En un documento, los parlamentarios -del espacio que conduce el vicepresidente segundo de la Cámara, Ariel García- instaron a la conducción partidaria a solicitarle al titular del Plan Belgrano que pida licencia en ese cargo hasta tanto finalice la pesquisa. “Esto, para demostrar que el radicalismo nada tiene que ver con hechos de corrupción y que no ejercerá ninguna presión ante la Justicia, ya que se investiga a un funcionario del Gobierno nacional”, se lee en el texto de Valdez y de Albarracín, miembros de la Junta de Gobierno que conduce Julio César Herrera.

La causa comenzó a raíz de una información anónima recibida por el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien a la vez elevó una denuncia formal al respecto. Allí se menciona que una comitiva integrada por los canistas Alberto Darnay y Osvaldo Barreñada y por el empresario Octavio Accardi habría viajado a Corea del Sur para firmar convenios con compañías del país para que vendieran productos al PAMI. Según esa versión, habrían solicitado, a nombre del Plan Belgrano, una coima a los empresarios. El caso quedó en manos del juez Sergio Torres, quien delegó la pesquisa a Alejandra Mángano.

Tras conocerse la noticia, el Comité Nacional de la UCR expresó su respaldo a Cano y dijo que el funcionario demostró “su total desvinculación”. “Desde hace un tiempo se viene llevando una campaña de falsas denuncias a funcionarios nacionales y hasta al propio Presidente. La UCR es respetuosa del Poder Judicial, pero no vamos a dejar de señalar estas maniobras infundadas”, planteó el partido.