En una reunión junto a vecinos en la localidad de la zona norte, funcionarios provinciales expresaron la voluntad permanente de la gobernadora Alicia Kirchner de concluir una obra indispensable, siendo necesario solamente la autorización del ENOHSA, dada la judicialización que hizo esta empresa.

Por la tarde, el ministro de Economía Finanzas e Infraestructura, Ignacio Perincioli; la ministra de Salud y Ambiente, Rocío García; el secretario de Gobierno e Interior, Martín Chávez y el gerente de Servicios Públicos Sociedad del Estado en Caleta Olivia, Juan José Naves, se reunieron con representantes de juntas vecinales de la localidad de la zona norte para explicar el compromiso asumido por el Estado santacruceño, el que le fuera expresado oportunamente al intendente Facundo Prades  y la situación judicial a partir de la presentación días atrás de un amparo que solicitaba el traspaso de la obra para finalizarla con fondos propios.

La semana pasada la Fiscalía de Estado de Santa Cruz  inició una acción de amparo ante el Juzgado Federal de Caleta Olivia, a fin de solicitar que se ordene al ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento) que se transfiera a la provincia la obra de la Planta de Ósmosis Inversa de la localidad.

El requerimiento realizado tenía como finalidad que la Planta fuese concluida de forma inmediata con fondos propios de la provincia y de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE); para de esta manera poder proveer de agua potable a las localidades de Caleta Olivia y Cañadón Seco.

Sin embargo, la jueza a cargo resolvió rechazar el amparo, con argumentos que al entender de la Fiscalía son “contradictorios y erróneos” ya que considera que no se están vulnerando derechos constitucionales, omitiendo en este sentido considerar que lo que desde el estado Provincial se procura, es resguardar el derecho humano de acceso al agua potable que tienen los santacruceños de la zona norte.

Según explicaron los funcionarios provinciales, al rechazar el amparo se  desconoce la situación de emergencia hídrica que vive la localidad de Caleta Olivia y se pasan por alto los fundamentos expuestos por la Fiscalía de Estado al solicitar la medida judicial.

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Mientras que la magistrada refiere en su sentencia que la provincia de Santa Cruz habría solicitado la inconstitucionalidad de las normas o actos de otros poderes, lo cierto es que lo que se solicitó en el amparo es que ante la grave situación que atraviesa la localidad diariamente respecto del suministro de agua potable, se le permita con fondos propios culminar la obra que se encuentra frenada desde diciembre de 2015 y a la cual solo le resta un 15% para su finalización.

El pedido de la provincia, basado en el derecho humano al acceso al agua potable de los vecinos de la zona norte, no significaría ningún tipo de erogación o perjuicio económico para el ENHOSA o para el Estado Nacional, ya que el compromiso asumido por la provincia es el de aportar los fondos necesarios para llevar adelante la culminación de la obra.

Los funcionarios provinciales, explicaron a los vecinos que desde la Fiscalía de Estado se apelará la resolución y se agotarán todas las instancias necesarias para intentar dar una solución a la problemática del agua que afrontan desde hace varios años las localidades de Caleta Olivia y Cañadón Seco.