“Escuché a Kristalina Georgieva (directora del FMI) decir que puede haber una gran crisis alimentaria y llamar a los gobiernos a tomar medidas para evitar que eso genere los problemas sociales que obviamente trae. Así que está muy bien que el Gobierno tome medidas. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires vamos a apoyar todo lo que podamos y todo lo que falte lo vamos a pedir también, porque acá con el conurbano y también con el interior no da más la situación social”, dijo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el 5 de abril, en un tiro por elevación al ministro de Economía, Martín Guzmán, firmante (junto al titular del Banco Central, Miguel Pesce) del acuerdo con el Fondo.

Una semana después, el martes último, Kicillof insistió con una implícita pero clara crítica a la política económica de Guzmán. “Vamos a acompañar en lo que podamos. A mí me tocó con Cristina ser ministro de Economía y trabajar para alinear las variables básicas de forma tal que los consumos de los sectores bajos y medios se sostuvieran y no se vieran deteriorados”, dijo, en un acto en el que también participó el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, otro que viene esmerilando la figura del ministro.

Además de ratificar su pertenencia al kirchnerismo, socio mayor de la hoy en crisis coalición oficialista, Kicillof abrió así el paraguas contra el recorte, que Guzmán prometió al FMI, de los fondos “discrecionales” que Nación envía a las provincias, la poda de los subsidios energéticos, de los que su distrito es el principal beneficiario, y otro punto del acuerdo, que Guzmán asumió como meta “estructural”, una rigurosa auditoría de los “gastos Covid” de Buenos Aires y otras provincias, con identificación y publicación de contratos y beneficiarios, algo a completar a más tardar en marzo 2023 pero implica iniciar tareas de inmediato.

En el primer trimestre de 2022 la provincia de Buenos Aires recibió $29.259 millones de “asistencia financiera” de la Nación, el 84,8% del total, esto es 457% más que el conjunto de los 23 distrito restantes

Para el gobernador Kicillof hay allí demasiado en juego. En el primer trimestre de 2022 su distrito recibió $47.608 millones, 40,7% de los “fondos discrecionales” de la Nación a todos los distritos del país, precisa un informe de la consultora Aerarium. El principal ítem de esos fondos “no automáticos”, que corren por fuera del sistema de coparticipación y se distribuyen con criterio “político”, fue el de “asistencia financiera”, por el que Buenos Aires se hizo de $29.259 millones, 84,8% del total. Puesto de otro modo: en el primer trimestre 2022 Kicillof recibió por ese concepto 457% más que el resto de los jefes de distrito sumados.

Recursos adicionales

Además, su gestión recibió otros “puchitos” de la Nación: $7.454 millones del “Fondo de Incentivo Docente” (Fonid) y otras partidas del ministerio de Educación, $5.417 millones en “subsidios a Hospitales” del Ministerio de Salud, $3.208 millones de la Anses para cubrir el déficit de la caja previsional provincial, $1.000 millones de ATN del Ministerio del Interior, y $1.205 millones en obras de Vialidad y el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), cuyo activo subadministrador, Néstor Álvarez, es consejero y congresal del PJ Bonaerense que encabeza Máximo Kirchner. Además de un “resto” de $64 millones

En el primer trimestre, precisa un trabajo de Marcelo Capello y Jonás Alvarado, economistas del Ieral de la Fundación Mediterránea, para el conjunto de las provincias el envío de fondos “discrecionales” cayó un 5,8%, con casos extremos como el de San Juan, donde la caída superó el 76%. Las únicas provincias que recibieron más fondos “discrecionales” en términos reales (esto es, descontada la inflación) que en igual período de 2021 fueron Tierra del Fuego, Corrientes y Buenos Aires, con variaciones muy fuertes, y mucho menos Tucumán.

Iuminadas por el fuego y la varita

El caso fueguino se debería a los fondos para la ampliación de la planta potabilizadora “Malvinas Argentinas” en Ushuaia, que en agosto de 2021, antes de las PASO legislativas, Álvarez había acordado con el gobernador fueguino, Gustavo Melella. El de Corrientes, por los incendios que asolaron la provincia y forzaron el tardío auxilio de Nación. ¿Y el de Buenos Aires? Ahí juegan una clara preferencia política y la advertencia de Kicillof de que la situación social “no da para más”.

“Kicillof está preocupado por lo que pueda ocurrir con los envíos de fondos nacionales a su jurisdicción, porque el Acuerdo con el FMI prevé que en 2022 las transferencias discrecionales a provincias disminuyan en términos reales y porque en la interna oficialista está alineado con Cristina Fernández Kirchner y el que decide las transferencias se supone que es el presidente Alberto Fernández”, dijo Capello a Infobae. “Se debe recordar -agregó el vicepresidente del Ieral, que ahora preside Carlos Melconian- que Buenos Aires recibe 20% de las transferencias automáticas, vía coparticipación de impuestos, pero compensa en las discrecionales, que son las que ahora se ponen en duda”.

En efecto, en el punto 15 del “Memorando de Políticas Económicas y Financieras” que firmó con el FMI y en el que promete “reorientar el gasto a la inversión pública” y “focalizar mejor los subsidios a la energía”, Guzmán dice que “a fin de liberar recursos para las prioridades clave … tomaremos acciones para limitar las transferencias discrecionales a provincias y empresas estatales” y “gestionar el gasto en remuneraciones del sector público”.

En el punto siguiente del Memo, el ministro precisa que ya acordó “con 21 gobiernos provinciales” un nuevo “Consenso Fiscal” para que las provincias se esfuercen más en captar ingresos propios y reducir sus déficits y niveles de deuda, sobre lo que deberán reportar informes trimestrales.

Según Capello, si se miran los datos del primer trimestre, “Kicillof no debería preocuparse: las transferencias discrecionales a PBA subieron 43% en términos reales, solo detrás del aumento observado para Tierra del Fuego y Corrientes”. Sin embargo, agregó, “la tendencia puede cambiar en los próximos meses, al calor de la interna oficialista y los compromisos con el FMI. Además, comenzarán a impactar las subas de las tarifas de energía y es conocido que el AMBA es el área del país más beneficiada por los subsidios en energía y transporte”.

El trabajo de Capello y Alvarado analiza la evolución de la relación entre transferencias a provincias y recursos tributarios nacionales entre 2004 y el primer trimestre de este año. En ese período, precisa, la parte que se quedó la Nación estuvo siempre entre 60 y 70% del total, con un máximo de 70,2% en 2012 y un mínimo de 60,4% en 2005.

Luego, entre 2005 y 2008 las provincias perdieron 10 puntos en la distribución, debido a la suba de tributos no coparticipados, como las retenciones. Entre 2008 y 2015 la participación nacional se mantuvo entre 68 y 70% del total, y entre 2015 y 2020 cayó debido a la devolución del 15% de coparticipación a provincias iniciada a partir del gobierno de Mauricio Macri.

El mínimo de participación nacional (el máximo de las provincias) fue en 2020, precisan los autores, pero ese año, el primero de la pandemia y más estricto de cuarentena, la Nación contó con una altísima asistencia del BCRA a través de la emisión monetaria y se benefició del no computado “impuesto inflacionario”. El año pasado volvió a crecer la participación nacional, por el Impuesto a la Riqueza (no coparticipado) y el mayor peso de las retenciones, y en el primer trimestre de 2022, la porción que retuvo el sector público nacional ya fue 68% del total, casi igual a la de los años cristinistas.

He ahí otra constatación del informe de Capello y Alvarado: los años de gobierno de Cristina Kirchner fueron los de menor participación de las provincias en el reparto de los “recursos tributarios nacionales” y, más paradójicamente aún, aquellos en que la provincia de Buenos Aires fue más castigada en el reparto, aunque fue siempre, por población y peso económico, fue la jurisdicción con mayor participación, 6,0% en el primer mandato de Cristina Fernández, hasta 8,3% en lo que va de la gestión albertista.

También en transferencias discrecionales, Buenos Aires fue siempre la provincia de mayor participación, pero con enormes diferencias. Pasó de un mínimo de 17% bajo la gestión de Cristina Kirchner a más del doble, 35,8%, en la de Macri, y volvió a aumentar, a 40,7%, con Alberto Fernández.

Además de defender su “parte del león”, Kicillof, como los demás gobernadores, tiene deberes que hacer y cuentas que rendir del “gasto Covid”. El punto 30 del “Memo” que firmó Guzmán dice: “Aseguraremos la transparencia del gasto COVID para fortalecer aún más la gobernanza”.

El ministro se comprometió a publicar antes de fin de 2022 “información sobre los beneficiarios finales de las empresas a las cuales la administración pública nacional adjudicó contratos relacionados con la Covid”. Y en otro pasaje prometió: “Paralelamente, trabajaremos para alcanzar un acuerdo para establecer un sistema de consolidación de la información sobre los beneficiarios finales en todas las provincias, con miras a publicar información sobre las empresas a las cuales las provincias adjudicaron contratos relacionados con la Covid para fines de marzo de 2023″.

Son demasiadas razones como para que Kicillof no esté inquieto.