En el marco de una causa judicial, la Municipalidad de General Pueyrredon defendió el accionar del exintendente Carlos Arroyo y el exsecretario de Hacienda, Hernán Mourelle, que en 2018 rechazaron la única oferta válida en una licitación para entregar en concesión por 20 años la explotación del Balneario 5 de La Perla. La firma demandante aduce que los funcionarios municipales interfirieron ilegítimamente en el accionar del Emtur, además que se descartaron las evaluaciones técnicas de la propia administración comunal.

El conflicto parecía dar un vuelco el año pasado, cuando tras una notificación del Juzgado Contencioso Administrativo N°2 de Marcelo Fernández, la Subsecretaría Legal y Técnica elevó al Emtur un duro informe analizando las actuaciones realizadas en el gobierno de Arroyo. Allí se apuntó contra Mourelle, quien en medio de la licitación pidió que se eleve el monto del canon ya establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

“La autorización (para el llamado a licitación) fue específica al Ente Descentralizado, persona jurídica independiente de la Administración Central. Consecuentemente el rechazo de las ofertas por parte de la Administración Central implica ya un primer vicio en la competencia”, agregó además el informe de Franklin Llan de Rosos de julio, cuando aún se desempeñaba al frente del área técnica.

Con esa evaluación, el Emtur y Playa Soleada –la empresa en cuestión- acordaron una actualización de la oferta inicial de 2017, cuyo canon anual pasó de $300 mil a $848 mil y la inversión en obras de $21.958.306 a $63.865.733. Tras la actuación, el propio Llan de Rosos llegó a elaborar un proyecto de decreto para elevar al Concejo Deliberante la autorización para adjudicar la concesión a Playa Soleada.

Pero sorpresivamente tres días después el propio funcionario emitió una resolución dejando sin efecto todo lo actuado. ¿Qué pasó en esas 72 hs? Fuentes municipales descartaron de plano algún trasfondo político y lo vincularon fundamentalmente con estrategias en el marco de una compleja causa.

Los argumentos jurídicos

Cerrada la posibilidad de un acuerdo extrajudicial, la causa se reactivó tras la feria y, en las últimas horas, la abogada de la Municipalidad presentó la contestación a la demanda, donde se defendió lo actuado por la administración comunal durante el gobierno de Carlos Arroyo.

El argumento central de la defensa es la inexistencia de un derecho subjetivo en cabeza de la demandante, al considerar que la participación en una licitación no da derecho a la adjudicación, así incluso su oferta sea la única considerada válida. Allí se cita la Ley de Obras Públicas y el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, y se asegura que “podrá dejarse sin efecto el procedimiento de contratación incluso aunque sus ofertas fueren admisibles y además convenientes”.

En cuanto al Decreto 2361/2018 que declaró nula la licitación, se sostiene que es “formalmente perfecto”, ya que “no carece ni tiene afectados gravemente sus elementos esenciales”, contradiciendo lo que la propia Subsecretaria Legal y Técnico había concluido el año pasado. En tanto, también se rechaza el presunto vicio en la competencia por la interferencia de la Administración Central en la órbita el Emtur.

Por último, la defensa solicitó al juez Fernández que descarta el pedido de Playa Soleada para citar a declaración testimonial a la entonces Directora de Recursos Turísticos del Emtur, Mónica Rábano, y a la asesora legal del ente, Carolina Mussio.