La investigación por la compra con sobreprecios de 171% de trenes rotos y obsoletos a España y Portugal es la historia de una causa que murió y resucitó casi milagrosamente con la colaboración menos pensada de un ministro de Cristina Kirchner y de la Auditoría General de la Nación.

En 2009, el juez Norberto Oyarbide investigaba a Jaime por enriquecimiento ilícito. Espoleado por el fiscal Carlos Rívolo, allanó las oficinas de Manuel Vázquez, jefe de asesores del ex secretario de Transporte en Retiro, junto al Sofitel. Se encontró con 11 computadoras y sus archivos borrados, pero se pudieron recuperar 26.000 mails que revelaron todo tipo de delitos de corrupción en el gobierno kirchnerista y sirvieron para abrir una decena de investigaciones contra Jaime y Vázquez.

Los correos eran explícitos. Se hablaba de comisiones infladas, "regalos para los nuestros", "dinero para la banda" operaciones de todo tipo, entre trenes de alta velocidad, compra de aviones Embraer, el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, el terraplén de la laguna La Picasa y fotos del avión privado comprado y usado por Jaime como propio.

Había cruces de mails entre Vázquez y los españoles, en los que se repartían el dinero de los contratos por la compra de trenes usados. El 27 de febrero de 2006, desde la PC de Vázquez se remitió un correo a Miguel Ángel Llorente, socio de Vázquez en España a través de una de las sociedades que conformaban el sistema de intermediación: Controles y Auditorías Especiales. Se detallaban las cifras que se debían liquidar por la compra de material rodante usado a España.

"Querido Miguel Ángel, te envío las cifras que se acordaron oportunamente", empieza el documento. El detalle de los conceptos de facturación, que abarca pagos a la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (Renfe) y a Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE), entre otros, suma 32,6 millones de euros.

Luego Vázquez detalla cómo se dividirán los millones. "Para Renfe 13.546.927,44 (es superior a lo real pues yo lo inflé oportunamente)", empieza el detalle. Y continúa: "2.624.351,61 euros para FEVE [...] y 3.536.832 de euros para la BANDA (sic)". ¿Quién es la BANDA, así con mayúscula? No se aclara, pero se queda con el 10,8% de la operación.

Pero todo este tesoro probatorio desapareció y la causa por los trenes murió junto con las otras. La Sala I de la Cámara Federal y el juez Oyarbide anularon esos mails como prueba. Dijeron que no podía descartarse que se hubiera violado la cadena de custodia de las computadoras y que esos materiales se hubieran introducido en las máquinas.

El rayo mató de un golpe la prueba clave que revelaba la matriz de corrupción kirchnerista en media docena de expedientes.

En la causa por la compra de trenes ya se había pedido informes a España vía exhorto diplomático y los habían respondido. Pero con la nulidad, se corría el riesgo de que las respuestas de España -que le confirmaban la operatoria- también fueran declaradas nulas.

En el ínterin, la actuación de la Audtoría General de la Nación permitió en 2013 resucitar la investigación. Leandro Despouy y Alejandro Nieva presentaron otra denuncia con las conclusiones de los auditores que probaban el fraude. El juez Ercolini vio resucitar su expediente y el fiscal Federico Delgado la impulsó. La AGN concluyó que hubo sobreprecios de hasta un 171% en la compra de vagones y locomotoras usados. Y el 44% de ese material está arrumbado y en desuso.

Ercolini pidió en otro exhorto que le enviaran de nuevo las respuestas a las preguntas. El gobierno español tardó un año y medio en responder. Tenía congelado el exhorto.

Fue clave en darle nueva vida al pedido de ayuda internacional la intervención del entonces ministro Florencio Randazzo, quien intercedió ante las autoridades españolas para que respondieran el pedido.

Las respuestas demoraron, hasta que a fines de 2015, Ercolini logró completar la prueba que le faltaba para detener y llamar a indagatoria a Jaime y a Vázquez por la millonaria compra de locomotoras viejas destinadas a modernizar los trenes argentinos, hoy arrumbadas.