunes pasado en la Universidad Católica de Salta, donde se realizó la última reunión del CES.

En la oportunidad también se dio a conocer que el Consejo elabora, junto a instituciones similares de otras provincias, un documento que será presentado en el Congreso Nacional para solicitar la declaración de la telefonía celular como un servicio público.

Se busca una mejora en el control y la prestación de las telefónicas.