“Vamos a aportar racionalidad y esperar una relación madura y seria”. Desde el entorno del gobernador Martín Llaryora eligen pisar la pelota. Apuntado como uno de los traidores preferidos del presidente Javier Milei tras el affaire Ley Ómnibus, en el Panal cordobés cierran filas ante los ataques del gobierno nacional. Sin embargo, tampoco descuidan la parte política. “Hay que gobernar y tener paciencia”, resumen ante la consulta de Página/12. Por lo pronto, la gobernación anunció que sostendrá los subsidios al transporte recortados por la Nación.

En medio de todo, la motosierra goza de buena salud. Desde Roma, el presidente Milei volvió a apuntar contra Llaryora. “Les cortamos a las provincias las transferencias en transporte. Ya les habíamos avisado”, indicó. Acto seguido, hizo foco en un punto medular, el generoso gasto en pauta publicitaria que existe desde tiempos de Juan Schiaretti: el gobernador de Córdoba "llora por 20 mil millones de pesos de los subsidios y sucede que paga en pauta 27 mil millones”, lanzó el dardo para cerrar con un “que deje de arreglar con los medios”. Llaryora respondió a través de un mensaje dirigido a la Nación y los cordobeses: "No es tiempo de responder agravios ni insultos, es tiempo de diálogo y consensos", dijo.

La eliminación del Fondo Compensador, el pisar los fondos para el incentivo docente (Fonid) y el incremento tarifario de los cargos nacionales en la generación de energía fueron algunos de los dardos a las provincias.

En Córdoba, hubo un plus: la salida, muy anunciada, de Osvaldo Giordano de la Anses. Integrante de la lista de funcionarios que llegaron al gobierno nacional “por acuerdos personales”, el economista quedó en la mira tras el voto de su esposa, la diputada Alejandra Torres, contra la Ley Ómnibus.

Sin embargo, en el llaryorismo están lejos de acusar recibo. Más allá de la pertenencia a un similar espacio político, el ex ministro de Finanzas de Schiaretti no es del riñón del gobernador. Lo mismo ocurre con los otros apuntados: Daniel Tillard (Banco Nación) y Franco Mogetta (Transporte). Ambos revistaron en el gobierno del Gringo, pero no son del palo del sanfrancisqueño. “No hubo un acuerdo. Fueron elecciones personales”, repiten desde el Panal.

Con habilidad, buscan separar la paja del trigo. Aunque con la volatilidad presidencial a flor de piel, saben que es muy difícil. “No nos vamos a prender en discusiones estériles y vamos a hacer el máximo esfuerzo para que los cordobeses sufran lo menos posible en la crisis”, repiten como mantra.

El otro hit pasa por reivindicar la vocación de colaboración, recostándose en el aprobamiento en general de la Ley Ómnibus, aunque apuntándole a la intransigencia "libertaria" a la hora de ceder en el articulado en general.

Aunque la gestión aparece como el mejor escudo, la reducción del flujo de fondos nacionales complica el margen de maniobra interno del gobernador en su terruño. Los fondos para la Caja de Jubilaciones aparecen como parte central de la disputa nacional.

En ese sentido, ratificaron la continuidad de los boletos sociales: estudiantil, obrero y para jubilados. La versión había sido adelantada por Miguel Siciliano, presidente del bloque oficialista en la Legislatura. “El gobernador quiere llevar tranquilidad y está trabajando para ello”, especificó. Luego lo anunció Llaryora.

De cualquier manera, la cuestión de los subsidios es una disputa de largo aliento que también tendrá su camino judicial. De hecho, el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, forma parte de la Red de Intendentes que anticipó que “ante esta situación… evaluaremos todas las medidas políticas y judiciales para garantizar las partidas ya asignadas por el presupuesto nacional”.

En la provincia, sólo Río Cuarto, Villa María y Villa Allende cuentan con el sistema SUBE. La capital y San Francisco, por ejemplo, no adhirieron al sistema. En tiempos de campaña, el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, había anunciado la instrumentación de la modalidad que subsidia al usuario. Los cruces con la Nación en torno a la puesta en marcha fueron habituales. Moggeta fue quien llevó la voz cantante de la postura provincial. La SUBE nunca llegó a la ciudad, que hoy tiene un boleto a 340 pesos. Sin el Fondo, superaría 1100 pesos.