Cuenta la leyenda que Alberto Fernández llamaba con frecuencia a la redacción de Clarín para comentar la tapa del día siguiente cuando él era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. Pero en 2008 comenzó la guerra entre los Kirchner y el grupo mediático que dirige Héctor Magnetto y que entonces ansiaba quedarse con Telecom. En el medio, Fernández quedó fuera del gobierno de Cristina Kirchner y con los años se transformó en invitado recurrente de TN, canal que ni pisaban los K.

A los pocos días de ganar las PASO de hace un año, Fernández almorzó con la Asociación Empresaria Argentina (AEA) e intercambió sonrisas con Magnetto. Se pasaba del “Clarín miente” de Kirchner a la frase del futuro presidente: “Me han dicho que era el vocero de Clarín y Héctor, que está en primera fila, no me deja mentir”. Para entonces los dueños del Grupo Clarín (Magnetto, los hermanos Felipe y Marcela Noble Herrera, José Antonio Aranda y Lucio Pagliaro) ya se habían quedado con el control de Telecom, a través de otra sociedad, Cablevisión Holding, y con la venia de Mauricio Macri en 2017. En la noche de la victoria electoral de octubre, la esposa de Noble Herrera, Vanesa Defranceschi, fue a saludar a Fernández y hasta ahora participa de la Mesa contra el Hambre.

Pero desde que juró como presidente el 10 de diciembre Fernández fue acumulando bronca contra Clarín. Ya no influye en sus tapas, como hasta hace 13 años. Al contrario, este atento lector de la prensa acusa recibo de las críticas cada vez más furibundas que se destilan por el diario, Radio Mitre o TN, que solo a la tarde modera el tono y por eso pierde audiencia frente a los discursos extremos de los anti K de A24 y los K de C5N. Pero las dos gotas que derramaron la paciencia del Presidente fueron el anuncio y la difusión de la marcha del 17A y los reproches contra la reforma judicial.

El nivel de tolerancia de Fernández se superó después de que le contaran el resultado del Zoom del 19 de agosto pasado entre las autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que preside el massista Claudio Ambrosini y cuyo vicepresidente es el radical K Gustavo López, y los máximos ejecutivos de las telefónicas y operadoras de TV. Hay dos versiones de ese encuentro: una que indica que los jefes de la Enacom nunca reclamaron que no aumentaran ningún precio y otra que sí.

Pero coinciden en el desenlace: las empresas salieron con la intención de aumentar las tarifas 10% promedio en septiembre y, cuando el jefe de Estado se enteró, les bajó el pulgar y cantó retruco no solo extendiéndoles el congelamiento de precios, vigente desde principios de diciembre pasado, hasta fin de año sino yendo más allá al convertir el servicio en público y esencial y quedarse con la autoridad para autorizar o denegar futuros incrementos. Apenas 48 horas después de aquel Zoom nacía el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 290/2020 y se reabrían las heridas de la guerra entre Clarín y el kirchnerismo, ahora representado por un Fernández que a veces se mimetiza con la vicepresidenta y otras se distancia entre tensiones crecientes.

“El DNU no salía si no estaba Clarín en el medio”, admite una de las principales espadas del Frente de Todos. Así de claro comentó el decreto telefónico. Más allá de que en público y en off the record el albertismo y el kirchnerismo ofrezcan argumentos a favor del decreto y nieguen que se trata de un contraataque al grupo de la trompeta por su vendaval de críticas: alegan que los argentinos la estamos pasando muy mal, como el resto del mundo, y en este momento no podemos afrontar el aumento de servicios clave como el celular o la banda ancha fija cuando los necesitamos para trabajar o estudiar en casa, o cuando el entretenimiento no se consigue extra muros sino por Internet, cable o vía satélite, y que además muchos países han declarado todos o algunos de estos servicios como públicos, como Canadá, Holanda, Finlandia, Noruega, Francia, Costa Rica, Corea del Sur, México y Chile.

En Clarín y las demás telefónicas sospechan que el DNU respondió o al menos se aceleró por el rebrote de la tensión -que quizá aún no sea guerra- entre el oficialismo y el principal grupo de medios, pero aseguran que carecen de información probatoria. En el portal El Canciller, el periodista Diego Genoud describió un supuesto mensaje que le habría enviado el sobrino de Magnetto y director de asuntos legales de Telecom, Pablo Casey, al jefe de asesores del Presidente, Juan Manuel Olmos, el 21 de agosto en que se conoció el decreto: “Nos declararon la guerra”. En “el grupo”, o “la corpo”, como la llaman, responden que esa es una versión de la Casa Rosada.  

En Clarín y las otras telefónicas alegan que, aunque haya sido para perjudicar al grupo de Magnetto, el DNU desalentará la inversión de todas las empresas y por eso terminará perjudicando a los consumidores, que ya de por sí ubican al sector como el principal receptor de las quejas. El mal funcionamiento de las comunicaciones por celular e Internet, sobre todo en cuarentena, despiertan más protestas que los servicios financieros o los electrodomésticos. Las compañías alegan que el servicio respondió mejor de lo esperado al aumento de la demanda por el confinamiento y que eso se explica por la inversión en un mercado en el que las firmas compiten por precio para quitarse clientes. También sostienen que en ningún país la telefonía celular o Internet, sean o no servicio público, tienen precios regulados y que a lo sumo lo que el Estado exige es una cobertura universal.

A los pocos días de llegar al poder, Macri decretó en diciembre de 2015 que quedaran sin efectos los artículos de la ley de medios que obligaban a Clarín a desinvertir. En 2017, le permitió quedarse con las frecuencias de la operadora de telefonía celular Nextel y luego autorizó la fusión de Cablevisión y Telecom. Por eso ahora los ultrakirchneristas relativizan la revancha del DNU 690: “Declarar Internet servicio público y esencial es hacer lo que hace el mundo. Hay un perjuicio económico para Clarín, le rompimos el orto, pero más se lo rompimos a Telecentro o Claro. Si quisiéramos romperle el otro a Clarín, desandaríamos lo de Nextel o la fusión Cablevisión/Telecom, o legislaríamos sobre 5G. Con Clarín tenemos una relación saludable, hay diálogo y tampoco da para una guerra. Los tiempos cambiaron. Clarín es menos influyente, hoy la pelea es con los Google o Facebook”.

En 2019, algún competidor le preguntó en confianza a un directivo de Telecom qué pasaba si volvía Cristina Kirchner al poder. “Va a ser un problema”, respondió el interrogado. “Es que Macri les dio todo”, retrucó el preguntón.

La tensión por donde más le duele a Clarín, el dinero, comenzó en marzo, cuando el Enacom desandó la mayoría de los aumentos del 15% al 18% que un mes antes habían anunciado las telefónicas. El comienzo de la cuarentena sirvió como argumento valedero. Ya de por sí el gobierno de Fernández había arrancando congelando medio año las tarifas de luz y gas y postergando el anhelo de su presidente de YPF, Guillermo Nielsen, de encarecer las naftas. Todos aumentos con impacto en la inflación y, por ende, en bolsillos enflaquecidos desde que estalló la crisis de 2018 en el gobierno de Macri. Después, el Ejecutivo prorrogó el congelamiento eléctrico y gasífero y autorizó un aumento menor al pretendido por YPF, mientras las telefónicas ya anticipaban a sus clientes el alza de septiembre.

Entonces llegó la videconferencia del 19 de agosto entre el Enacom y las empresas. “Les dijimos a las empresas: ‘No hay condiciones sociales para otro aumento, la gente no llega a fin de mes, llegan con lo justo. Les pedimos por favor que no aumenten y si aumentan que sea escalonado con congelamiento de tarifas hasta febrero”, cuenta López, vicepresidente del ente. “Les dijimos que el Gobierno no iba a poder ser vocero de nuevos aumentos y que iba a tener que aplicar alguna medida si no llegábamos a un acuerdo. No hubo posibilidad de acuerdo. Hasta el miércoles (19 de agosto) estuvimos discutiendo y la posición de las empresas era inflexible: ‘Vamos a aumentar y no vamos a volver a hablar de nuevos congelamientos’. Y el presidente de la Nación tomó la decisión de congelar, que es una excepción a la regla ante una catástrofe económica, y luego salir del congelamiento ya no con un precio discrecional de las empresas sino que ellas van a proponer el precio y, como en la medicina prepaga, el Estado va a analizar costos, inversión y ganancias para decir se si justifica la suba del 10% que me están pidiendo o no”, explica López.

En las compañías e incluso dos funcionarios del área de telecomunicaciones relatan otro diálogo entre los ejecutivos y el Enacom. Cuentan que en ningún momento Ambrosini o López pidieron suspender los incrementos sino moderarlos. “Es falso que tuviéramos una posición dura: no somos locos”, esgrimen en una firma. “Ambrosini y López habían venido con números revisados por el jefe de Gabinete (Santiago Cafiero) y la vicejefa (Cecilia Todesca Bocco). Nosotros pensábamos que había acuerdo, pero 48 horas después sacaron un DNU del que no estaba ni enterado Ambrosini. Dicen que el decreto surgió de una reunión entre Alberto y Cristina, pero no hay pruebas. Nos sentimos rehenes de una pelea en un sector con inversión”, agregan las mismas fuentes.

Un funcionario K admite que el Enacom no le exigió a las telefónicas anular el aumento: “En el contexto específico de las telecomunicaciones, estaba bien autorizar el aumento, pero si mirás que ahora sin Internet la gente no puede buscar trabajo ni sus hijos pueden ir a la escuela, si tenés esa mirada política que le excede al Enacom, debías intervenir”. Otro oficialista abona esta hipótesis: “Ambrosini siempre fue muy amable con Clarín, pero a Alberto ya le había jodido el aumento que querían aplicar en marzo porque le pegaba en la inflación. Por eso decidió en 48 horas hacer un DNU que ni se venía conversando y que les pega a todas las empresas. Las críticas de Clarín aceleraron la decisión, no la causaron, esto no es un parteaguas como la ley de medios”.

Una de las principales espadas del Frente de Todos defiende la versión de López: que Cafiero le ordenó al Enacom que le pidiera a las telefónicas que anularan los aumentos. Entonces las empresas habrían respondido que ya habían mandado las notificaciones a los clientes. Al finalizar el Zoom, Ambrosini se lo comentó a Cafiero y este, al Presidente. Según esta versión, Fernández le encargó a López, a la secretaría de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, y a la secretaria legal y técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, la redacción del DNU. “Hay enojo con todas las telefónicas, pero hay una libido particular con Clarín. No le dio respiro al Presidente. Palo porque bogas y palo porque no bogas. Es un cachetazo a Clarín, pero no una declaración de guerra. La guerra dependerá de cómo reacciona Clarín. Pero es una medida con 75% de aprobación pública”, reflexiona el espadachín.

En cambio, un alto funcionario de la Casa Rosada intenta matizar el conflicto: “El Gobierno tomó una decisión que afecta los intereses de Clarín, pero no por pelear con Clarín sino por millones de pibes sin conectividad y para que las empresas hagan su negocio razonablemente. No ignoro que en la reforma judicial Clarín tomó partido y que su hostilidad es permanente, pero no nos afecta, ya estamos acostumbrados”. En una empresa del sector reflexionan: “Es una decisión ideológica. No es por Clarín, la iban a tomar igual, pero por Clarín la sacaron rápido y de mala manera. Llama la atención porque Alberto era hombre de Clarín y hasta ahora no le había mandado señales en contra. No sé si Cristina le impuso el DNU”.

En el grupo de Magnetto opinan que en el oficialismo cree que la marcha del 17A fue un hecho mediático y se irrita por las críticas a la reforma judicial. Cristina Kirchner y sus fieles ya venían hace meses hablando de presiones mediáticas con videos contra periodistas como Jorge Lanata y Alfredo Leuco. En Clarín consideran que la crispación es la habitual, pero sin agresividad, con noticias sobre los problemas económicos derivados de la cuarentena o los reproches a la reforma de la Justicia, pero también sobre la resolución de la deuda y los avances de las vacunas. Admiten que Radio Mitre es muy opositora, pero rescatan que  TN cuenta con conductores moderados como Luciana Geuna y Diego Sehinkman y recibe invitados ultra K que antes no aceptaban ir a sus estudios como Mayra Mendoza o Anabel Fernández Sagasti. También concluyen que Fernández se ha dado cuenta que un massista como Ambrosini no puede llevar adelante la relación con ellos y que para “solucionar un tema menor como tarifas dispararon con un cañón que rompió todo”.

Esta vez, al igual que en el caso del anuncio de estatización de Vicentin, Fernández no necesitó que la vicepresidenta le ordenara hacerlo pero su decisión más que la complació y él sabía lo que le provocaría. Él suele tomarse su tiempo para sopesar ideas, en el oficialismo lo suelen criticar por eso, y de repente se decide y pega el zarpazo sorpresivo. Le gusta asombrar con las medidas, como él y Cristina aprendieron de Néstor. La duda es si terminará reculando, como ya hizo con Vicentin y como quizá se aleccionó con Macri. En ese sentido, el kirchnerismo no solía retroceder así.

Un funcionario ultra K comenta que la idea de convertir el servicio de telecomunicaciones en público ya la venía tratando el nuevo dúo dinámico de Máximo Kirchner y Sergio Massa. En el Congreso había presentado este año un proyecto de ley regulatorio la diputada cristinista Fernanda Vallejos, pero un poderoso dirigente del Frente de Todos desestima su influencia en el DNU.

Ahora las empresas como la española Telefónica, la mexicana Claro (propiedad de Carlos Slim), la norteamericana DirecTV (que a su vez pertenece al gigante de telecomunicaciones AT&T) y Telecentro (de Alberto Pierri) ya están negociando con el Gobierno cómo atenuar el DNU a través de la reglamentación que haga el Enacom. De momento, Clarín se resiste. Todas ellas y muchas compañías más ligadas al sector, como la fabricante china de celulares y de la futura tecnología 5G Huawei, repudiaron el decreto en una inédita solicitada dado que aglutinó a los que siempre se enfrentan entre sí por el negocio. Las quejas llegaron a las embajadas de los Estados Unidos de Donald Trump (clave en la nueva negociación con el FMI) y de países con presidentes amigos de Fernández como la España de Pedro Sánchez o el México de Andrés Manuel López Obrador, reconciliado con Slim.

Un funcionario reconoce: “Ahora las empresas apuestan a una reglamentación amable, lo que es posible porque el Gobierno no está preparado para responder técnicamente y controlar los precios”. En cambio, en una telefónica advierten que la reglamentación no cambiará los amplios poderes que el DNU otorgó al Enacom.