En 1998 se fusionaron las compañías Exxon Corp. y Mobil Corp. dando origen a ExxonMobil, una de las empresas petroleras más importantes del mundo que lleva a cabo actividades en más de 40 países.

La Fiscalía General del estado de Nueva York emprendió una acción legal contra Exxon Mobil, a la que acusa de haber engañado a los inversores sobre el riesgo financiero que corre la compañía por las políticas que se adoptan a nivel global para mitigar los efectos del cambio climático. El litigio puede exponer a la petrolera a otras causas.

“Los inversores depositaron su dinero y confianza en Exxon”, señala la fiscal Barbara Underwood, “porque les garantizó el valor a largo plazo de sus acciones, proclamando que tenían en cuenta en su decisiones el riesgo creciente de los cambios en la regulación”. 

Pero tras tres años de investigación determina que “construyó una fachada” para ocultar de una manera intencionada y sistemática la realidad.

Exxon Mobil lleva tiempo tratando de presentarse como una empresa energética concientizada con el reto del cambio climático para el medioambiente, la economía y la sociedad en su conjunto. Este desenlace, por tanto, torpedea esa campaña de lavado de imagen. Los riesgos, asegura la fiscal, fueron subestimados o incluso ignorados, pese a que en público hacía ver lo contrario.

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En concreto se refiere al cálculo de los costos derivados de la regulación para restringir las emisiones de efecto invernadero, así como la planificación de inversiones, la gestión de las reservas energéticas y las proyecciones futuras de la demanda. “Hicieron bastante menos de lo que proclamaban”, insiste Underwood, quien decide actuar a menos de dos semanas de las legislativas en EE. UU.

La fiscalía del estado de Nueva York actúa porque hay dos fondos públicos que invierten en Exxon Mobil, los cuales gestionan los planes de jubilación de más de un millón y medio de funcionarios. El valor aproximado de las acciones que tienen en la petrolera es de 1.500 millones. “Las decisiones de estos inversores dependen de la información completa y fiable sobre el valor de los activos”, señala.

La demanda alega que los altos ejecutivos de la compañía estaban al corriente del fraude. Cita en concreto a Rex Tillerson, quien dirigió la firma hasta que fue nominado hace dos años por el presidente Donald Trump como secretario de Estado. “Sabía que la compañía se estaba desviando de la representación pública al utilizar unas guías internas inferiores”, asegura.

Esta situación hizo que el negocio de la petrolera fuera más vulnerable a los cambios en la regulación medioambiental.