“Creemos que esto es una cuestión política y de salud pública. Se tienen que tomar las medidas necesarias para proteger y custodiar la salud de los catamarqueños”, dijo el abogado del gremio, Iván Sarquis, y aclaró que desde el sindicato tienen miedo de ser perseguidos por su actividad.
Esta mañana, el abogado del Sindicato de los empleados de OSEP (SEOSEP) Iván Sarquis, hizo declaraciones a EL ANCASTI en el marco de una denuncia penal que desde el sindicato están realizando en la Fiscalía General para que se comience a investigar el caso de los medicamentos oncológicos y para trasplante descartados por OSEP que se descubrió la semana pasada.
“En el día de hoy, la secretaria general del sindicato, Luz Rondán, y la adjunta, están llevando adelante una denuncia penal contra autores desconocidos por el encuentro del descarte de esta gran cantidad de medicamentos oncológicos y para transplante. Están radicando la denuncia en la fiscalía general mientras le solicitan al fiscal interviniente que investigue el hecho”, comenzó diciendo Sarquis. Si bien el abogado no quiso aventurarse en la figura penal en la cual se encuadraría el caso, consideró que al menos existe una mala praxis administrativa, aclarando su desconocimiento sobre si existe un delito penal o no. Sin embargo, rescató el hecho de haberse al menos, con estas acciones, activado el mecanismo administrativo para la investigación del caso. “El Ministerio de salud ya ha intimado a la obra Social para que informe sobre el destino de los medicamentos y la causa por la cual están para descarte”, dijo.
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Además, Sarquis informó que aparte de esta denuncia por el hallazgo de los medicamentos, Luz Rondán (secretaria general) junto a la adjunta, están pidiendo al fiscal interviniente que tome conocimiento sobre el miedo que sentirían en el ejercicio de su actividad sindical, todo ello en virtud de comentarios que estarían surgiendo dentro del sindicato y que habrían puesto también en alerta al sindicato de ATE, ya que quieren evitar “cualquier tipo de persecución”.
El abogado de SEOSEP también consideró que el hallazgo de los medicamentos “da muestra de una actitud que de base es contradictoria a la administración de las arcas del estado, teniendo en cuenta que la obra social recibe asistencia del Estado por 25 millones de pesos mensuales, y que si esta práctica de descarte es habitual, se estarían tirando alrededor de 15 millones de pesos en medicamentos al año. A esto se le suma (dijo Sarquis), el agravante de que siempre hay casos de personas reclamando sus medicamentos oncológicos de los que la prensa está siempre haciéndose eco. Creemos que al menos es una situación digna de investigar”, finalizó.
Consultado por la posibilidad de un pedido de alejamiento del titular de la obra social, Sarquis aclaró que desde ATE, el secretario general ha dicho en muchas oportunidades que están esperando que el gobierno tome medidas al respecto, atento a que 1 de cada 4 catamarqueños tiene la obra social de los empleados públicos. “Creemos que esto es una cuestión política y de salud pública. Se tienen que tomar las medidas necesarias para proteger y custodiar la salud de los catamarqueños”, dijo por último.
También los diputados del FCS
Legisladores de los bloques del FCS Cambiando juntos y Vamos Juntos; Humberto Valdez, Maria Alejandra Pons, Genaro Contreras, Luis Lobovergara, Marita Colombo, Víctor Luna, Yjuana Elizabeth Fernandez, Ruben Manzi y Antonio Marsilli, se sumaron a las acciones contra la obra social de los empleados públicos y radicaron una denuncia penal contra el titular de OSEP, Julio Cabur "y/o cualquier otro coautor y/o instigador y/o cómplice que surja como resultado de la instrucción,en torno al grave hecho que tomó notoriedad a través de medios periodísticos con respecto al descubrimiento de gran cantidad de medicamentos vencidos descartados y tirados en la basura, pertenecientes a la farmacia del organismo, y, asimismo, con relación a la incertidumbre que genera la administración de tan costosos elementos que se dejaron caducar en manifiesto y evidente perjuicio no tan solo de los afiliados que necesitan de esas drogas sino también en menoscabo del patrimonio público de esa entidad la cual se mantiene con el aporte de todos los empleados públicos de la provincia", tal como dice el documento presentado ante el fiscal de instrucción.
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