Río Negro ya abonó más de 73 millones de pesos a las constructoras por reajustes retroactivos de las obras ejecutadas. Este régimen fue seriamente cuestionado por la oposición cuando el año pasado se trató en la Legislatura. El oficialismo estimó su costo entre 60 y 70 millones, pero ese monto fue superado aún cuando resta una importante cantidad de expedientes a pagar.

El Estado cumple con actualizaciones durante la ejecución de las obras, pero Río Negro incorporó además un reajuste para las construcciones ejecutadas, incluso hasta enero del 2012 y algunas entregadas.

El año pasado, el gobernador Alberto Weretilneck emitió el decreto ley Nº 4/14, después ratificado por la Legislatura, donde implementa esta revisión de costos de las obras públicas.

El número de expedientes ronda el medio centenar. En ocasión de su discusión, el hoy ex ministro de Obras Públicas, Guillermo Gesualdo, estimó el monto de 60 a 70 millones. La oposición entendía que la cantidad era superior.

La información oficial consigna que el pago por redeterminación llegó a los 73 millones por tramitaciones del IPPV, Educación, Salud y Obras Públicas.

Las empresas aseguran que las cancelaciones rondan la mitad de expedientes y aún falta una cantidad similar, aunque reconocen que los más costosos en su mayoría se abonaron. Estiman que la cantidad definitiva por reajuste estará entre 100 a 110 millones, admitiendo que hay trámites en discusión por el plazo de entrega y el impacto de la actualización.

Obras Públicas, hoy a cargo de Carlos Valeri, advierte que el número no llegará a los 100 millones, asegurando que Tesorería abonó mucho más de la mitad y los expedientes que quedan se reducen a uno y 1,5 millones de pesos.

La semana pasada, los constructores fueron recibidos por Weretilneck por el plan de obras de los próximos años. Los privados aprovecharon para exponer sus quejas y entre ellas, reclamar que una decena de constructoras todavía no cobraron nada del reajuste retroactivo.

El gobierno argumenta que "hay tiempos" y "hay que fijarse cuándo presentaron la solicitud". Las empresas desestiman esa situación y en cambio explican que el cuestionamiento corresponde a que la mayoría de las cancelaciones fueron a la empresa Mocciola, con unos 50 millones. Esa firma disponía de una importante porción de las tramitaciones por los numerosos barrios construidos, como en Bariloche, entregados en los últimos meses.

El año pasado, Río Negro modificó su esquema de redeterminación. Con el decreto Nº 1313, el régimen de ajuste de costos con la ejecución de obras modificó la referencia del Indec y se incorporó el índice de la Cámara de la Construcción, acortando el plazo de revisión de semestral a mensual.

El reajuste retroactivo se justificó en que las constructoras habían sufrido el impacto del desfasaje de los pagos oficiales con los costos. Por eso, se aludía a "dificultades" en las obras y la existencia de 1.104 viviendas paralizadas. La formalización de esa determinación fue complicada. Weretilneck quiso aplicar la actualización por un decreto y existió una objeción del fiscal de Estado, Pablo Bergonzi, que concluyó con su renuncia. Al final, el gobernador firmó el decreto ley 4/14 y después el mismo se discutió en la Legislatura, con su aprobación y la sanción de la ley Nº 5019.