Tras su exposición, el radical Néstor Müller pidió la palabra y, al mismo tiempo, presentó una moción de orden que fue avalada por el presidente de su bloque, Atilio Magnasco. De esa forma, se garantizó que tras su respuesta a las críticas del kirchnerismo no hubiese nuevas réplicas. Es decir, se aseguró la última palabra, el cierre del debate.

Así, Juan Pablo Frolik pasó al siguiente asunto, el proyecto para regular el funcionamiento del Sistema Integrado de Protección Ciudadana (de las cámaras de seguridad) presentado por el Frente Renovador. Entonces, mientras la concejal Mercedes Fuente intentaba hacer uso de la palabra, sonaban las quejas desde las bancas del FPV. “Antidemocráticos”, “¿qué están escondiendo?”, “un papelón”, se escuchaba cada vez más fuerte.

En un clima irascible, el presidente del Legislativo propuso un cuarto intermedio y los intercambios siguieron en el recinto, pero además hubo fuertes cruces en el balcón que da al contrafrente de la Municipalidad.

Al regreso de los 19 concejales que sesionaron –Rogelio Iparraguirre se encontraba de viaje-, entre el tratamiento del proyecto de seguridad se mezclaron los coletazos de la estrategia para cerrar la discusión sobre CAMI.

“Muy lamentable”

La lectura más picante y crítica acerca de la movida radical la hizo Beatriz Fernández, del Frente Renovador, a pesar de que su bloque acompañó el convenio con el Círculo Médico.

En principio, defendió el trabajo en las comisiones “donde se debate”, aunque dejó asentado que “no coincido en que se corte la libre expresión en un recinto parlamentario”, cuando su nombre deriva de parlar y significa dialogar.

“No me gusta la utilización en forma autoritaria de los reglamentos internos para ordenar”, sostuvo y subrayó que hubiese correspondido declarar libre el debate porque “nadie quiere tener la última palabra”. Además, llamó a respetar el trabajo del otro, a los pares y sus expresiones.

En este sentido, expresó que en las comisiones no se redactan las actas, entonces sólo en el recinto quedan registradas (con las posteriores desgrabaciones que constan en las actas) las posturas de los distintos espacios políticos. Para rematar, calificó como “muy lamentable” que se corte el debate.

“Autoritarismo simplista”

En tanto, Pablo Bossio lanzó duras acusaciones al radicalismo, al denunciar que estaba defendiendo un proyecto que salvó a una empresa fundada por el intendente Miguel Lunghi.

“Se puede ser absolutamente reglamentarista”, pero “pido a los concejales que no caigamos en autoritarismos simplistas”, lanzó Bossio y en un tono de voz cada vez más elevado, comenzó a dar la visión de su espacio político sobre el convenio por CAMI Emergencias.

Sostuvo que el convenio rubricado entre el Círculo Médico, Usicom y el Municipio se solventa “con recursos de todos” y “no entendemos porqué el Municipio participa” teniendo en cuenta que la salud pública es “universal y gratuita”.

Por otro lado, cuestionó que no se evaluaron las consecuencias jurídicas que puede acarrearle a la comuna esta integración de servicios de emergencias y cuestionó el concepto de “complementación”, dando como ejemplo que el call center del 107 terminará atendiendo también los llamados de los asociados a CAMI.

Enojado por la chicana del radicalismo, Bossio vociferó que la finalidad del convenio es “salvaguardar una empresa fundada por el Intendente”, señaló que Usicom SA es una firma con fines de lucro y dejó constancia de que “estamos convalidando la privatización de nuestro servicio de emergencias de manera autoritaria. Están salvaguardando los intereses del Intendente”.

Argumentos cruzados

En el inicio del debate frustrado por CAMI Emergencias, Fernando Rossi reparó en la figura compleja del acuerdo entre actores públicos y privados y remarcó que al FPV no le quedan claros los motivos por los cuales el Municipio “decide rescatar a una empresa privada”.

Adelantó que su bloque prestó especial atención al proyecto debido a que se trata de un servicio esencial para la población y que el cierre de CAMI haría peligrar el área de emergentología.

Mencionó que la comuna aportará 120 mil pesos mensuales y que el Ejecutivo no explica “cómo van a convivir los servicios público y privado, con dos lógicas distintas, ya que uno “tiene asociados y busca la rentabilidad”.

Por otra parte, sostuvo que el análisis “se complejiza al comparar la calidad” del servicio que brindan el Hospital y CAMI, debido a que el privado sale con un médico en la ambulancia. La inquietud surge ante la definición de las prioridades, es decir, al resolver qué unidad responderá ante cada llamado y si tendrán en cuenta la cobertura del eventual paciente.

También subrayó que el contrato no establece el número de atenciones en la vía pública que CAMI deberá realizar a favor de la comuna como contraprestación y establece la posibilidad de una renovación infinita, pero no aclara plazos sobre el aporte económico municipal.

Otra de las inquietudes versó sobre los recursos adicionales que va a destinar el Municipio, por ejemplo, a partir de la creación de cargos destinados al gerenciamiento y tampoco se informó el nombre del asesor que representará la comuna.

La respuesta

El radical Néstor Müller tomó la posta y marcó que CAMI no busca rentabilidad porque es una asociación civil, aunque durante el resto de su alocución siempre la trató de “empresa”.

Sostuvo que la “convivencia” entre los dos servicios de emergencia es “un desafío” y citó al subsecretario de Salud, Daniel Binando, quien había descripto la forma en que va cambiando el call center del 107 para mejorar la atención.

El edil manifestó que el objetivo del contrato es “complementar al sistema público” y mandó al FPV a preguntarle a Miriam Iglesias, funcionaria de PAMI, qué pasará con los 20 mil jubilados tandilenses que reciben cobertura de CAMI si desapareciera el servicio.

Para cerrar definitivamente las alocuciones, negó que se firmara un salvataje a una empresa privada y defendió al lunghismo al señalar que no se difundió la identidad del coordinador de CAMI Emergencias por el Municipio debido a que aún no fue nombrado.

HUBO UNA MANIFESTACION DE LA CCC

Aprobaron por unanimidad la prohibición del fracking

En medio de una movilización de la Corriente Clasista Combativa (CCC), el Concejo Deliberante aprobó ayer dos proyectos tendientes a evitar la utilización del agua en la técnica de fracturación hidráulica –conocida como fracking- y en cualquier método o técnica que posibilite, permita o aumente la extracción de gas, petróleo del subsuelo y otros hidrocarburos no convencionales, hasta tanto se demuestre científicamente su inocuidad hacia el ambiente.

En tanto, avaló una resolución en la que exhorta a la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires “a que se abstenga de conceder permisos para la obtención de agua, por cualquier sistema de captación instalado o a instalarse en cursos o cuerpos superficiales o subterráneos, con la finalidad de ser usada en la técnica de “fracturación hidráulica” (fracking) y en cualquier método o técnica que posibilite, permita o aumente la extracción de gas, petróleo del subsuelo y otros hidrocarburos no convencionales, hasta tanto se demuestre científicamente su inocuidad hacia el ambiente”.

Además, le exige al organismo provincial la creación de un comité de la Cuenca Hídrica del Claromecó, integrado por un representante de cada municipio comprendido en el área geográfica en cuestión.

Con bombos y cánticos en contra de la presidenta Cristina Kirchner, los militantes de la CCC acompañaron la iniciativa del oficialismo y se vieron sorprendidos cuando el Frente para la Victoria adelantó que votaría a favor.

El FPV no acompañó el pedido de excepción para una agroquímica

El Frente para la Victoria rechazó ayer el pedido de habilitación provisoria solicitada por Bruno Perachi para instalar un depósito de productos fitosanitarios en colectora Juan Carlos Pugliese al 200.

Los concejales consideraron que esta autorización choca con la ordenanza sancionada el año pasado que establece un plazo para trasladar este tipo de depósitos a la zona rural.

El edil Eduardo Ferrer indicó que “es una contradicción” y cuestionó también que el edificio donde se instalará este depósito no cuenta con final de obra, por lo que no corresponde avanzar en la habilitación.

En tanto, desde el radicalismo señalaron que la autorización a esta empresa es provisoria, ya que tiene una fecha límite para trasladarse fuera de la zona urbana y que los gastos de una posterior mudanza correrán por cuenta del privado.