Por: Sebastián Lacunza.

La trama sórdida y omnipresente que se apoderó de una parte sustancial de los tribunales federales de Comodoro Py se muerde la cola. Una dinámica que resulta funcional a muchos sectores del poder real de la Argentina llegó a una instancia en la que no puede dar un paso sin que sus protagonistas queden expuestos al ridículo —sería lo de menos— o a una situación de vulnerabilidad tal que compromete su futuro, lo que refuerza la toxicidad del engranaje.

Este funcionamiento actúa con un grado de mecanicidad y autonomía inconmovible ante los cambios de signo político en Casa Rosada. Por el contrario, esa red conformada por funcionarios judiciales, espías, políticos, empresarios y periodistas presta un servicio prêt-à-porter ideal para tentar a un proyecto ultra en ideas y débil en equipos como el de los hermanos Milei.

Una fuente con larga experiencia en Comodoro Py percibe el retorno de nombres y prácticas que nunca se habían ido del todo, pero frecuentaban menos la superficie tras la salida de Mauricio Macri de la Casa Rosada, en 2019.

Los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, encabezaron la presentación del proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil, que el Gobierno Nacional enviará al Congreso. NA

En la mirada de este habitante del edifico de Retiro, Milei hizo pie con escasez de recursos y un probable desinterés personal para coordinar acciones con los tribunales federales. La elección de Mariano Cúneo Libarona como titular de Justicia llegó más por el lado del mundo Eurnekian que apadrinó la salida de Milei a la vida pública, que por un plan de aterrizaje en Comodoro Py. La presencia del ministro, con más redes en el statu quo de vieja data que en las lógicas recientes, puso en guardia a la trama más coordinada y aguerrida que se enseñoreó en los años de Cambiemos en el Ejecutivo.

Comodoro Py marca la cancha

La desconfianza entre el ministro y una parte de los tribunales federales es mutua, algo que se espeja en el hecho de que la ofensiva persecutoria desatada durante el Ejecutivo de Juntos por el Cambio encontró al Estudio Cúneo Libarona a cargo de algunas defensas de los apuntados.

Lijo se convirtió en el anatema de un sector del poder económico y político que aparece poseído por un repentino frenesí republicano

La reacción de Comodoro Py se dio a través de decisiones judiciales que marcaron la cancha, sobre todo de las cámaras de segunda instancia y Casación. Con las idas y vueltas en torno a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la profusa burocracia de espías y lobistas que abasteció a la mesa judicial del macrismo encontró espacio para volver a decir presente. Las versiones son contradictorias sobre el grado real de influencia del abogado Santiago Viola, hombre para todo servicio que orbitó en operaciones ilegales en 2016 y fue designado apoderado de La Libertad Avanza en 2023.

En ese contexto, la postulación de un lugarteniente de Comodoro Py a la Corte Suprema, como es Ariel Lijo, es demostrativa de las continuidades subyacentes, pero también saca a la luz como pocas veces a las facciones en pugna en el fuero federal. El debate sobre la propuesta de Lijo y el conservador Manuel García Mansilla para el máximo tribunal cobrará vuelo en las próximas semanas, y todo indica que al menos el primero cosechará apoyos transversales en las bancadas del Senado.

El anatema Lijo

Lijo se convirtió en el anatema de un sector del poder económico y político que aparece poseído por un repentino frenesí republicano, que empieza y termina en el rechazo a la figura del titular del juzgado criminal y correccional federal número cuatro.

Manuel García Mansilla y Ariel Lijo, los candidatos de Javier Milei a jueces de la Corte Suprema de Justicia.

Colegas del edificio de Retiro o futuros compañeros en el máximo tribunal –si el candidato pasa la prueba del Senado– pasibles de cuestionamientos tan o más graves que los que atañen a Lijo no sólo son exceptuados de un cúmulo inusitado y repetitivo de notas en el diario La Nación, solicitadas en el mismo medio firmadas por sus accionistas, indignación del bloque de la Coalición Cívica, intrusiones de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense y alertas desgarradoras del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, sino que son celebrados como juristas.

No es que falten motivos para objetar la candidatura de Lijo para la Corte Suprema y su permanencia como magistrado de primera instancia. De hecho, sobran: desde el llamativo enriquecimiento de su hermano, Alfredo, el sospechoso cajoneo de causas como presunta prenda de negociación y un sinfín de relaciones impropias de un magistrado.

Pero las razones para apuntarle a Lijo no encuentran un eco similar que afecte al juez supremo que toleró un desfalco monumental en la obra social del Poder Judicial, su colega, presidente de la Corte, cuya mano derecha arreglaba estrategias con el entorno de Horacio Rodríguez Larreta, los magistrados de Casación que visitaban a Mauricio Macri en Olivos y Casa Rosada antes de emitir fallos, el fiscal que se tentó con plantarle droga al ex de su actual pareja y un etcétera infinito.

El propio García Mansilla, doctorado en la facultad de la Universidad Austral de la que es decano, ofrece flancos para una crítica con mínimos principios republicanos, como su defensa a aquella histórica designación por decreto de Macri de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti en la Corte Suprema en 2015, pero la centralidad de Lijo lo saca del radar.

La voz citada evalúa que la principal fortaleza de Lijo es, a la vez, su debilidad. “Arregla con todos, pero no termina de arreglar con nadie. Por eso lo banca parte del peronismo, la UCR, (Daniel) Angelici. Es muy del estilo de (Ricardo) Lorenzetti, quizás hasta más pillo. El problema de sus enemigos es que le pidieron todo, no se los dio y le sacaron tarjeta roja”.

Nuevos desmanes en la causa Cuadernos

Esta semana, una sala de Cámara del fuero criminal y correccional federal expuso con nitidez el círculo vicioso. Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens dispusieron la falta de mérito del expolicía Jorge Bacigalupo, procesado en diciembre pasado por la presunta introducción de enmiendas en los denominados “cuadernos de la corrupción”, el caso destapado en agosto de 2018 por el diario La Nación que daría cuenta de sobornos sistemáticos de empresarios a funcionarios encargados de la obra pública durante los Gobiernos de los Kirchner.

Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens dispusieron la falta de mérito del expolicía Jorge Bacigalupo

Uno de los apuntados en la causa, Armando Loson, accionista del grupo de generación eléctrica Albanesi-GEMSA, cuestionó la prueba principal del caso, los cuadernos aportados por Oscar Centeno, chofer del ex subsecretario de Coordinación y Gestión del Ministerio de Planificación Roberto Baratta.

Loson puso el foco en los cuadernos que primero fueron entregados a un periodista de La Nación, luego incendiados en una parrilla, más tarde transformados en fotocopias y, finalmente, reaparecidos parcialmente desde las cenizas. La defensa del empresario impulsó peritajes oficiales sobre la caligrafía que confirmaron tachaduras y enmiendas con liquid paper, y un estilo de escritura que no correspondió al modo fragmentario que debería haber sido utilizado por Centeno en el momento de anotar las presuntas coimas.

El chofer arrepentido —exagente del Ejército— tenía un amigo al que le dio los cuadernos a resguardo, Bacigalupo, quien, atacado por una voluntad de redención republicana —según narró La Nación— decidió hacer pública esa bitácora explosiva. En las pruebas periciales, este expolicía resultó ser autor de algunas de las enmiendas.

Vale todo

Como la instrucción de la causa Cuadernos corrió a cargo del juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, se habilitó un vale todo propio del currículum de ambos magistrados: reparto de “sortijas” para arrepentidos, arrestos por largos períodos como castigo y sumisión acrítica de argumentos inverosímiles en otros.

La causa por la presunta falsificación de los cuadernos quedó a cargo de otro juez de Comodoro Py, Marcelo Martínez de Giorgi, quien esta vez decidió actuar y decretó el procesamiento de Bacigalupo en diciembre pasado.

Sus superiores de la Cámara Federal Bruglia, Bertuzzi y Llorens revirtieron esa decisión esta semana con argumentos que van desde que los peritajes se hicieron sobre fotocopias y fotografías, y, dado que reaparecieron algunos originales, hubiera sido más asertivo hacer los estudios sobre ellos; algún margen de duda sobre las conclusiones de los peritos y la necesidad de que la validez de la prueba sea tratada en el marco del juicio a ser llevado a cabo por el Tribunal Oral Federal número 7 (TOF 7).

El dato evidente para cualquier ser humano es que una megacausa originada en ocho cuadernos manuscritos, lo primero que debe dejar en claro es la validez de la prueba: que quien dice ser el autor de la bitácora que anotó durante años, día por día, montos exactos de las coimas pagadas por empresarios en un sinfín de oficinas de Buenos Aires, efectivamente lo sea, y que los textos hayan sido escritos en tiempo real y no producto de una reconstrucción. Seis años después de la revelación de La Nación, dudas tan elementales permanecen en un limbo.

Ante esa debilidad, Stornelli y Bonadio argumentaron que los cuadernos perdieron centralidad ante las confesiones de los arrepentidos. Sería debatible si esos arrepentimientos no fueran objetivo de denuncias verosímiles de ilegalidades, si el fiscal Stornelli no hubiera coordinado acciones con el extorsionador-cazador de arrepentidos y habitué del programa de Alejandro Fantino Marcelo D’Alessio, y si las diferentes instancias de Comodoro Py no hubieran sido tan crédulas como para dar por válidas las explicaciones de Angelo Calcaterra —primo de Macri— y Paolo Rocca. El primero —uno de los principales contratistas del Estado durante los Gobiernos de los Kirchner— adujo que no pagó coimas, sino que hizo aportes de campaña, mientras que el principal accionista del Grupo Techint argumentó que sobornó para proteger a ejecutivos de una filial en Venezuela, Sidor, que había sido estatizada por Hugo Chávez.

Debilidad premeditada

Los tironeos sobre la validez de la prueba y los arrepentidos podrían ser tomados como ardides previsibles de las defensas, y correspondería a diferentes instancias de los tribunales examinar las garantías del proceso.

Comodoro Py alberga a unos cuantos millonarios, jugadores de paddle en Olivos y fútbol en los Abrojos, acomodadores de toda su familia en el organigrama estatal, etcétera, pero pocos jueces se encuentran en un grado de debilidad tal como Bruglia y Bertuzzi, que junto a Llorens echaron por tierra el intento de dilucidar la validez de los cuadernos antes del inicio del juicio oral.

De acuerdo a un fallo de la Corte Suprema, Bruglia y Bertuzzi no deberían ocupar las sillas de jueces de la Cámara Federal, porque fueron trasladados a ese puesto sin concurso por el Gobierno de Macri. Pero el máximo tribunal, especializado en decisiones que aportan confusión, determinó que podrían seguir siendo camaristas por fuera de las vías establecidas en la Constitución hasta que sean designados sus reemplazantes por el método legal. En la Argentina del empate paralizante en el Consejo de la Magistratura, esa designación podría ocurrir luego de que esos jueces se jubilen.

El tercer integrante de la sala de Cámara que salvó a Bacigalupo, Llorens, fue nombrado en 2018 con acuerdo de las facciones de la mesa judicial del Macri y el impulso particular de Daniel Angelici y la ex AFI Silvia Majdalani.

“La independencia es algo que se construye todos los días. De ninguna manera este apoyo me va acondicionar”, prometió al asumir.

Llorens seguramente no se habrá sentido condicionado, al igual que sus colegas Bruglia y Bertuzzi, por lo que habrá que entender que sus decisiones, infaliblemente en línea con los deseos de aquella mesa judicial, con grado cero de error, fueron producto de la convicción.

Un hilo de decisiones extrañas

El 8 de enero de 2018, Bacigalupo, presa de la indignación ética, entregó los ocho cuadernos que le había confiado Centeno a un periodista de La Nación. El expolicía, remisero como su amigo, se vio motorizado ante el temor de que “los K van a volver si no se los para”.

Ese material sustancioso pudo haber sido barajado minuciosamente, como una entrega por capítulos, con el horizonte de pisar sobre seguro y sin quedar atrapado en maniobras de funcionarios judiciales tan polémicos como Stornelli y Bonadio. Un par de relatos de entregas de coimas de empresarios a Julio de Vido y su gente, investigados a fondo, habrían alcanzado una repercusión periodística de alto impacto y abierto el camino para avanzar con el resto. Eso sí: había que dilucidar en simultáneo quiénes eran y qué buscaban Bacigalupo y Centeno.

La Nación eligió otro camino. El periodista Diego Cabot contactó al fiscal Stornelli y juntos coordinaron con Bacigalupo la fecha de la declaración judicial, coordinada con la detención de Centeno. Fue el 31 de julio de 2018.

Al día siguiente, el diario de los Saguier disparó una primicia que, como describió Daniel Hadad, fue “un hallazgo periodístico de esos que se dan cada veinte años”. Con una salvedad. El medio que obtuvo los cuadernos se privó durante varios días de informar que Héctor Zavaleta, un ejecutivo de Techint, había recibido nueve veces a Baratta en el edificio de Della Paolera 200, en Retiro, para presuntamente entregarle bolsos con coimas. Según anotó Centeno, desde allí, las sumas fueron trasladadas a Uruguay 1306, dirección de los Kirchner en la Capital Federal, donde serían recibidas por el secretario personal Daniel Muñoz, fallecido en 2016 en condición de millonario.

Un detalle que La Nación perdió entre las 477 carillas de las fotocopias de los cuadernos.

En esa instancia, la entrega de los originales era crucial para la causa. Centeno ya había declarado como arrepentido a cambio de beneficios como la libertad y generosos medios de vida, pero la prueba no aparecía. Stornelli se volcó a un raid de allanamientos por domicilios del exsargento en Olivos y Bella Vista, y recién entonces, cuando el fiscal apareció frente a las cámaras con las manos vacías en su día de mayor fulgor, el chofer confesó que los había incendiado en una parrilla.

Para la ley argentina, el arrepentimiento es inválido si hay voluntad de engaño o entrega parcial de la información. Fue lo que ocurrió. Que seis de los ocho cuadernos hayan reaparecido justo antes de las elecciones presidenciales de 2019 es un detalle menor que no merece mayor atención de los tribunales de Comodoro Py.    

Con todos los vicios a cuestas, la causa Cuadernos, que podría iluminar un sistema de corrupción masivo, debería llegar al juicio oral, habilitada por el fallecido Bonadio en 2019.

Que seis de los ocho cuadernos hayan reaparecido justo antes de las elecciones presidenciales de 2019, es un detalle menor que no merece mayor atención de los tribunales de Comodoro Py

Uno de los tres jueces del TOF 7 que llevará a cabo el juicio es Germán Castelli, cuya situación en el puesto es similar a la de Bruglia y Bertuzzi: fue trasladado a dedo por el Gobierno de Macri desde un tribunal oral de San Martín a la jurisdicción de Capital Federal.

Las esperanzas de apuntalar un proceso limpio podrían estar depositadas en la fiscal de la instancia oral, Fabiana León.

Ocurre que la funcionaria, defensora de la tesis de que “a Nisman lo mataron”, se opuso de todas las formas posibles a la realización de peritajes sobre la multiautoría de los cuadernos.

Su pasado en redes sociales la muestra como una activista poco prudente, afecta a expresar su posición política con desmesura.

Regrese al punto de partida.