El bloque oficialista Tucumán Crece sostiene que hay varias razones para aprobar hoy el nuevo régimen de inembargabilidad de los fondos públicos, que establece el sistema de pago por condenas en juicios al Estado. Desterrar las “sospechas de discrecionalidad”, otorgar “mayor previsibilidad” a los litigantes y proteger los recursos presupuestados son algunas de las consignas expresadas por los autores del proyecto, Marcelo Caponio y Eduardo Cobos. Incluso, los parlamentarios afines a la Casa de Gobierno proponen la creación de un Registro Público de Sentencias Condenatorias.

Pero al menos un sector de la oposición considera que la iniciativa no contiene solamente aspectos positivos. “Tenemos al menos una decena de razones para rechazar el proyecto”, afirmó el legislador José María Canelada, presidente del bloque UCR y autor de un dictamen de minoría que se expresa en contra del texto oficialista.

El macrista Luis Brodersen expresó concretamente que ha detectado “varios puntos débiles” en el proyecto de Caponio y Cobos. “Por dar un ejemplo, entre los acreedores afectados están los Jubilados de la Plaza. Florinda Leguizamón se murió reclamando frente a la Casa de Gobierno el dinero que le correspondía y que jamás el Estado se dignó pagarle. La inembargabilidad de los fondos públicos de manera temporaria puede ser una herramienta útil, pero el abuso la convierte en inconstitucional”, afirmó el opositor.

El bloque Peronismo del Bicentenario, que representa al espacio político de Domingo Amaya y Germán Alfaro, también se sumaría a las objeciones a la iniciativa y propondría algunas modificaciones. De todas formas, en el oficialismo dan por hecho que los cuatro miembros de esa bancada, Stella Maris Córdoba (presidenta), Silvio Bellomío, Alfredo Toscano y Christian Rodríguez, apoyarán la propuesta en el recinto.

Más allá de que no se cumplan las expectativas del oficialismo, el bloque Tucumán Crece cuenta con los números para aprobar en soledad el texto, ya que tiene 31 de los 47 votos posibles.

En la Provincia rige hasta el 31 de diciembre de 2017 la Ley de Emergencia Económica, que establece en uno de sus párrafos la inembargabilidad de los fondos públicos. Según el oficialismo, el régimen propuesto le quitará poder de decisión a la Fiscalía de Estado y permitirá una mayor previsibilidad en los pagos en caso de sentencia. “La actual situación de cumplimiento de sentencias en los procesos judiciales en que el Estado provincial resulta condenado puede ser percibida como desordenada, lo cual genera descontento entre los particulares que litigan contra el Estado y una permanente sospecha de discrecionalidad en los pagos que debe ser desterrada”, dijeron Caponio y Cobos.

El macrista Brodersen afirma que, más allá de los cambios, “el ciudadano continúa en desventaja ante el Estado”. “Un plazo indefinido en el ‘blindaje’, como propone el oficialismo, fomenta la incompetencia, la discrecionalidad y corruptela. Sería mejor analizar la posibilidad de un proyecto de ley de responsabilidad patrimonial para los funcionarios de la Administración Pública. Eso evitaría que, en el futuro, se den casos como los de los túneles de la calle Marco Avellaneda”, indicó el opositor.

En el orden del día de la sesión de hoy, que comenzará a las 8.30, aparece también el proyecto de ley “Drogas Cero al volante”. La iniciativa, elaborada por el bussista Claudio Viña, establece controles vehiculares y sanciones para conductores que hayan consumido estupefacientes o medicamentos que aturdan.

Más allá de que sea aprobado, el sistema comenzará a ser aplicado una vez que la Provincia obtenga los instrumentos para efectuar los test de pupilas y de saliva, indicaron fuentes del oficialismo.